Es el caso más grave de cuantos han acontecido, y ya son unos cuantos, en los últimos treinta años en España. Descontando los GAL, de cuyo gobierno –porque Rafael Vera y José Barrionuevo eran Secretario de Estado y Ministro del gobierno socialista de Felipe González- fue portavoz, fíjense qué casualidad, el mismo Pérez Rubalcaba que tanto “pone” en presente a Maribel Verdú y en pasado a Carmen Chacón. Qué gustos. Y, sin embargo, pese a la gravedad en absoluto equiparable al caso de corrupción de los choricetes del Gürtel, el tema no ocupa demasiado tiempo en periódicos, tertulias radiofónicas o telediarios. Ni siquiera un programa en “La Noria” o un exabrupto del cada día más insoportable estrambote Risto Meijide.

Que desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que ostentan junto a las Fuerzas Armadas el monopolio de la violencia (legal) y cuya existencia, como la del Estado, se justifica en la protección de vidas y haciendas de los ciudadanos decentes frente a los criminales se avise de una operación policial en marcha a miembros de una banda terrorista, mil muertos, miles de heridos, miles de familias destrozadas para siempre, con el fin de evitar su detención, es algo que supera la imaginación de cualquier persona de bien. Impensable la colaboración, ¿se les ocurre otra palabra?, con banda armada –con esta banda armada, que los GAL también eran una- del Ministerio del Interior.

¿Se imaginan que el Ministro del Interior alemán, por ejemplo, fuera pillado mintiendo en el Parlamento al afirmar que condecoró al policía encargado de investigar el chivatazo por otro asunto, sucedido dos años después de recibido el honor? Por no hablar de las teorías que apuntan a que el mayor beneficiado de todo este asunto no fueron los asesinos, sino el propio ministro del Interior, que pudo gracias al chivatazo cargarse a Telesforo Rubio y Víctor García Hidalgo, cargos policiales de la era Alonso que contaban con el apoyo de ZP y del PSE. Sea como fuere, ¿se imaginan a la fiscalía de USA, Gran Bretaña o Alemania pidiendo el archivo de las actuaciones de un caso de similares características? ¿Y a un importante sector de la prensa callando?

Y es que el “caso Faisán”, así llamado por el nombre del bar en el que alguien le pasó a Joseba Elosúa un móvil para recibir el aviso de huída hubiera provocado, como bien señaló hace unos días Antonio Basagoiti, y caso de ser España una democracia añado yo, no sólo la inmediata destitución del Ministro del Interior, sino la caída de todo el gobierno. ¿Alguien se imagina que hubieran pillado a agentes del FBI pasando información a Bin Laden para huir de Tora Bora? ¿O a gendarmes británicos avisando a los terroristas del IRA? ¿Tal vez a la Kripo alemana alertando a los Baader-Meinhof para evitar su puesta a disposición judicial? No. No se lo imaginan porque en primer lugar sería casi impensable que alguien en esos países decidiera utilizar así, por un mal llamado “proceso de paz” con fines electoralistas, las instituciones y, en segundo lugar, porque caso de suceder que hubiera topos de los malos en la policía el asunto provocaría juicios y, de estar estos en altas instancias policiales, dimisiones a mansalva. Desde luego la Fiscalía no sólo no pediría archivar la causa sino que dedicaría todos los recursos a su alcance para esclarecer el asunto.

En España la actuación del Ministerio del Interior primero y del Fiscal General del Gobierno, dicen que del Estado, después, lo que ha dejado herido de muerte es al propio Estado español y sus instituciones. Lo mismo, es lo que pretendían los perpetradores.