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“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad” Thomas Mann

El TC trata con guante blanco a los secesionistas catalanes

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Decía don Theodore Roosewelt, cuando se refería a la toma de decisiones, lo siguiente: “En cualquier momento de decisión lo mejor que puedes hacer es lo correcto, la mejor cosa siguiente es lo incorrecto y lo peor que puedes hacer, es nada”. Mucho nos tememos que, en este peloteo incesante por la cuestión catalana entre el Gobierno y los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional, en realidad existe una pugna para quitarse, respectivamente, la responsabilidad de encima, en cuanto a apechugar con lo que, en lenguaje castizo, podríamos calificar de “marrón” que, en el caso que nos ocupa, se trata de tomar una difícil determinación, no por supuesto respecto a la legislación que le es aplicable o la gravedad del delito de que se trata, sino por temor a las consecuencias políticas y las posibles reacciones de una parte del pueblo catalán, malignamente contagiado de este virus, que ha conseguido propagarse a través de los años, debido a la incuria de los sucesivos gobiernos de la nación.

Lo cierto es que los gobernantes de la nación española, no han sabido, no han querido o no se han atrevido a utilizar el método más eficiente, consistente en agarrar el toro por los cuernos y derribarlo, para sacarse de encima lo que comenzó con unas pequeñas manifestaciones, que apenas afectaba a un mínimo porcentaje de los catalanes pero que, al tolerarlo, al no darle importancia, al no querer afrontar un tema que les resultaba incómodo y al pretender aprovechar determinadas ventajas, como podía ser el apoyo de los nacionalistas al gobierno de la nación; los gobernantes decidieron dejarlo en barbecho esperando que, el tiempo, lo iría calmando hasta su erradicación por autodestrucción. Erraron y lo hicieron, en ocasiones, por pereza de afrontar una responsabilidad que les era onerosa y, en otras, por una falta de visión política, imperdonable para quienes tenían la obligación de conocer nuestra más reciente Historia.

Y empezaron por no querer acudir a lo más simple, lo más a mano, lo que la propia Constitución española establecía para aquellos casos en los que, quienes ostentaban los altos cargos de los gobiernos autonómicos, se desviasen de sus obligaciones, se retrasasen en sus deberes para con el Estado, incumplieran con sus compromisos solidarios con el resto de la nación o, y esto es hablar de palabras mayores que nunca se pudo pensar que sería necesario reprimir el que, una autonomía, por su cuenta y riesgo, decidiera enfrentarse al resto de la nación, desafiarla y exigirle unilateralmente, por la voluntad de unos pocos que se atreven a invocar el término democracia, cuando no son más que unos ignorante de lo que esta palabra supone, de los deberes que acarrea y del significado que entraña cuando se está en un Estado democrático donde, precisamente, es la opinión mayoritaria la que representa la voluntad de todo el pueblo español, la única que tiene fuerza, mediante la celebración de un referéndum, legalmente convocado en todo el país, la expresión de la verdadera voluntad del pueblo español.

El Art. 155 de nuestra Constitución no está en nuestra Carta Magna de adorno, no es un florero para adornar al resto de disposiciones, sino que tiene una función primordial, un objetivo determinado consistente en impedir, precisamente, que algunos indeseables se atribuyan el derecho de vulnerar las normas, levantarse contra las leyes de un país, negarse a cumplir las sentencias de los tribunales y, desde el propio Parlamento Autonómico, usando los medios públicos, olvidándose de aquellos principios de prometieron defender cuando fueron nombrados para sus puestos, levantarse en rebelión en contra de las normas estatales, declararse en desobediencia hacia las instituciones estatales y, todavía más, usar el victimismo como si los que les que tuvieran que pedirles perdón fueran los españoles y no ellos por su temeridad y actitud levantisca.

