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Etiquetas:   Reales de vellón   -   Sección:   Opinión

Corrupción; plusvalías ficticias

Sergio Brosa
Sergio Brosa
lunes, 2 de noviembre de 2009, 06:26 h (CET)
El texto del auto del juez Garzón del 30 de octubre sobre la operación anticorrupción en Catalunya, es un tratado de cómo se generan plusvalías ficticias de terrenos, a base de corrupción urbanística para sustraer el posible beneficio del ayuntamiento en aras del enriquecimiento ilícito de políticos y parapolíticos sin escrúpulos, presas de la desmedida codicia de quien se cree dueño de los tortuosos resortes administrativos para la recalificación del área urbana.

En efecto, como si del método del caso se tratara, cual escuela de negocios, Garzón va desgranando el procedimiento por el que los ahora procesados fueron consiguiendo voluntades en al ámbito político y público a favor de sus “clientes” o empresas a ellos vinculadas y percibiendo por ello las cantidades correspondientes.

Pero a diferencia de los casos que se estudian en las escuelas de negocios de todo el mundo, en el auto de Garzón los nombres y apellidos corresponden a personas reales, empresas reales y ayuntamientos reales dominados por la trama urdida por estos presuntos bellacos que se han embolsado de forma ilegítima y vergonzosa cantidades de dinero que oscilan, a datos de hoy, alrededor de los 45 millones de euros, según el repetido auto.

La trama es de tal envergadura que deja constancia de la voluntad de delinquir, al ramificar su actividad espuria desde Santa Coloma de Gramenet y otras localidades de Catalunya a Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal, Islas Madeira y Caimán.

La mecánica desarrollada es de una simpleza extrema: Se establece un proyecto urbanístico y se hace creer a los promotores interesados en ejecutarlo que con posterioridad a la adjudicación se va a modificar en su beneficio, pues en otro caso no se explicaría la constitución de sociedades para desarrollar el plan y la adquisición de los terrenos y una vez adjudicados indican que no es viable económicamente. Y el ayuntamiento dice que no puede modificarse, contrariamente, sin lugar a dudas, como hicieron creer a los oportunistas adjudicatarios que creyeron contar con información privilegiada.

Así las cosas, los adjudicatarios venden las acciones de la empresa adjudicataria a las sociedades vinculadas a los integrantes de la trama defraudadora quienes consiguen, por ejemplo en el caso denominado “Operación Pallaresa” (Santa Coloma de Gramenet, 2001-2005) la aprobación de una modificación del plan, consistente en una disminución de la superficie comercial y la dedicada a vivienda protegida para destinarlas de forma significativa y con mucho mayor beneficio para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en tan sólo 9 días.

Esta única operación produjo un beneficio de 13 millones de euros para los procesados. Dinero que hubiese debido generar el propio ayuntamiento y fue a parar a los hondos bolsillos de los sospechosos defraudadores.

En 2007 la Sindicatura de Comptes, institución encargada de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable del sector público catalán, elevó un informe al Parlament de Catalunya, advirtiendo de irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Ninguna formación política consideró oportuno debatir el asunto.

Ahora, al destaparse esta trama, la Mesa del Parlament considera que no es de su competencia el control de los ayuntamientos, cuando el propio Parlament acaba de aprobar con sangre, sudor y lágrimas, la creación de la Oficina Antifraude, para fiscalizar al gobierno de Catalunya y a todas las instituciones públicas, incluidos los ayuntamientos, en una clara superposición de las funciones de la propia Sindicatura de Comptes y la Sindicatura de Greuges o defensor del pueblo catalán.

En el prolijo informe 7/2007 de 122 páginas se describen detalladamente una serie de irregularidades en la gestión municipal que ponen de manifiesto “graves deficiencias en la elaboración, contabilización y control de los expedientes de obras”. Adjudicaciones de obras sin crédito. Un expediente de suplementos de créditos es aprobado por decreto del teniente de alcalde cuando tendría que ser aprobado por el Pleno. En los ejercicios de 2002 a 2004 se han efectuado gastos sin crédito por un importe aproximado de 2.668.815 euros. Encargos a la empresa municipal posteriores a la selección del contratista. Desviación del presupuesto de encargo hasta tres veces el importe inicial. Pagos de obras mediante permutas con informe en contra de la Generalitat. No liquidación en las expropiaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Irregularidades en la contratación y retribución del personal, etc.

En el punto 3 (página 88) de las Alegaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma al borrador del informe, se dice: “(…) sorprende fuertemente la calificación que se hace en algunos casos de los hechos en el sentido de insinuar que se podrían derivar responsabilidades contables.” Y más adelante se lee: “En este sentido y de acuerdo con la información pública que hemos podido consultar, sólo nos consta que se hayan hecho estas calificaciones en casos muy excepcionales siempre relacionados con la apropiación indebida o malversación (alcance).”

Ciertamente, la Sindicatura de Comptes fue muy consciente de lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, pero a ningún partido político le interesó el asunto. Y ahora se echan las manos a la cabeza farisaicamente.

Duro golpe también este asunto y el del caso del Palau de la Música, a las justificaciones de independentistas catalanes, cuando afirman que no ha de venir un ente externo (como la Audiencia Nacional o la Fiscalía de la Agencia Tributaria) a inmiscuirse en los asuntos internos de Catalunya. Pero sucede que los entes reguladores catalanes incumplen flagrantemente su misión al soslayar asuntos como el contenido en el informe de la Sindicatura de Comptes o en la vigilancia debida a entidades y gestores de importantes subvenciones públicas.

Está bien la descentralización y un mayor autogobierno de las autonomías siempre que sus dirigentes sean capaces de asumir sus responsabilidades, cosa que sigue lejos de ser manifiesta.

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