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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

Reactivar la maquinaria del empleo

Robert J. Samuelson
Robert J. Samuelson
martes, 20 de octubre de 2009, 08:53 h (CET)
WASHINGTON - ¿Qué puede hacer el gobierno para poner en marcha la chirriante máquina de creación de empleo de América? Durante los próximos meses vamos a debatir acaloradamente eso, y la respuesta, francamente, no está clara. Los keynesianos empedernidos insisten en que sólo un mayor gasto público y más bajadas de los impuestos acelerarán la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, muchos otros economistas temen que el crecimiento exponencial de la deuda federal -- en el que se incurrió en parte para sufragar un mayor gasto y más bajadas de los impuestos -- podría desencadenar una nueva crisis que destruiría empleos.

Casi todos coinciden en que el panorama es desolador. Desde el inicio de la recesión en diciembre de 2007, han desaparecido alrededor de 8 millones de puestos de trabajo. Más van a desaparecer. El empleo es inferior a los niveles de hace una década: la primera vez que ha ocurrido desde la Gran Depresión. Con la población activa creciendo a un ritmo de más de un millón de trabajadores nuevos al año, los economistas Joseph Séneca y James Hughes, de Rutgers, estiman que ni siquiera el ritmo de crecimiento del empleo registrado durante la década de los 90 (2,4 millones de puestos de trabajo al año) reduciría el paro actual del 9,8% a niveles del 5% hasta el año 2017. Uf.

La solución keynesiana (llamada así en honor al economista británico John Maynard Keynes, fallecido en el año 1946) sostiene que el activismo del gobierno puede generar más empleo. Esa es la teoría detrás del "paquete de estímulo económico" de 787.000 millones de dólares aprobado en febrero. Circulan muchas ideas de una versión 2.0 del estímulo, aunque la polémica surgida a tenor de la versión 1.0 apunta que recibirá otro nombre diferente.

Larry Mishel, del izquierdista Instituto de Política Económica, quiere destinar más ayudas a los gobiernos estatales, una ampliación adicional del seguro por desempleo (hasta las 79 semanas) y una deducción fiscal para las empresas que creen nuevos puestos de trabajo. Una propuesta concedería a los empresarios un incentivo de 7.000 dólares por cada trabajador adicional contratado (durante un período de tiempo base). Timothy Bartik del W.E. Upjohn Institute for Employment Research, piensa que una medida fiscal así crearía 2 millones de puestos de trabajo. El coste presupuestario podría alcanzar o superar los 40.000 millones de dólares. Un inconveniente: las dos terceras partes del coste de la medida podrían terminar en empresas que habrían hecho contratos de todas formas.

La principal crítica vertida contra la versión 1.0 del estímulo es que -- en contra de lo prometido -- aún no ha reducido el paro. Sus partidarios replican: el paro habría sido peor si en él, y mucho menos de la mitad del estímulo se ha gastado. Sus detractores argumentan que los beneficios de los paquetes de estímulo están sobrevalorados. Detrás de esta disputa hay un debate académico en torno al factor keynesiano multiplicador de la renta: si el gasto del estímulo se eleva y los recortes fiscales se traducen en mayores avances de la economía en conjunto o no; o si los efectos se compensan o no. Los consumidores pueden ahorrar la mayor parte de las bajadas de los impuestos. O un mayor déficit podría elevar los tipos de interés y desplazar al préstamo privado.

En realidad, no hay una respuesta "correcta;" el factor variará en función de las circunstancias económicas. En este caso, la administración Obama parece más verosímil que sus críticos. A principios de 2009, el consumo y el gasto corporativo se estaban derrumbando. El estímulo ha ayudado a estabilizar la economía, aunque no ha sido el factor estabilizador más potente. (La Reserva Federal jugó ese papel.) Ha salvado puestos de trabajo que de lo contrario se habrían perdido. Los tipos de interés no subieron. Pero sólo porque el estímulo anterior estuviera aparentemente justificado no significa que otro lo vaya a estar, porque las circunstancias están cambiando.

La deuda pública está aumentando ya a ritmos que no tienen precedente post Segunda Guerra Mundial. Durante el ejercicio fiscal 2009 (que finalizó el 30 de septiembre), el déficit presupuestario federal registrado fue de 1,4 billones de dólares. La Oficina Presupuestaria del Congreso predice una cifra parecida para el ejercicio 2010. Los economistas de Goldman Sachs pronostican 1,6 billones de dólares. "Ahora mismo, el mundo quiere prestarnos dinero, y podemos asumir una enorme carga deudora a tipos de interés relativamente modestos. Pero la historia enseña que la confianza no es constante," afirma el economista Kenneth Rogoff, autor junto a Carmen Reinhart del libro "Esta vez va a ser distinta: Ocho siglos de imprudencia financiera".

Si los crecientes niveles de deuda asustan a los agentes de crédito nacionales y extranjeros temerosos de una elevada inflación o de un descubierto, los tipos de interés podrían dispararse. Un primer estímulo estaba justificado, pero ahora "no tiene ningún sentido utilizar estímulos sólo para posponer la realidad de un crecimiento económico más lento durante la próxima década", dice Rogoff. Él es partidario de una reducción gradual de los considerables déficits. El problema, por supuesto, es la arbitrariedad de la psicología. Nadie puede saber cuándo o si se va a desatar o no una futura crisis.

Los economistas Mishel y Rogoff enmarcan el debate: el primero impaciente, el segundo prudente. Una vía intermedia sería la de limpiar el gobierno de políticas que desalienten la creación de empleo. Considere la reciente propuesta de la Agencia de Protección del Medio Ambiente que obliga a adquirir licencias a las grandes instalaciones industriales que emitan 25.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año. Las nuevas plantas o las ampliaciones de las existentes necesitarían de licencias que demuestren que están utilizando "las mejores prácticas y tecnologías" (cualquiera que puedan ser) para minimizar la contribución de gases de efecto invernadero. Las licencias se adjudicarían caso por caso; la normativa que se propone consta de 416 páginas de densos legalismos.

¿Cómo podría esto promover la inversión y la creación de empleo, aparte de los puestos de abogado y consultor? El gobierno impone muchos obstáculos al empleo: restricciones a la extracción de petróleo y gas natural; acuerdos comerciales pendientes de aprobación; algunos reglamentos. Pero la reducción de estas barreras exige que la administración Obama elija entre su interés expreso en crear puestos de trabajo y sus muchos objetivos diferentes -- una elección de la que hasta el momento ha huido.

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