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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

¿Nueva Ley Electoral? Ya, ya...

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 23 de noviembre de 2009, 02:28 h (CET)
El sistema electoral español tiene 32 años de vida; un mozo hecho y derecho, por lo que a este, no hay ya quien lo cambie.

El Real Decreto Ley de 1977 tenía por objeto regular las primeras elecciones democráticas en España; se aplicó a las elecciones de 1979 pero también a las de 1982. Esa larga provisionalidad animó varias propuestas de reforma, no tan solo de algunos intelectuales sino también de ciertas élites políticas que consideraron que un sistema electoral distinto al que se estaba aplicando de forma provisional, podría mejorar el sistema de representación, la formación de gobierno y el mismo sistema de partidos políticos. Pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) del primer gobierno de Felipe González que sustituyó el Real Decreto de 1977 no aportó a penas modificaciones; el sistema les había proporcionado 201 diputados, la más amplia mayoría desde el franquismo y no era cosa de alterarlo.

Como tantas otras cosas, periódicamente han ido apareciendo propuestas, artículos o comentarios encaminados a propiciar una modificación de la ley electoral, pero no ha pasado, en el mejor de los casos, de invitaciones u ofrecimientos de expertos en la materia o de políticos individuales o partidos que se han sentido víctimas del actual sistema que los ha ignorado, arrinconado o postergado al ostracismo político.

Como dijo Giovanni Sartori en 1994, podemos estar seguros de que cualquier cambio por una reforma es siempre difícil. Una vez un acuerdo electoral está asentado, sus beneficiarios protegen sus intereses creados y tratan por todos los medios de seguir jugando el juego con las reglas que conocen. En todas partes los que pueden cambiar un sistema electoral miran discretamente a su alrededor en busca de modelos externos o solicitan sin convicción el consejo de expertos de su cuerda y al final adoptan el sistema que de acuerdo a su mentalidad perciben como lo mejor que les puede favorecer a sus intereses inmediatos.

Después de los últimos sucesos de imputación de tanto político y parapolítico en supuestos casos de corrupción, sean del partido que sean pero repartiéndose los 730 casos abiertos actualmente por la Fiscalía en proporción directa, prácticamente a la representación parlamentaria de cada uno, en Catalunya han decido los partidos crear la ponencia parlamentaria que va a redactar una nueva ley electoral, que deberá ser aprobada en los próximos meses.

Si no los conociéramos, hasta podríamos llegar a creer en su mejor intención de favorecer un sistema de representación más justo y democrático que limite el poder de los partidos en aras de una mayor transparencia, una mejor formación de gobierno y un mejor funcionamiento de los propios partidos políticos. Pero si echamos un vistazo al informe encargado según el acuerdo del Govern de 27 de marzo de 2007 a un grupo de expertos, las recomendaciones se circunscriben la forma física de votar: por correo, Internet, etc. La publicidad de los procesos por los que los partidos eligen a sus candidatos. Participación equilibrada de mujeres y hombres en cuanto a su número no en cuanto a su capacidad. Las 7 circunscripciones que corresponden a las Vegueries y no a las 4 provincias y diluir la representación de Barcelona aunque tenga las tres cuartas partes de la población de Catalunya. Y mantener la fórmula de Hondt con la barrera mínima del 3% por circunscripción.

En cuanto a la mayor proximidad de los electores a sus representantes, los expertos en su informe sugieren sustituir la lista cerrada por una lista abierta o “desbloqueada” que permita votar la lista entera o dar votos preferentes a algún candidato individual. Elección prioritaria de los candidatos que hayan obtenido un número de votos preferentes superior al 5% de los votos de la candidatura.

Vamos que de lo que se trata no es de listas abiertas sino de la posibilidad de que los electores varíen el orden de los nombres de la lista confeccionada por los propios partidos en cualquier caso.

Resulta muy decepcionante observar cómo para apaciguar el clamor popular por una mayor transparencia y democracia a la hora de elegir a los representantes de la soberanía popular, por los escándalos de corrupción que denuncian fallos estructurales en el sistema político del país, se haga el simulacro de redactar una nueva ley electoral, por mucho que el señor Josep Lluís Carod-Rovira, ya defenestrado de ERC por su correligionarios, afirme sin rubor que si hay corrupción es porque hay empresarios que la propician y la pagan, haciendo ver que no hay políticos con mando en plaza y fundamentalmente en urbanismo que piden dinero a los empresarios para “redistribuir” el beneficio de las promociones inmobiliarias.

Para mitigar tanta corrupción habría que instaurar un sistema de listas abiertas, votación a doble vuelta, limitación de mandatos y una administración pública más profesionalizada con funcionarios de carrera por oposición y menos políticos decidiendo sobre cuestiones que desconocen y tratando de embolsarse en la vida política lo que la vida civil les ha negado por propia incompetencia en la mayoría de los casos.

Sólo así se daría un paso en la dirección adecuada, pues la desafección política que empieza a incomodar a los políticos cuando han de dar la cara ante los electores por tanta malversación de la confianza en ellos depositada y tal vez volviera a subir el porcentaje de votantes, aunque se mantuvieran los votos en blanco.

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