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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

La negligencia de Obama

Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
miércoles, 18 de noviembre de 2009, 03:51 h (CET)
WASHINGTON – Lo que se denomina erróneamente “reforma sanitaria” tiene un aire de absurdo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos se enfrenta a enormes déficits presupuestarios gubernamentales que alcanzan cifras más allá del alcance de las calculadoras de bolsillo, impulsados sobre todo por el envejecimiento de la población y el descontrolado gasto sanitario. Recuperándose lentamente de una devastadora recesión, es ampliamente sostenido que aunque los déficits no deberían ser recortados de manera drástica (a riesgo de que la economía reanude su caída), una sociedad prudente se embarcaría en políticas a largo plazo encaminadas a controlar el gasto sanitario, reducir el gasto público y meter en cintura los masivos déficit futuros. La administración los sitúa en los 9 billones de dólares del ejercicio 2009 al 2010. El presidente y todos sus principales asesores económicos lanzan el mismo mensaje de cautela.

De manera que, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo diametralmente opuesto. Su reforma sustancial del sistema sanitario – que el Congreso está a medio camino de implantar -- agravará las cosas casi seguro. Creará nuevos derechos sociales médicos de la noche a la mañana que amenazan con provocar mayores déficits y que no servirán para contener el astronómico gasto sanitario. La desconexión entre lo que el Presidente Obama dice y lo que el Presidente Obama está haciendo es tan escandalosa que la mayoría de la gente no va a picar. El presidente, sus asesores y sus aliados no tendrán problemas. Pero reconciliar objetivos flagrantemente contradictorios les exige practicar el autoengaño voluntarista, la deshonestidad pública, o ambas cosas.

La campaña encaminada a aprobar el plan sanitario de Obama ha cobrado un falso revestimiento, aunque comprensible, de superioridad moral. Es comprensible porque casi todo el mundo cree que la gente que necesita desesperadamente atención médica debería recibirla; idealmente, todo el mundo tendría seguro médico. La búsqueda de estos objetivos dignos puede proyectarse con facilidad como un ejercicio encomiable en defensa del bien común.

Es falso por dos motivos. En primer lugar, el país tiene otros objetivos -- incluyendo la prevención de las crisis financieras futuras y la minimización de los efectos asfixiantes de los déficits elevados o de los elevados impuestos sobre la economía y los estadounidenses más jóvenes -- que "la reforma sanitaria" va a poner en peligro. Y en segundo, los beneficios que traerá "la reforma" están exagerados. Claro, muchos estadounidenses tendrán menos miedo a perder el seguro; pero hay formas más baratas de limitar la inseguridad. Mientras tanto, las mejoras en la situación sanitaria de la gente que hoy no tiene seguro van a ser modestas. Ellos ya tienen una atención médica considerable. La protección ayudará enormemente a algunos particulares, pero los estudios concluyen que, de media, los beneficios son moderados. A pesar de consumir más servicios médicos, la salud de la gente no mejora de manera automática.

La pretensión de superioridad moral se erosiona aún más ante todos los convenientes engaños utilizados para vender la agenda sanitaria de Obama. El presidente dice que no va a aprobar ninguna legislación que agrave el déficit. Una forma de lograr esto es sacar el gasto de la legislación. En suma: los médicos se quejan desde hace tiempo de que sus compensaciones dentro del programa Medicare son demasiado escasas; la solución para reemplazar la presente fórmula va a costar 210.000 millones de dólares pagaderos a lo largo de la próxima década, según estima la Oficina Presupuestaria del Congreso. Ese gasto estaba originalmente dentro de la legislación "de reforma sanitaria." Ahora se desplaza a otro proyecto de ley, pero dado que no hay recursos para financiarlo (impuestos más altos o recortes del gasto), el déficit crecerá.

Otra forma de disfrazar el gasto es contabilizar ahorros que, aunque existen sobre el papel, probablemente nunca lleguen a materializarse. En suma: El proyecto de la Cámara cosecha el mérito de reducir las compensaciones de Medicare de los hospitales y demás proveedores en 228.000 millones de dólares a lo largo de una década. Pero el Congreso ha prescrito con frecuencia recortes de la compensación que, bajo la presión de los asfixiados proveedores, más tarde ha rescindido. Las presunciones de "responsabilidad fiscal" de las propuestas sanitarias son reflejo de "premisas que son totalmente irreales a juzgar por la historia reciente," explica David Walker, el antiguo preboste general y hoy presidente de la Fundación Peter G. Peterson.

Igualmente engañosos, los principales asesores económicos de Obama afirman que las presentes propuestas reducirán el crecimiento del gasto público nacional total en salud. Los estudios independientes discrepan. Tres estudios (dos de la consultora Lewin Group encargados por la Fundación Peterson y uno realizado por Centers for Medicare & Medicaid Services, una agencia federal) concluyen que los diversos planes del Congreso (BEG ITAL)elevan(END ITAL) el gasto nacional en salud en comparación con la actual legislación. Los estudios sitúan de forma diversa el gasto extra, a lo largo de la próxima década, en 750.000 millones de dólares, 525.000 millones de dólares y 114.000 millones de dólares. El motivo: Un mayor uso del sistema sanitario por parte de los recién asegurados que va a desbordar las medidas de ahorro (“compensación agrupada,” “ investigación comparativa de la eficacia," "reforma del sistema civil de demandas por negligencia"), que son tibias o bien son experimentales.

Aunque estas estimaciones podrían equivocarse, son más plausibles que las explicaciones interesadas de la administración. Su plan sanitario no es "integral," como afirman Obama y el New York Times (en su sección informativa), porque descuida deliberadamente el control del gasto. Obama eligió poner el acento en la vía políticamente atractiva de ampliar las prestaciones en lugar de dedicarse primero a la tarea más urgente y difícil de controlar el gasto. Si las nuevas obligaciones de gasto agravan la crisis financiera o cualquier presupuesto futuro, la propuesta de Obama no puede calificarse de "reforma" como el presidente o el Washington Post (también en su sección informativa) la llaman. Un veredicto más plausible es: herida autoinfligida.

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