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La España que gobierna el PSOE de ZP

Miguel Massanet
Miguel Massanet
martes, 17 de noviembre de 2009, 05:22 h (CET)
Día tras día, semana tras semana y mes tras mes, los ciudadanos asistimos pasmados al deterioro de las tres columnas básicas que, según Montesquieu, son las que deben sostener cualquier Estado que pretenda que sus instituciones le ayuden a mantener el equilibrio preciso para que ni el Legislativo ni el Ejecutivo ni el Judicial puedan imponerse, impunemente, a los otros poderes; de forma que sus facultades acaben por sustituir la recíproca vigilancia, que garantiza la aplicación recta de la Justicia en un país, por la autarquía de un solo de ellos.

Si los españoles fuimos capaces de otorgarnos una Constitución, en 1.978, para regular nuestras relaciones, las de nuestras regiones y la forma de gobierno que debía ocuparse de dirigir los destinos de España; si, en ella, se especificaron, con toda claridad, cuales debían ser los límites funcionales de las competencias de las autonomías y las normas que debían regir su supeditación a las leyes estatales, así como sus obligaciones de mantener y respetar las normas básicas emanadas de aquella; si se establecieron mecanismos de salvaguarda para evitar que desde cualquier lugar de España se pudieran tomar decisiones, se pusieran en práctica actuaciones o se incitaran acciones que atentaren contra la unidad, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles; si se pretendió acabar con las heridas de la Guerra Civil, mediante la renuncia de ambas partes implicadas en ella, de ambas ideologías, de ambas Españas a los odios, venganzas y revanchismos acumulados por su causa; señores, es duro decirlo, pero deberemos admitir que, los resultados que se quisieron obtener, que se intentaron plasmar en la Carta Magna por los llamados “padres de la patria”; no se han correspondido con lo que se pretendió conseguir con ella y, lo que todavía resulta más lamentable, aquellos sacrificios que se les pidieron a los que renunciaron generosamente, en bien de la patria y de la reconciliación de los españoles, a ceder las parcelas de poder que tenían en sus manos, para convertir a nuestra nación en una democracia, han resultado en balde si es que queremos valorar en lo que hoy se ha convertido nuestro país y en las perspectivas, más bien sombrías, de aquello en lo que puede quedar transmutado, si Dios no lo remedia, si la deriva absolutista que se empieza a apuntar en las intenciones de quienes nos gobiernan, se llega a convertir en hechos consumados.

Las Cortes, la cámara donde queda plasmada la representación de los españoles emanada de la voluntad popular, expresada a través de las urnas; en lugar de ser el foro donde se discuten las leyes, se cambian opiniones, se aceptan correcciones y se mira por lograr lo mejor para los ciudadanos; se ha convertido en una cámara inoperante, donde se escenifican disputas, se intercambian insultos y se pergeñan alianzas, exclusiones, cambalacheos y convenios espurios entre los partidos, a cambio de mutuas concesiones, de financiaciones o de intercambio de favores, que nada tienen que ver con los intereses de la comunidad ni el bien de la nación. Cuando se llevan a la discusión y aprobación los proyectos de ley, las proposiciones no de ley, los proyectos legislativos o los mismos Presupuestos Generales del Estado todo ya está, atado y bien atado, por el Gobierno y aquellos partidos que le apoyan por haberse convenido, con anterioridad, las prebendas que van a conseguir a cambio de sus votos. No existe la posibilidad de mejorarlos, de contrastarlos o de rectificarlos en el Parlamento y, todo lo que se habla, discute o porfía en él, podría ahorrarse en bien de la brevedad y la vergüenza, ya que es pura filfa, comedia de marionetas y tomadura de pelo para el pueblo español.

El Ejecutivo lleva demostrando su absoluto desprecio por las opiniones de la oposición, en este caso el PP. Sistemáticamente se los ningunea, descalifica y desautoriza interpretando cualquier oposición al Gobierno como un ataque a sus miembros y no como un ejercicio legítimo del derecho a hacer rectificar, denunciar e intentar modificar aquellos proyectos, actuaciones o acuerdos gubernamentales que se entiende puedan perjudicar a la ciudadanía española. Su absoluta pasividad ante los desmanes en comunidades como la vasca y catalana; su permisividad respecto a las leyes, claramente inconstitucionales, que se promulgan en ellas; su flagrante incumplimiento de la Constitución y la promulgación, de leyes presentadas por el Ejecutivo, atentatorias a los derechos constitucionales de los ciudadanos españoles; nos dan la medida de, hasta que punto, la política en España se ha convertido en un medio para atentar contra conceptos fundamentales, como pudieran ser la unidad, el respeto a la bandera, el uso del idioma español, el derecho de los padres a elegir la clase de enseñanza que quieren para sus hijos etc. El sentido que se le quiere dar a la moral y la ética; las clases de enseñanza que se propugnan, con asignaturas como la EpC o disparates como la creación, en la comunidad de Extremadura, de talleres para enseñar a los adolescentes a masturbarse; la conversión del aborto en un derecho de la mujer; los matrimonios entre homosexuales y los cupos obligatorios a favor de las mujeres, sin tener en cuenta su capacidad; son evidentes ejemplos de la degeneración de la sociedad y la adopción de filosofías relativistas que todo lo permiten, todo lo justifican y todo la adecuan al particular concepto que cada uno tiene sobre lo que es bueno o malo.

Pero si hay un capítulo donde el caos que padecemos tiene particular influencia y merece la reprobación general de la ciudadanía es, especialmente, el de la Administración de Justicia. A la falta de medios para que los jueces puedan desempeñar sus funciones adecuadamente; a la escasez de jueces y a la incorporación de nuevos profesionales que no proceden de las oposiciones que garantizaban su preparación; podríamos añadir la aparición de una casta de magistrados, se los llama “jueces estrella”, más preocupados por hacerse un nombre, por destacarse ante la sociedad y darse a conocer por sus extravagancias que por llevar a cabo una labor concienzuda, anónima y eficaz. A los evidentes perjuicios, retrasos y muestras de incompetencia que se les puede atribuir al colectivo de funcionarios de la Justicia, se debería añadir el corporativismo con el que se comportan los órganos encargados de vigilarlos y sancionarlos, en los casos en que no cumplan con sus deberes o incurran en delito –entre ellos el Consejo General del Poder Judicial –,y la poca eficacia y energía que demuestran a la hora de enjuiciar y sancionar conductas de jueces y magistrados que por haber delinquido, prevaricado o abusado de su cargo, deberían ser objeto de una sanción más dura, dada la alarma social que tales sucesos levantan en los ciudadanos. A destacar, sin duda, la pantomima con la que nos obsequia el TC, bajo la dirección de la señora Casas, que ha convertido en una comedia bufa las disputas internas de los señores magistrados dentro de la institución; la evidente intervención del Gobierno en su funcionamiento; la notoria politización y, no sé si se debería añadir, la incompetencia para resolver un tema que ya hace años que se debería haber sido resuelto. El Estatut catalán es una bomba de relojería, a la que nadie se atreve a poner mano para desactivarla, ante el temor de que le explote en la cara; pero, señores, mientras el TC se mira el ombligo el Tripartit de la Generalitat va promulgando ley tras ley, muchas inconstitucionales, que surten efectos inmediatos en la gobernabilidad de Catalunya y, habrá que ver quién pone orden en esto si, a la postre, el Estatut resulta ser inconstitucional. ¡Vamos de mal en peor y, lo más ominoso, no lleva trazas de mejorar!

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