“Cuando la injusticia es ley la desobediencia es derecho”, sintetizaba una pancarta en una de las manifestaciones de trabajadores durante la huelga general del 29 de marzo del 2012. Y es evidente que cuando se da esta circunstancia en la que existe un gobierno opresor, cuando el país se siente bajo el yugo de una dictadura o cuando los derechos humanos del pueblo no son respetados, de tal modo que, el único recurso de los habitantes de la nación que sufre tal clase de injusticia social se concreta en apalear a la resistencia o a la llamada desobediencia civil; esta actitud pudiera estar justificada si las otras opciones democráticas para derrocar al gobierno corrupto o tiranía no hubieran sido suficientes para hacer valer los derechos del pueblo a ejercer sus derechos democráticos.

Sin embargo, como suele suceder en muchas ocasiones con aquellos que apelan a la justicia social, a la injusticia de las leyes, a los derechos proletarios o al recurso revolucionario para desbancar a los gobernantes; en la mayoría de las ocasiones y, en la actualidad tenemos ejemplos que pueden servir para avalar una actitud más prudente, un análisis más ajustado o una prevención más meticulosa ante estos grupos de pretendidos defensores de los derechos humanos; opositores a gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo con todas las garantías constitucionales o supuestos caudillos salvadores de la patria; que se constituyen en verdaderos críticos del sistema legal vigente, del tipo de fórmula de gobierno o del régimen político más apto y conveniente (no siempre significan lo mismo) para gobernar un Estado; situándose por encima del sistema de gobierno y de las leyes vigentes, atribuyéndose la superioridad moral y ética, para descalificar el trabajo del los gobernantes y proponiendo fórmulas antidemocráticas como medio de imponer a la fuerza o por medio de las amenazas lo que, de otra forma, entendiéndolo como la aplicación de los sistemas establecidos constitucionalmente, no tendrían manera alguna de llevar a cabo.

En Cataluña señores, mientras en el resto de España estamos dirimiendo a quien le corresponde gobernar y perdemos el tiempo en aquello de los galgos y los podencos, en la comunidad catalana permanecen, en cierta manera, ajenos a tales disputas, atentos a ir avanzando en dos proyectos que, posiblemente, pudieran llegar a coincidir si, en el entre tanto, el Gobierno en funciones y los principales partidos políticos que pudiéramos denominar como constitucionalistas, no prestan atención a lo que está ocurriendo en esta comunidad, no se deciden a afrontar el peligro de ruptura que, cada día, parece acercarse más a su última fase, y se les enseña, a todos estos dirigentes díscolos, expertos en desobedecer las recomendaciones de los tribunales y la ejecución de sus sentencias, incluso las del TC, emperrados en conseguir sus objetivos aunque, para ello, tuvieran que recurrir al recurso del enfrentamiento, la declaración unilateral de su independencia o la negativa a seguir formando parte de la nación española; que el Estado de Derecho y la Constitución española están por encima de este tipo de intrigas y se les enseña a los cabecillas de este movimiento separatista, que en España tenemos unas magníficas cárceles en las que podrán descansar cómodamente de su exceso de trabajo, como se hizo con el señor Companys en aquella intentona de 1934.

Lo cierto es que, en este batiburrillo de partidos, asambleas catalanas, Omniums culturales, Junts pel Sí, Barcelona en Comú, CDC, ERC, CUB etc. que, incomprensiblemente, han ido proliferando de la mano de individuos ávidos de hacerse populares, fanáticos de sus ideas y a la caza de proporcionarse unos emolumentos que, en cualquier otro oficio, les sería imposible alcanzar; si quisiéramos resumir y dividirlos en dos grandes bandos, podríamos llegar a la simplificación de que, el panorama político catalán ,aparte de dos partidos marginales, como son Ciudadanos y el PP, los garbanzos se los reparten la señora Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, una repescada de los grupos antisistema, experta en algaradas callejeras, apoyo de todos los grupos marginados y que llegó a la alcaldía de la Ciudad Condal de la mano y con el apoyo de los comunistas bolivarianos de Podemos; una señora que parece intentar jugar con dos barajas: la comunista, luchadora contra la legalidad democrática, que mantiene una actitud equívoca respecto a la independencia de Cataluña y, por la otra, todo el grupo de los independentistas, radicalizados, ensoberbecidos y convencidos de que el Gobierno central nunca se va a atrever a recurrir a los recursos de que disponen en la Constitución por el miedo a lo que pudiera suceder en esta autonomía si se recurriera a medidas más enérgicas y disuasorias.

