El Gobierno ha aprobado la presentación de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional contra la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado miércoles. La petición incluye que se explore la posible responsabilidad penal de la Carme Forcadell, que decidió que se debatieran las conclusiones de la comisión que impulsa el proceso secesionista.
Esas conclusiones, que incluyen un referéndum que se convocaría de forma unilateral, desobedecen los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que ha declarado incompetente al Parlament para poner en marcha el proceso secesionista. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español que, a través de sus representantes, puede tomar las decisiones que esté dentro de los límites constitucionales.