¿Por qué no se acudió a este procedimiento? Sencillamente porque en España sólo hay partidismo, los unos aprovechan cualquier ocasión para enfrentarse a los otros, porque el legítimo Gobierno sabía que las dificultades en el Parlamento serían mayores que las que pudieran presentar los responsables autonómicos implicados. El PSOE y su líder, el señor Pedro Sánchez han sido los primeros en los que quebraron la unidad que mantenían todas las autonomías respecto a la actitud rebelde de la comunidad catalana, proponiendo un estado federal. Ya no hablemos de los socialistas catalanes, el PSC, que siempre han mantenido una actitud equívoca al respeto, llegando al extremo de alcanzar acuerdos con BenComú, de la señora Colau, para participar en el Ayuntamiento de Barcelona con el actual alcalde interino, señor Colboni, mientras la titular Ada Colau, se halla ausente. El señor Iceta, su presidente, se ha constituido en la persona más crítica con Rajoy que, hoy por hoy, parece ser la persona que más se viene significando0 en contra del separatismo catalán.

Lo cierto es que se ha preferido el largo, farragoso, especialmente complicado y poco flexible procedimiento de recurrir todo lo que hacen los separatistas catalanes ante el TC que, si bien consiguen la suspensión de los temas recurridos, tiene el inconveniente de que, mientras se resuelven en el Alto Tribunal, los secesionistas continúan trabajando en otros aspectos, de modo que se establece una competición desigual que podríamos comparar con la carrera entre una tortuga ( el TC) y un galgo ( los separatistas), de modo que, cuando se consigue parar un tema ellos, los secesionistas, ya han avanzado por otro lado; con lo que, se quiera o no, se van adelantando en su objetivo de lo que ellos han denominado “proceso constituyente”.

Un ejemplo de lo que estamos comentando es la forma poco efectiva, dilatoria, sin medidas provisionales y evidentemente equívocas con la que el TC se ha despachado sobre el recurso respecto a la última declaración, evidentemente, anticonstitucional y desafiante, presentada por la señora Forcadell en el Parlamento Catalán. Todavía se duda sobre si se le puede aplicar el derecho penal y el mismo tribunal precisa que los que han cometido un delito flagrante contra la unidad de España, tengan 20 días para presentar alegaciones. Mientras, la señora Forcadell se ha ido al extranjero de vacaciones sin que se hayan tomado las mínimas medidas para evitar una posible fuga, como la retirada del pasaporte, ya que no se han aplicado medidas preventivas.

Ni tan siquiera tenemos la certeza de que, si se producen altercados en Cataluña, si los secesionistas deciden crear alborotos callejeros o escraches delante de las viviendas de las autoridades españolas en territorio catalán o se ponen en marcha, como ya está sucediendo, diversas medidas que nada tienen que ver con lo legislado en el resto de la nación ni tampoco, con la exigencias de las normas constitucionales que, para estos sujetos, parece que se han convertido en papel mojado; los catalanes que nos consideramos españoles o los españoles que residen en estas tierra van a ser protegidos o si, si fuera necesario, se llegaría a aplicar el artículo 8º de la Constitución, por mucho que el Gobierno de la nación se muestre reacio a hacerlo. O ¿se dejaría que quienes desobedecen, ningunean, desprecian y se saltan las normas estatales, continúen campando por sus respectos, legislando, como hace la Colau, sin tener en cuenta que, en ocasiones, infringe con ello leyes superiores?

Lo cierto es que en Cataluña, tenemos la desagradable sensación de que, en el resto de España, no hay quien, ni en el Gobierno tampoco, que se tome en serio lo que está sucediendo en esta autonomía y todo se limita a discursos grandilocuentes, declaraciones de que la Ley se va a aplicar o que nadie va a vulnerar la Carta Magna, mientras en Cataluña se vienen violando continuamente, tanto en enseñanza, como en enseñanza del idioma castellano, como en el derecho a rotular en castellano, como en el cumplimiento de sentencias de los tribunales o, ya no hablemos, de la imposibilidad de usar los símbolos de España sin que, los que lo hagan, se exponga a ser objeto de toda clase de mal tratos e imprecaciones.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable sensación de que, entre todos, se está armando un teatro, una representación que no es precisamente un cuento de Dickens para niños, sino más bien una película de gangsters en la que, de momento, parece que quien lleva las de ganar es el Al Capone catalán, sin que aparezca por ninguna parte el Eliot Ness que venga en auxilio de aquellos que, estando en una parte de España, se sienten como si estuvieran en territorio apache.

