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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Los pilares torcidos de la democracia en España

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 9 de octubre de 2009, 23:55 h (CET)
De tanto en tanto es conveniente refrescar los principios en los cuales se asienta todo Estado democrático. En primer lugar, es preciso delimitar los términos de lo que es una democracia que, en su tiempo, fue definida como “ el gobierno del pueblo por el pueblo” y que, a medida que han ido transcurriendo los años, como suele ocurrir con todo aquello que manejamos los seres humanos, ha ido degenerando hasta convertirse, en la mayoría de los casos, en una forma útil, un eufemismo conveniente y en una tapadera necesaria que, en el fondo, sólo sirve para encubrir otros sistemas de gobierno que, por definición, es conveniente intentar ocultar a los ciudadanos ya que, de haberse propuesto abiertamente y sin tapujos, es muy probable que hubieran sido rechazados de plano. Ya, el señor Montesquieu, aquel a quien el señor Guerra, del PSOE, declaró fenecido; estableció los pilares básicos sobre los que se debía apoyar un Estado: el poder legislativo, el poder judicial y el ejecutivo. Claro que, como la independencia que, a cada uno de ellos se le concede para que pueda actuar con libertad y sin la ingerencia de los otros dos, puede resultar molesta para quien gobierna la nación; por lo que, en ocasiones, se intenta recortar aviesamente aquellas facultades.

Por ello, el grado de democracia de un país se mide en razón directamente proporcional a la solidez o debilidad de cada uno de los otros dos pilares. Está en función del grado de mayor o menor sumisión de cada uno de ellos a quien ostenta el poder. Parece un trabalenguas pero, en realidad, no lo es,.Al contrario, la evidencia histórica, la distintas ideologías que se esconden debajo de la palabra “democracia” y una simple ojeada a todas las naciones que se califican como democráticas, nos puede ayudar a ver que, recubiertas por la ligera costra del calificativo de democrático, se esconden todos los vicios, absolutismos, tiranías, opresiones y totalitarismos, que se han dado y se siguen produciendo en la actualidad.

Si deseamos poner el foco de nuestra atención en la España de hoy, no nos quedará más remedio que reconocer que el estado de los tres pilares, a los que Montesquieu se refirió, deja bastante que desear; al menos en cuanto a lo que los ciudadanos podríamos esperar de cada uno de ellos. Por ejemplo, si queremos hablar del poder Legislativo, centrado en las Cortes, observamos que, el funcionamiento del Parlamento, se ha quedado reducido a ser el centro de los desacuerdos entre los dos grandes partidos mayoritarios; mientras se acentúa el evidente peso de los minoritarios que, por raro que pueda padecernos, son los que, de una forma decisoria, sostienen al Gobierno y condicionan sus actuaciones, pese a que, en muchas ocasiones, se vaya en contra de la opinión de la mayoría de ciudadanos. El Parlamento, en virtud del chantaje de las minorías separatistas (recogido en los acuerdos del Pacto del Tinell), se ha convertido en un lugar donde se practica el monólogo de las izquierdas, sin que los diez millones a los que representa el PP puedan hacer valer sus legítimas aspiraciones; todo ello debido a que, sistemáticamente, se le niegan al principal partido de la Oposición el presentar sus proposiciones ante la Cámara debido al bloqueo sistemático al que son sometidas por parte del Gobierno y sus satélites. Existen leyes importantes, muy necesarias para la gobernabilidad de la nación, que han quedado encalladas a causa de la pasividad o intereses partidarios que impiden que se discutan; por el contrario, otras disposiciones claramente partidistas, evidentemente rompedoras y contrarias, muchas veces, a las prioridades del pueblo español ( los matrimonios homosexuales, la ley del aborto, la EpC etc), son tratadas con la máxima diligencia, como si, de su aprobación, dependiera la salvación de la nación.

Si miramos a aquellos que ostentan la responsabilidad del gobierno de la nación y nos atenemos a su forma de gobernar, no podemos menos que reconocer que sus actuaciones son eminentemente sectarias, basadas en sus idearios partidistas y su sectarismo doctrinal que les ha hecho rechazar importantes proyectos del anterior gobierno, por el simple hecho de ser una mejora conseguida por el adversario político ( enseñanza, Plan Hidrológico Nacional etc.). La política llevada a cabo por el Ejecutivo del señor Zapatero se ha caracterizado durante toda la legislatura por despreciar a su adversario político, achacándole una postura intolerante, la intención de querer “crispar” a los españoles y el buscar, con sus críticas, obstaculizar la labor del Gobierno; sin tener en cuenta que, aparte de que, el deber de toda oposición es fiscalizar y reprochar los errores del Ejecutivo, se da la circunstancia de que han sido ellos mismos los que se han negado a dialogar sobre los temas importantes para la nación y, cuando lo han hecho, siempre ha sido adoptando una postura intransigente en la que, más que discutir un tema, lo que se ofrecido al adversario político ha sido un “trágala”, con una única alternativa: apoyar el texto del Gobierno o salir desairado del encuentro. Eso sí, en todo caso, vendiendo a la opinión pública que el partido opositor “no ha querido ceder en sus propuestas”, que “no ha deseado, en ningún caso, negociar con la Administración” y que “sus pretensiones siempre han tenido un componente jacobino imposible de aceptar”. En realidad, de lo que se trata es de que, el Ejecutivo, nunca ha estado dispuesto a ceder ninguna baza a la oposición, al efecto de conservarse en el poder.

Sin embargo, el pilar que peor ha venido comportándose desde que el PSOE subió al poder ha sido el poder Judicial. Prescindiendo de sus carencias estructurales, de sus problemas materiales y del retraso, en la aplicación de la Justicia, hasta extremos en que, el retardo en sustanciar los expedientes, adquiere tintes de negligencia culpable, con claro perjuicio para los ciudadanos afectados. Lo cierto es que, la ciudadanía, ha llegado a la conclusión de que, en España, la Justicia está desatendida y que el Estado de Derecho, del que tanto se llenan la boca los políticos, no es más que una filfa, una utopía, un concepto vacuo de contenido y algo completamente en desacuerdo con la evidencia demostrada del mal funcionamiento, tanto de la Fiscalía (al mando del señor Conde Pumpido que, por vergüenza ya debiera de haber dimitido); como del Tribunal Constitucional, convertido en un nido de cucos donde, cada grupo de magistrados intenta despernar a sus homólogos del otro bando; todo ello bajo la presidencia de una señora cuya imparcialidad, a la vista del pueblo, resulta más que discutible; mientras, van transcurriendo los años y la resolución de los recursos de un tema, de tanto fuste para España, como es el saber si el Estatut catalán es o no constitucional, se va retrasando; creándose la sospecha de que de lo que se trata es de dar tiempo al tiempo, para acabar por darle el visto bueno. Jueces estrella que tiran por su cuenta, el CGPJ que no emite informes que piensa que le pueden crear problemas (caso de la ley del aborto) y actuaciones sesgadas respecto a delitos, supuestamente, cometidos por unos políticos de un bando y otras, que claman al cielo, respecto a personas que pertenecen al grupo gubernamental (caso del Bar Faisán del chivatazo de un alto cargo policial a la ETA para evitar que los sorprendieran y apresaran o el del señor Chávez, respecto a la concesión de ayudas a la empresa donde su hija es apoderada). En fin, que si juzgamos por lo que observamos: en España lo de democracia no es más que: ¡una filfa!

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