Me he referido otras veces al ponderado artículo 16 de la CE, que establece la aconfesionalidad del Estado y la cooperación activa con las instituciones religiosas socialmente arraigadas. A mi juicio, refleja una laicidad positiva, que comporta la existencia en el ordenamiento de un favor hacia las religiones; no va contra la increencia, sino que considera la referencia religiosa como elemento digno de consideración y protección jurídica. Por tanto, reconoce como legítima e irrenunciable su presencia en el espacio público.
En síntesis, un Estado laico –como el de la Francia republicana‑ asegura la plena libertad religiosa, en sus diversas dimensiones: individual, colectiva e institucional. No es justo discriminar por razón de creencias, sin perjuicio de la neutralidad de lo público. El problema se plantea ahora en el país vecino con la reforma laboral: un informe elaborado bajo la dirección de Robert Badinter, que fue ministro de justicia con François Mitterrand, establece nada menos que “las restricciones al derecho de expresar creencias, incluidas las religiosas, han de justificarse por la aplicación de otros derechos y libertades fundamentales o por necesidades -proporcionadas- del buen funcionamiento de la empresa”. Está dando lugar a un profundo debate intelectual y político.
Me preocupa el resurgir de cierto clericalismo ante la furia laicista. Ese riesgo se superaría profundizando en la mentalidad laical, es decir, en la coherencia personal de la misión bautismal de los cristianos. Como expresó el papa Francisco hace unas semanas a una delegación de Poissons roses, un movimiento de inspiración cristiana vinculado al partido socialista, “Francia debe llegar a ser un estado más laico". Y les explicó que su laicidad es incompleta, porque depende demasiado de la filosofía de la Ilustración, que consideraba las religiones como una subcultura (Le Monde.fr, 3.3.2016).
