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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

La arriesgada jugada de Reid

David S. Broder
David S. Broder
viernes, 30 de octubre de 2009, 02:12 h (CET)
WASHINGTON - Hay un aire de improvisación desesperada en el plan del Senador Harry Reid para aprobar una "opción pública" como parte de la reforma sanitaria, pero al mismo tiempo establecer una exención fácil para que cualquier estado pueda no implantarla. Las señales de alarma deberían estar sonando a todo el mundo que sepa contar hasta tres - y no digamos los que sepan hasta 60.

El líder de la mayoría Demócrata adoptó esta extraña idea con la esperanza de satisfacer a dos imperativos contradictorios. Por un lado, se encuentra bajo una presión constante para satisfacer al ala izquierda de su partido en Washington, donde el plan público se ha convertido en el premio simbólico del juego, y de vuelta a Nevada, necesita el apoyo de los sindicatos para sobrevivir a unas elecciones terroríficas. Por otro lado, necesita 60 votos para aprobar cualquier tipo de legislación sanitaria, por lo que debe aportar algún consuelo a los Demócratas moderados y posiblemente a uno o dos Republicanos.

En lugar de llevar un proyecto de ley sin la opción pública al Senado y después esperar a fusionarlo en conferencia con un proyecto de la Cámara que casi seguro incluirá dicha disposición, Reid cedió a la presión política y antepuso sus propias necesidades.

Incluso si pudiera lograr que funcionara la táctica, hay muchas razones para que los izquierdistas, de entre todos, la rechacen.

Tenga en cuenta el precedente que se crearía si una legislación social importante fuera aprobada con la provisión de los derechos de los estados. Imaginemos, por ejemplo, que Franklin D. Roosevelt hubiera firmado la primera ley de seguridad social, con la salvedad de que cualquier estado y legislatura Republicana pudiera considerarse exenta de la cobertura.

Esto podría parecer una concesión mínima a la opinión conservadora. Pero ¿qué habría pasado después? ¿Cuánto tiempo habría pasado antes de que los estados hubieran exigido una excepción a la ley de salarios y jornadas que dio lugar al salario mínimo? ¿Y qué pasa con el clamor en una amplia franja del país cuando se aprobó la primera ley de derechos civiles?

El principio detrás de casi toda la legislación izquierdista es que hay ciertos valores lo bastante fundamentales para poder ser implantables a nivel nacional, incluso si una minoría significativa de electores o un cierto número de estados no están de acuerdo.

Esa cuestión se resolvió en el ámbito de la política económica durante el segundo mandato de Franklin D. Roosevelt, después de que el Tribunal Supremo reuniera a los magistrados suficientes como para defender el New Deal que la anterior mayoría conservadora había tumbado. En el ámbito de los derechos civiles, Lyndon Johnson y un Congreso Demócrata pusieron fin a la doctrina de los derechos de los estados. ¿Vamos ahora a reabrir esos asuntos con el fin de facilitar a esta generación de Demócratas enviar al traste el proceso legislativo?

Estos hipotéticos pueden parecer abstractos. Pero en el mundo real, las consecuencias serían probablemente demasiado evidentes.

Por poner solo un ejemplo: Si una reforma sanitaria con una cláusula de exclusión se convierte en ley este año o el próximo, uno de los primeros estados del que se podría esperar que se eximiera de la misma sería Texas. Los Republicanos ahora controlan la gobernación y ambas cámaras de la Legislatura, y el estado no tuvo problemas para rechazar al candidato Barack Obama.

Sin embargo, Texas es un estado con diferencias manifiestas entre sus residentes. Hay literalmente millones de pobres, de hispanos y afro-americanos que dan sus votos a los Demócratas. ¿Están preparados los Demócratas que compiten por Washington para decir a los residentes (y quién sabe a cuántos estados más): Lo siento, pero usted no va a recibir lo mismo que el resto?

No estoy totalmente convencido de que la opción pública sea tan esencial como los izquierdistas parecen pensar que es. Pero si tienen razón, no veo cómo pueden justificar el abandono por un número indeterminado de personas que tienen la mala suerte de vivir en estados con gobernadores y legisladores conservadores.

Si se necesita del compromiso para elevar el proyecto de ley al Senado, mucho mejor es intentar la sugerencia de la Senadora Olympia Snowe de un mecanismo de activación que pondría en marcha la opción pública si las pólizas de seguros privados a precios razonables no fueran ampliamente facilitadas.

A nadie se le deberían de negar las opciones de cobertura en virtud de su residencia o lugar de nacimiento.

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