Los partidos autoproclamados “constitucionalistas”, en su loca carrera hacia la independencia de lo que ellos consideran España, ninguneando y desautorizando sistemáticamente a las instituciones que la Constitución de 1978 reclama para las diferentes autonomías y nacionalidades del Estado español, defienden la incapacidad de Arnaldo Otegi para presentarse a las próximas elecciones vascas.

Cierto es que el alto tribunal de justicia ha decretado que esto es así. Pero más allá de lo que diga la justicia, que siempre puede ser interpelada e, incluso, recusada por el poder ejecutivo o el legislativo, el poner en cuestión la candidatura de Arnaldo Otegi es una torpeza de libro, además de un ademán bastante elocuente de la escasa devoción democrática que demuestran los que tal cosa defienden.

No es cuestión de detenernos en la infinidad de situaciones semejantes a esta que, a lo largo de la historia, se han resuelto en un sentido o en otro; basta con recordar que la famosa Transición se consumó gracias a que los demócratas (hasta entonces, condenados al exilio o en las cárceles franquistas) no pusieron en cuestión la participación en la vida democrática de aquellos que fueron colaboradores directos del régimen criminal franquista. Nadie puso la menor objeción a que Fraga Iribarne se presentara como cabeza de lista de AP o que Blas Piñar lo hiciera al frente de Fuerza Nueva. Y no vamos a entrar ahora en los crímenes que pudieran haber cometido los unos o los otros.

Muchos son los españoles que pensamos que estamos viviendo una nueva transición y, desde luego, no la queremos peor que la anterior. Y, si queremos mejorar, lo primero que tenemos que solucionar es el modelo territorial del Estado, hacer todo lo posible para que Euskadi y Catalunya estén por la labor de seguir integrados dentro del Estado español. Aunque solo sea por eso, Arnaldo Otegi debe presentarse como candidato de la izquierda abertzale sin ningún tipo de cortapisa.