El caso de Moisés, el niño gallego de 9 años con obesidad mórbida, que la Fiscalía de Orense pretende retirar de la custodia de sus padres, para facilitarle un mejor seguimiento de una dieta alimenticia, está acamparando las noticias de los últimos días, por cuanto los padres se niegan a entregarlo a las autoridades judiciales, y por ello pueden ser procesados por posible desacato, y enfrentarse a una pena de dos años de cárcel.

Moisés, que tras someterse a un seguimiento médico, ha reducido su peso, y se ha situado en 70 kilos, que según el dictamen de dos médicos le restan gravedad a su situación, y lo que es mejor, le pone en vías de solución de su problema de salud, sin embargo sigue siendo reclamado por la Fiscalía gallega para su entrega a la Xunta de Galicia, con el fin de su ingreso en un centro social de asistencia que le pueda asegurar un crecimiento con una nutrición equilibrada y sana, y evite la situación en la que llegó a estar; pese a que sus padres han tomado medidas poniéndolo en tratamiento con un médico endocrino con el que ha bajado su peso, y según declaraciones públicas del facultativo, puede seguir reduciendo su peso actual, hasta al canzar la ansiada situación de normalidad que le estabilice en su estado de salud.

Si bien, la persistencia de las autoridades en retirarle a los padres la custodia del menor, contra la voluntad de los mismos, está llegando a una situación de gran dramatismo por situarles en posición de posible conculcación delictiva, y sobre todo está generando un particular malestar a una familia, que quiere mantenerse unida con su hijo, cuyos progenitories, salvo otras razones no divulgadas, pueden haber cometido errores en el régimen alimenticio del menor, pero desde luego no son unos delincuentes. Por consiguiente, nos encontramos más bien ante un problema social, que ante un problema penal, de donde las medidas penales que se tratan de activar nos parecen injustas por desproporcionadas; en tanto que las que parecerían pertinentes serían medidas de orden social, que conllevara un seguimiento socio-sanitario del menor, en colaboración con los padres, enseñándoles a estos a unos hábitos alimenticios saludables. De manera que con paciencia, pedagogía social, y seguimiento del caso, naturalmente en sede social, este tema no tendría el alcance dramático que ha conseguido, con unos padres rebelados a la actuación judicial que pugna con ellos en la crianza del menor.

Así casos como el de Moisés, o el del chaval andaluz, al que se le intentó retirar de la custodia de sus padres por haberle propinado un tradicional cachete de corrección, y que se estimó lesivo; en una situación en que los padres tenían discapacidades sensoriales que les hacía aún más vulnerables al problema generado, nos parece que son casos en que a la justicia se le mete en una actuación que posiblemente no le fuera propia, sino más bien a unos ámbitos meramente sociales, en los que encajan mejor, y en los que deben encontrar su adecuada solución.

Tratar de realizar una precipitada actuación judicial parecería lógico cuando cabrían otros recursos públicos más idóneos al problema generado, evitando poner a los padres ante la dificil tesitura del juicio público por malos padres, cuando la deficiencia, la ignorancia, o la propia educación, son las causantes de sus desaciertos, sin que en ellos haya un ánimo antisocial, y mucho menos criminal. Pero sí que padecen la victimización de ser perseguidos por la acción de la justicia, y sobre todo el drama personal y familiar de poder perder la custodia de un hijo, precisamente por no haber sabido o podido responder al estándar público de “buena paternidad”. Algo que sin duda dejará importantes huellas psicológicas tanto en los menores como en sus progenitores, y sobre todo en el ambiente social donde vivan.