En España se ha llegado a un momento en el que, sea por las causas que fueren, que haberlas haylas, parece que la autoridad se va perdiendo, que las autoridades le tienen miedo a aplicar la Ley y que quienes parece que tienen todos los triunfos a su favor son aquellos que se enfrentan al Estado de Derecho, pretenden imponer el caos en el país y se rebelan contra cualquier intento de poner orden y de establecer las normas que han de regir para que, en nuestra nación, se recobre el sentido común, las buenas costumbres, el patriotismo y el respeto por aquella Constitución, de momento no tenemos otra, que todos nos dimos, mediante referéndum, el año 1978.

El aplicar los consabidos “paños calientes” puede que en algunas cosas de menor relieve, en temas que sean consecuencia de exaltaciones momentáneas, de discusiones de poca trascendencia o que traten de asuntos que, en definitiva, no representan ningún peligro para la sociedad, de los que se podría calificar como de “menor cuantía”; es posible que tuvieran alguna utilidad, pero siempre que el transigir, el ceder, el amoldarse o el conformarse no suponga establecer antecedentes peligrosos, no impliquen permisividades potencialmente dañosas o no se permita, con ello, que las leyes se infrinjan, las normas se salten y los derechos de terceros fueran ignorados.

Es evidente que, el tema catalán, entendiendo por tal la evidencia de que llevan años en su postura de enfrentamiento con el resto de España, no es una cuestión que haya aparecido recientemente, sino más bien una reclamación endémica que, con el tiempo, la pasividad de los sucesivos ejecutivos que, siempre, han considerado como un problema con el que se debía procurar transigir, no “meneallo”, y capearlo con la mayor diplomacia, para no despertar la “bestia separatista” que ha venido latiendo siempre en la sociedad catalana.; precisamente como consecuencia directa de no haberse enfrentado a él con firmeza, rotundidad y expeditamente desde los primeros momentos en los que comenzaron a aparecer los primeros síntomas preocupantes de la reactivación, por algunos políticos catalanes, de aquellas aspiraciones independentistas que surgieron tras las figuras de Maciá y más tarde de Companys.

Es posible que, en tiempos del señor Pujol, hubiera un cierto control de la situación, fueran Convergencia y ERC, los partidos que se atribuían ser los más nacionalistas e independentistas pero que, esta segunda faceta, quedaba en un segundo término respecto a otro tipo de reivindicaciones, principalmente de carácter económico y de demanda de inversiones públicas en la autonomía catalana. Es evidente que el sucesor de Pujol, señor Mas, no ha sido capaz de tener la cintura política de su antecesor, se ha equivocado rotundamente en el enfoque de las reivindicaciones y ha tenido la falta de visión política de lanzarse a pedir la independencia, pensando que le sería fácil convencer a los gobiernos centrales de turno, mediante la amenaza del “ogro independentista”, para que cedieran y le concedieran a Cataluña, no la independencia que, seguramente, en su fuero interno lo calificaba de imposible, pero sí una especie de trato especial para los catalanes que les libraran de su aportación económica solidaria para con el resto del Estado español.

No fue así y, sin embargo, aquellos catalanes extremistas le tomaron la palabra y le han venido exigiendo que avanzara en la dirección que él mismo les había indicado. A Mas le ocurrió aquello de que “el hombre es dueño de sus actos pero es preso de sus palabras”, y ya no le ha quedado otro remedio que seguir la ruta que él mismo se marcó y que partidos como ERC y posteriormente la CUP se han encargado de que no pudiera dar una paso hacia atrás. Hoy Mas es un cadáver político, aunque está intentando actuar de zombi recolocado atribuyéndose, en un gesto suicida, de ser el único capaz de resucitar la vieja CDC. Los que le han sucedido, tanto en el nuevo partido PDC como los que los jalean desde el Parlament y los restos de la ANC no hacen más que empujar, cada vez con más insistencia para que, el enfrentamiento definitivo al Estado español, mediante la publicación de las leyes sediciosas que están elaborando en las correspondiente comisiones de trabajo, se aprueben con la mayor celeridad posible aunque sepan que van a ser anuladas por el TC.