Lo que es imposible de comprender es ¿qué especiales conocimientos, qué ciencia infusa posee o que méritos desconocidos se atribuye la señora Colau para mostrase capacitada para, como ella misma dijo, “no aceptaría cumplir aquellas leyes estatales que, a ella, no le parecieran justas? Por otro lado ¿qué sucede con los fiscales catalanes? que todavía no la han expedientado por sobrepasarse, excederse y prevaricar dictando leyes que no están dentro de su competencia publicar, que afectan directamente al derecho constitucional de la propiedad de las personas y que, para poder aplicar las limitaciones que, en el mismo cuerpo legal se fijan, se precisa seguir unos procedimientos especiales por los que se declare la utilidad pública de aquellas actuaciones y la necesidad de proceder a la expropiación y, como es natural, al pago del correspondiente justiprecio por el perjuicio que se le causa a la persona afectada. El procedimiento de utilizar los hechos consumados, como ha sido el caso de la intervención de la alcaldesa de Barcelona en cuestiones que han afectado a la economía de la ciudad, como ha sido la moratoria turística; la campaña, completamente irregular, en contra del alquiler de pisos a extranjeros; su obsesión por reducir el número de turistas que visitan Barcelona y el dar a las asociaciones vecinales unas competencias que no les corresponden; de forma que, hoy en día, la capital de los catalanes se ha convertido en una especie de reino de taifas en el que, cada distrito, lucha por conseguir el mejor trato y los que más se acercan a la señora alcaldesa, los que más comulgan con sus ideas comunistas y los que mejor le hacen la pelota, son los que consiguen más beneficios de la alcaldía barcelonesa. Un ejemplo: el número de decibelios que soportamos muchos vecinos de esta ciudad exceden que garantiza la salubridad y bienestar de la ciudadanía, de tal modo que hay calles del ensanche en las que la circulación en determinadas horas hacen casi imposible soportar el ruido que produce.

Se ha denunciado, se ha reconocido el hecho pero… ha pasado el tiempo y no se ha solucionado el problema. Ahora, cuando los vecinos de algún barrio de los protegidos por la Colau, denuncian el charloteo de las terrazas, se ha procedido a no permitir a los bares sacar mesas a la calle sin más trámite que la denuncia de algún vecino excesivamente escrupuloso.

El procedimiento de los chivatos ha sido otro de los logros de esta comisaria que nos recuerda al método utilizado por Stalin para tener controlada a la ciudadanía, consistente en establecer en cada escalera comunitaria una especie de comisario que era el encargado de fisgonear lo que hacían sus vecinos, a qué hora entraban o cuando se retiraban y hasta las visitas que, cada miembro de la comunidad, recibía en su casa. No quiero acabar este artículo sin mencionar el tema de los manteros, unos sujetos que se han hecho los amos de ciertas partes de la ciudad de Barcelona, a los que la guardia urbana más que perseguir protege y a los que se les permite competir, con ventaja, con los comerciantes que pagan sus impuestos y sus licencias para poder vender en sus tiendas con el derecho a no ser perturbados y perjudicados por aquellos que venden géneros de inferior calidad pero a más bajo coste.

El otro grupo, el de los separatistas, sigue sin obedecer ninguna norma del TC y lo único que les ocurre es que el más alto tribunal de este país, el TC, se limita a hacerles alguna tímida advertencia, mientras ellos siguen preparando leyes, van creando infraestructuras y contratando funcionarios para tener preparada su propia Administración el día en el que se decidan a darle el carpetazo a su unión con el resto de España. Y, entre tanto, una vez más los ciudadanos españoles, especialmente, los que vivimos en Cataluña y pretendemos continuar formando parte de España por considerarnos tan o más españoles que el resto de nuestros conciudadanos, estamos sometidos al bochornoso espectáculo de “a mí me toca”, “contigo no hablo” o “si este no hace lo que le pido, yo no juego”. Y mientras el país funcionado por inercia y, curiosamente, bastante bien dadas las circunstancias. Pudiera darse el caso de que acabemos viviendo sin gobierno, sin políticos ni otros figurones semejantes.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la amarga sensación de que aquí, en esta España que nadie reconocería dada su actual situación política, nadie se ocupa de otra cosa que de asegurarse su subsistencia, ganarse su sueldo y amarrarse a la mamandurria de la ubre pública. Y así es como vamos.