El desaparecido escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió que por lo general no quieren que se vea lo que escribe quien escribe lo que ve, y esa es la razón por la cual autoridades retrógradas, en todo tiempo y lugar, han buscado amedrentar a los cronistas para esconder sus miserias. En este caso, el fracaso de las campañas periodísticas para impedir el crecimiento de la insurgencia en Paraguay, a pesar del cercenamiento de información y su anómalo papel de auxiliar de los organismos de seguridad.

Recuerdo que hace unos años, cuando muchas voces se levantaban para negar la existencia del grupo insurgente EPP, fui el primero en publicar un video donde quedaba en evidencia la existencia de esta organización, y donde sus líderes explicaban su razón de ser y mencionaban sus reivindicaciones.

En lugar de ser reconocido como un Herbert Matthews por el periodismo local, los mismos periodistas de Zucolillo y otros empresarios de la prensa que dominan el rubro, empezaron a presionar al Fiscal de delitos informáticos Ariel Martínez para que me llame a declarar a pesar de encontrarme amparado por la Constitución Nacional.

La notificación a fines de septiembre del año 2002, con la cual me citaba el Asistente Fiscal Alfredo Mencia M., de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, mencionaba una tal causa Nº 8038/2012 caratulada: "Personas Innominadas s/ Hecho Punible a Determinar". Vale decir, por presión de algunos empresarios de la prensa me citaban a prestar declaración Testifical sobre un delito desconocido perpetrado por desconocidos.

Esta reflexión viene a propósito de la información que entonces recibí de la guerrilla y subí a mi columna en el diario español en el cual escribo, y a mi blog, logrando tal repercusión que incomodó a quienes pretendían que me guarde ese material para que algunos puedan seguir realizando su auto-elogio, en el supuesto combate que realizaban a la guerrilla que el sábado pasado conmocionó al país, atacando un camión de la polémica fuerza conjunta con un saldo de varios militares muertos.

La cita había sido forzada por los periodistas al servicio de los Grupos empresariales que defienden intereses sectoriales, según me reconoció el mismo fiscal Martínez en una conversación privada. En una entrevista realizada por el periodista Enrique Vargas Peña, el fiscal también reconoció mi derecho a reservar mi fuente garantizada por la constitución.

Haber logrado obtener la prueba de la existencia del EPP a través de las redes sociales, y difundir sus videos sin pedir permiso al comisariato periodístico local, no encuadraba en ningún tipo penal dentro de la ley de delitos informáticos. No divulgué videos pornográficos de niños ni adolescentes, no cometí sabotaje contra sistemas informáticos públicos ni privados, ni estafé a través del sistema informático.

Tampoco tuve acceso indebido a datos, como ser cuentas bancarias etc. ni hice ningún atropello de domicilio electrónico. Tampoco intercepté datos reservados, como ser contraseñas ni cuenta, ni falsifiqué tarjetas de crédito ni debito, ni de otros medios de pagos. A esto y nada más se refiere la ley 4439/2011 de delitos informáticos.

Sin embargo, el aparato para fiscal manejado por poderosos empresarios de la prensa (léase Zucolillo), como en tantos otros casos, logró imponer su criterio por encima de lo que dice la letra de ley.

Todo fue amedrentamiento hacia mi persona, para coartar mi derecho de investigar y publicar, y el derecho del público de recibir información a través de fuentes independientes, sin que la manipulen los dueños de lo que en Paraguay se puede decir.

Entiendo la frustración del comisariato periodístico Zucolillo y otros empresarios que lucran con el trabajo de los periodistas, porque ninguno de sus cronistas se hizo aquella vez con la primicia, aunque muchos me llamaron pidiendo que les contacte para hacer una entrevista al EPP a escondidas de fiscales y policías, y de ciertas autoridades que son puestas en ridículo en su afán de recortar con tijeras y tergiversar información a la cual los ciudadanos tienen derecho de acceder. Pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice con claridad en su artículo 19:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Está claro que empresarios de la prensa son capaces de montar un andamiaje parafiscal para censurar a quienes no se someten a sus dictados, y pasan por alto sus filtros, como lo hicieron en el caso expuesto.

En los trágicos sucesos del sábado, que costaron la vida a ocho militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, también estuvo involucrada la colaboración propagandística de Zucolillo y sus satélites, que han fracasado en toda la línea en sus torpes esfuerzos por evitar el avance del EPP.