Se trata de aprovechar la debilidad provocada por la imposibilidad de nombrar un gobierno estable en España; se fían de que un gobierno en funciones no se va a atrever a poner en marcha los mecanismos coercitivos que requeriría una situación semejante y esperan que el resto de partidos políticos, aunque oficialmente respalden al Gobierno en funciones, reculen cuando vean que la situación pueda saltar por los aires y sea preciso emplear medidas de mayor entidad para poder dominar la sublevación que se pudiera declarar en Cataluña. No dejan de tener algo de razón y, es por eso que, aquellos que pensamos como Murphy que “cualquier cosa que pueda ir a peor acabará yendo a peor”, estamos con la camisa que no nos llega al cuerpo cuando escuchamos el consabido sonsonete, un clásico en la declaraciones de la señora vicepresidenta del gobierno, señora Sáez de Santa María, cuando repite aquello de que “se actuará con firmeza pero con proporcionalidad”

¿Qué es eso de firmeza y proporcionalidad, cómo se compaginan ambas actitudes?, ¿hay que aplicar las leyes o sólo una parte de ellas?, ¿hay que castigar a unos pocos, para que sirvan de ejemplo o bien se ha de dar un golpe de autoridad metiendo en chirona al Parlament catalán que es quien, con sus votos, permite que se atente contra la unidad de España?, ¿No es éste un caso parecido al citado en Fuenteovejuna, de Lope de Vega; cuando a los desesperados gritos de Laurencia “Llevóme de vuestros ojos/ a su casa Fernán Gómez;/ la oveja al lobo dejáis/ como cobardes pastores. El populacho responde asesinando al comendador y luego, cuando los inquisidores enviados por los reyes preguntan: ¿Quién mató al Comendador?, responden juntos: “Fuenteovejuna, señor” y al insistir los esbirros de la Justicia, con la misma pregunta, la contestación es unánime: “Todos a una, señor” Ante ello, los reyes decidieron dar por terminada aquella investigación, sin castigar al culpable al que no pudieron identificar.

La Constitución es clara respecto a las medidas que se deben acordar en casos mucho menos llamativos y radicales al que estamos padeciendo los españoles por parte de unos delincuentes, que no tienen manía en incumplir los preceptos constitucionales con toda desfachatez, declarando aviesamente su negativa a reconocer la autoridad de dicho tribunal sobre la comunidad catalana y, con la agravante, de tratarse de cargos públicos que, demás, lo son en función de las leyes que regulan las autonomías del Estado español. Aquí, señores, se lleva demasiado tiempo transigiendo. Empezó el señor Rodríguez Zapatero contribuyendo a que se aprobara un Estatuto catalán que no tenía por donde cogerlo; el mismo TC, en parte politizado, se limitó a darle un pequeño lavado de imagen pero consintió que quedara vigente, aún así, aquellos artículos que declaró inconstitucionales sobre la enseñanza del castellano y otros, fueron rechazados por aquellos que tenían el deber de aplicarlos. Y siguen sin cumplirse.

Sería muy difícil que la respuesta a esta provocación se limitara a encausar, por ejemplo, a la presidenta del Parlament catalá, señora Forcadell y permitiera que se salieran de rositas el resto de los implicados en semejante traición al Estado español. Si los partidos político, con el gobierno en funciones a la cabeza, no son capaces de acabar con esta amenaza latente, que ya hace demasiados años que viene corroyendo la unidad nacional y creando antipatías entre los españoles, mejor será que empiecen a pensar en dedicarse a otros menesteres porque, si en España, no hay quienes tengan agallas para garantizar el cumplimiento de la Constitución, dejándose de zarandajas, proporcionalidades y demás estupideces es que, señores, hemos perdido la vergüenza, el honor, la tradición y el respeto por tantos muerto que murieron para defender aquello que ahora, unos descastados, parecen dispuestos a tirar por la borda. Se empieza por despreciar a los patriotas, se sigue insultando impunemente a la bandera, se sigue quemando sin recato los retratos de los reyes, se sigue despreciando las leyes y la Constitución y se acaba por quererse despedir de España, llevándose una tierra que no les pertenece. Y ¿a todo esto no hay quien quiera acabar de una vez con ello? Lo dicho aquí, en España, parece que ya no quedan más que afeminados, machorras, antisistemas y comunistas bolivarianos, porque el resto, señores, no son más que espantajos acobardados que esperan que sean otros los que les saquen las castañas del fuego. ¿Y del artículo 8º de la Constitución? Olvídense de él, porque hace tiempo que los encargados de hacerlo cumplir ya no viven entre nosotros.