La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha afirmado este jueves que si Francia no da marcha atrás en su decisión de prohibir el 'burkini' se perderá una oportunidad para acabar contra el abuso de los derechos de expresión y religión de las mujeres.

"El caso considerado ofrece una oportunidad para que el sistema de justicia francés retire una prohibición discriminatoria azuzada y que azuza el prejuicio y la intolerancia", ha dicho el director de AI para Europa, John Dalhuisen.

Así, ha recalcado que "las autoridades francesas deben dejar de lado los argumentos de que estas medidas hacen algo a la hora de proteger los derechos de las mujeres", insistiendo en que "las medidas invasivas e incriminatorias como esta restringen su posibilidad de elegir".

"Estas prohibiciones no tienen nada que ver con mejorar la seguridad pública y promueven la humillación pública", ha dicho, agregando que "la aplicación de las mismas ha llevado a abusos y al tratamiento degradante de mujeres y niñas musulmanas".

"Si las autoridades francesas estuvieran realmente comprometidas con la protección de la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, estas prohibiciones abusivas serían retiradas de forma inmediata e incondicional", ha remachado Dalhuisen.

Este mismo jueves, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha defendido la prohibición del 'burkini' que se ha impuesto en 15 localidades costeras en Francia, y ha alegado que el país se encuentra inmerso en "una batalla de culturas" y que la prenda, diseñada para que las mujeres musulmanas puedan bañarse en público sin mostrar su cuerpo, es un "símbolo de la esclavitud de las mujeres".

Esta semana, una serie de imágenes que muestran cómo varios agentes de Policía obligan a una mujer musulmana a quitarse el 'burkini', ante la mirada de decenas de personas en una playa de Niza, se han vuelto virales en miles de miembros de la comunidad musulmana en Francia, que temen ser aún más estigmatizados.

Al contrario que Valls, la ministra de Educación francesa, Najat Vallaud-Belkacem, que es de origen marroquí, ha pedido cautela a los miembros de su Gobierno, ya que ha defendido que la retórica utilizada por algunos defensores de la medida roza el racismo y la islamofobia.