El TC trata con guante blanco a los secesionistas catalanes

“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad” Thomas Mann
Miguel Massanet
miércoles, 3 de agosto de 2016, 10:08 h (CET)
Decía don Theodore Roosewelt, cuando se refería a la toma de decisiones, lo siguiente: “En cualquier momento de decisión lo mejor que puedes hacer es lo correcto, la mejor cosa siguiente es lo incorrecto y lo peor que puedes hacer, es nada”. Mucho nos tememos que, en este peloteo incesante por la cuestión catalana entre el Gobierno y los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional, en realidad existe una pugna para quitarse, respectivamente, la responsabilidad de encima, en cuanto a apechugar con lo que, en lenguaje castizo, podríamos calificar de “marrón” que, en el caso que nos ocupa, se trata de tomar una difícil determinación, no por supuesto respecto a la legislación que le es aplicable o la gravedad del delito de que se trata, sino por temor a las consecuencias políticas y las posibles reacciones de una parte del pueblo catalán, malignamente contagiado de este virus, que ha conseguido propagarse a través de los años, debido a la incuria de los sucesivos gobiernos de la nación.

Lo cierto es que los gobernantes de la nación española, no han sabido, no han querido o no se han atrevido a utilizar el método más eficiente, consistente en agarrar el toro por los cuernos y derribarlo, para sacarse de encima lo que comenzó con unas pequeñas manifestaciones, que apenas afectaba a un mínimo porcentaje de los catalanes pero que, al tolerarlo, al no darle importancia, al no querer afrontar un tema que les resultaba incómodo y al pretender aprovechar determinadas ventajas, como podía ser el apoyo de los nacionalistas al gobierno de la nación; los gobernantes decidieron dejarlo en barbecho esperando que, el tiempo, lo iría calmando hasta su erradicación por autodestrucción. Erraron y lo hicieron, en ocasiones, por pereza de afrontar una responsabilidad que les era onerosa y, en otras, por una falta de visión política, imperdonable para quienes tenían la obligación de conocer nuestra más reciente Historia.

Y empezaron por no querer acudir a lo más simple, lo más a mano, lo que la propia Constitución española establecía para aquellos casos en los que, quienes ostentaban los altos cargos de los gobiernos autonómicos, se desviasen de sus obligaciones, se retrasasen en sus deberes para con el Estado, incumplieran con sus compromisos solidarios con el resto de la nación o, y esto es hablar de palabras mayores que nunca se pudo pensar que sería necesario reprimir el que, una autonomía, por su cuenta y riesgo, decidiera enfrentarse al resto de la nación, desafiarla y exigirle unilateralmente, por la voluntad de unos pocos que se atreven a invocar el término democracia, cuando no son más que unos ignorante de lo que esta palabra supone, de los deberes que acarrea y del significado que entraña cuando se está en un Estado democrático donde, precisamente, es la opinión mayoritaria la que representa la voluntad de todo el pueblo español, la única que tiene fuerza, mediante la celebración de un referéndum, legalmente convocado en todo el país, la expresión de la verdadera voluntad del pueblo español.

El Art. 155 de nuestra Constitución no está en nuestra Carta Magna de adorno, no es un florero para adornar al resto de disposiciones, sino que tiene una función primordial, un objetivo determinado consistente en impedir, precisamente, que algunos indeseables se atribuyan el derecho de vulnerar las normas, levantarse contra las leyes de un país, negarse a cumplir las sentencias de los tribunales y, desde el propio Parlamento Autonómico, usando los medios públicos, olvidándose de aquellos principios de prometieron defender cuando fueron nombrados para sus puestos, levantarse en rebelión en contra de las normas estatales, declararse en desobediencia hacia las instituciones estatales y, todavía más, usar el victimismo como si los que les que tuvieran que pedirles perdón fueran los españoles y no ellos por su temeridad y actitud levantisca.

