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De la Justicia, de los modos y las formas

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 4 de noviembre de 2009, 02:25 h (CET)
Por supuesto que los tiempos han cambiado, que determinadas fórmulas de cortesía han sido borradas del universo mundo y que, hoy en día, fuere porque los padres han dejado de ocuparse, abrumados por sus ocupaciones, de la educación de sus hijos o porque los manuales de urbanidad, que antes se impartían en las aulas, hayan pasado a ser piezas de museo, cuando no motivo de chanzas y burlas por parte de las nuevas generaciones, que creen, de buena fe, porque nadie les ha enseñado lo contrario, que esto de levantarse del asiento en un autobús para cedérselo a una señora embarazada, un viejo o un tullido, son cosas del paleolítico superior y que, en los tiempos que corremos, lo que importa es la propia comodidad, el mayor placer egoísta y el librarse de cualquier compromiso, en favor del resto de la sociedad, que pueda significar la más mínima molestia. Sin embargo, algunos, rara avis, todavía siguen pensando que los modos y las formas tienen cabida en las relaciones entre personas y que la buena educación ayuda a limar asperezas y a mantener el entendimiento entre los individuos, como si de un aceite lubricante se tratara, que ayuda a evitar que chirríen los engranajes de nuestra sociedad.

No, no crean ustedes que, de pronto, me ha cogido un ramalazo puritano y pretendo que la humanidad regrese a los tiempos victorianos, nada de eso, pero sí tengo que hacer mención a una tendencia que, cada vez se va extendiendo más, a medida que los ciudadanos están tomando conciencia de la efectividad de las presiones ejercidas sobre las administraciones por parte de grupos levantiscos, de asociaciones espontáneas vecinales o de pretendidos jurados populares, decididos a emitir la “justicia del pueblo” prescindiendo de otros requisitos que no sean la aplicación de la “sentencia” que los cotilleos de las matronas y la exaltación de los mayores, hayan decidido emitir sobre aquellos que, por el motivo que fuere, se constituyen en el blanco de sus iras. No hay duda de que, a este fenómeno nuevo, viene contribuyendo lo que se nos sirve en las pantallas televisivas, lo que se mama en determinados medios de comunicación y lo que se percibe en algunos sectores de la ciudadanía, donde la desconfianza en las instituciones y la sobre valoración del sentir popular, convierten a determinados estratos menos cultos o más implicados en políticas igualitarias o anarquistas, en un verdadero problema para que la equidad y la justicia sean los medios, los únicos medios, para juzgar las conductas de las personas y, por supuesto, los únicos capaces para decidir el castigo que les corresponda, si es que hay lugar a ello.

Por supuesto que, los casos de corrupción perpetrados al amparo de cargos públicos, valiéndose de situaciones de prerrogativa y abusando del poder que algunos han recibido para administrar los bienes de la comunidad, deben ser objeto de la máxima repulsa, que la Ley debe caer sobre ellos inexorablemente y que deben purgar sus delitos exactamente igual o con más rigor, si cabe, que cualquier otro ciudadano que delinquiere. No obstante, ello no obsta para que las leyes deban cumplirse con escrupulosidad, que quienes tienen la misión de aplicarlas deban velar para que, en ningún caso, se aplique a los procesados, por su presunto delito, otras penas que las que están recogidas en el Código Penal y que, por supuesto, debe prescindirse de cualquier presión, chantaje o intento de coartar la recta acción y la imparcialidad de los tribunales, por parte del populacho, las masas incontroladas o de los medios de comunicación que, en su interés por vender la parte más vejatoria y denigrante de la noticia, no dudan en apelar a todos los medios, lícitos e ilícitos, para conseguir satisfacer la morbosidad de una audiencia que busca,, en estos sucesos satisfacer sus instintos más deleznables y sus pasiones más inconfesables.
Nunca, como por desgracia estamos observando que ocurre en recientes casos de corrupción o, mejor dicho, supuesta corrupción, se puede permitir por los jueces o por el CGPJ, que partes de un sumario secreto se vayan publicando en medios de comunicación, sin que se sancione con el máximo rigor a los culpables de tales filtraciones. Nadie pone en tela de juicio que en hechos tan denigrantes como la exhibición de los acusados del PP, en las detenciones del caso Palma Arena, esposados de dos en dos como si se tratara de criminales confesos; es un espectáculo que supera lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que añade una pena, no regulada por la ley, a las posibles sanciones penales que se pudieran derivar de los presuntos delitos de los encausados. No se trata de delincuentes peligrosos, con antecedentes de acciones criminales que pudieran pretender huir o atacar a sus guardianes o causar daños a otros ciudadanos; no, señores, estas exhibiciones públicas de señores, como Maciá Alavedra o Prenafeta, ancianos y humillados por la vergüenza de sus actos, incapaces de presentar el menor peligro para nadie, sobrepasa, sin duda alguna, lo dispuesto en las leyes y dejan al descubierto las manipulaciones torticeras de las que algunos se han valido para conseguir, de las fuerzas del orden, que se les permita reproducir la imagen de estas personas esposadas y acarreando sus pertenencias en sacos de los de basuras, para venderlas a los periódicos, a las TVs nacionales y, muy probablemente, a las extranjeras; y todo ello cuando todavía no han sido encausados, procesados ni sentenciados por los delitos que se les imputan.

Habría que ver lo que tiene que decir el juez Garzón en todas estas irregularidades porque, si la memoria no me falla, ya ha actuado por encima de lo normal en algunos casos similares, obligando a los detenidos a permanecer las 72 horas reglamentarias antes de dignarse a tomarles declaración, por encontrarse “ocupado” en otros menesteres muy importantes – como pudieran ser asistir a una cacería de estas a las que es tan aficionado ¡sobre todo si le salen de gratis! – que le han impedido atenderlos. Estos métodos, propios de la antigua GESTAPO o de la KGB, debieran ya haber desaparecido de un país al que se le considera una democracia, porque no es misión de los jueces cebarse con los criminales ni causar mayores incomodidades que las estrictamente necesarias para que se cumplan los trámites procesales. La propia AN se ha sentido obligada a actuar ante la alarma social suscitada por las imágenes impactantes de personas, inofensivas y ancianas, tratadas a baqueta, como si fueran criminales peligrosos a los que se ha de aherrojar para que no se revuelvan contra quienes los custodian.

Por ello, resulta vomitivo que un señor, como es el presidente de Cantabria, don Miguel Angel Revilla, haga unas declaraciones en público cebándose con los encausados, pidiendo que sean exhibidos para escarnio ante el gran público y mostrándose inmisericorde con aquellos que ya han sido puestos a disposición de la Justicia para que se les aplique el correctivo pertinente; pretendiendo cargar las tintas en un parlamento visiblemente dedicado a satisfacer al populacho, tan ávido, en muchas ocasiones – como lo hicieron los jacobinos de la Revolución Francesa – de vengarse de aquellos cuya fortuna hubieran deseado tener y que, seguramente, si hubieran tenido la ocasión de enriquecerse a costa de los demás no la hubieran desaprovechado. Como, por cierto, ha ocurrido con este señor Revilla, un hombre culto y de carrera que, en lugar de aprovechar para callarse, no ha tenido empacho alguno en ponerse a la altura de una verdulera resentida. Ya se sabe, no siempre el cargo se corresponde con la bonhomía de las personas.

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