¿Por qué no se acudió a este procedimiento? Sencillamente porque en España sólo hay partidismo, los unos aprovechan cualquier ocasión para enfrentarse a los otros, porque el legítimo Gobierno sabía que las dificultades en el Parlamento serían mayores que las que pudieran presentar los responsables autonómicos implicados. El PSOE y su líder, el señor Pedro Sánchez han sido los primeros en los que quebraron la unidad que mantenían todas las autonomías respecto a la actitud rebelde de la comunidad catalana, proponiendo un estado federal. Ya no hablemos de los socialistas catalanes, el PSC, que siempre han mantenido una actitud equívoca al respeto, llegando al extremo de alcanzar acuerdos con BenComú, de la señora Colau, para participar en el Ayuntamiento de Barcelona con el actual alcalde interino, señor Colboni, mientras la titular Ada Colau, se halla ausente. El señor Iceta, su presidente, se ha constituido en la persona más crítica con Rajoy que, hoy por hoy, parece ser la persona que más se viene significando0 en contra del separatismo catalán.

Lo cierto es que se ha preferido el largo, farragoso, especialmente complicado y poco flexible procedimiento de recurrir todo lo que hacen los separatistas catalanes ante el TC que, si bien consiguen la suspensión de los temas recurridos, tiene el inconveniente de que, mientras se resuelven en el Alto Tribunal, los secesionistas continúan trabajando en otros aspectos, de modo que se establece una competición desigual que podríamos comparar con la carrera entre una tortuga ( el TC) y un galgo ( los separatistas), de modo que, cuando se consigue parar un tema ellos, los secesionistas, ya han avanzado por otro lado; con lo que, se quiera o no, se van adelantando en su objetivo de lo que ellos han denominado “proceso constituyente”.

Un ejemplo de lo que estamos comentando es la forma poco efectiva, dilatoria, sin medidas provisionales y evidentemente equívocas con la que el TC se ha despachado sobre el recurso respecto a la última declaración, evidentemente, anticonstitucional y desafiante, presentada por la señora Forcadell en el Parlamento Catalán. Todavía se duda sobre si se le puede aplicar el derecho penal y el mismo tribunal precisa que los que han cometido un delito flagrante contra la unidad de España, tengan 20 días para presentar alegaciones. Mientras, la señora Forcadell se ha ido al extranjero de vacaciones sin que se hayan tomado las mínimas medidas para evitar una posible fuga, como la retirada del pasaporte, ya que no se han aplicado medidas preventivas.

Ni tan siquiera tenemos la certeza de que, si se producen altercados en Cataluña, si los secesionistas deciden crear alborotos callejeros o escraches delante de las viviendas de las autoridades españolas en territorio catalán o se ponen en marcha, como ya está sucediendo, diversas medidas que nada tienen que ver con lo legislado en el resto de la nación ni tampoco, con la exigencias de las normas constitucionales que, para estos sujetos, parece que se han convertido en papel mojado; los catalanes que nos consideramos españoles o los españoles que residen en estas tierra van a ser protegidos o si, si fuera necesario, se llegaría a aplicar el artículo 8º de la Constitución, por mucho que el Gobierno de la nación se muestre reacio a hacerlo. O ¿se dejaría que quienes desobedecen, ningunean, desprecian y se saltan las normas estatales, continúen campando por sus respectos, legislando, como hace la Colau, sin tener en cuenta que, en ocasiones, infringe con ello leyes superiores?

Lo cierto es que en Cataluña, tenemos la desagradable sensación de que, en el resto de España, no hay quien, ni en el Gobierno tampoco, que se tome en serio lo que está sucediendo en esta autonomía y todo se limita a discursos grandilocuentes, declaraciones de que la Ley se va a aplicar o que nadie va a vulnerar la Carta Magna, mientras en Cataluña se vienen violando continuamente, tanto en enseñanza, como en enseñanza del idioma castellano, como en el derecho a rotular en castellano, como en el cumplimiento de sentencias de los tribunales o, ya no hablemos, de la imposibilidad de usar los símbolos de España sin que, los que lo hagan, se exponga a ser objeto de toda clase de mal tratos e imprecaciones.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la desagradable sensación de que, entre todos, se está armando un teatro, una representación que no es precisamente un cuento de Dickens para niños, sino más bien una película de gangsters en la que, de momento, parece que quien lleva las de ganar es el Al Capone catalán, sin que aparezca por ninguna parte el Eliot Ness que venga en auxilio de aquellos que, estando en una parte de España, se sienten como si estuvieran en territorio apache.

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