Lo que tenía que llegar por fin llegó y lo hizo en uno de los peores momentos en los que pudiera acontecer, cuando España sigue sin gobierno, sin que se vea, a corto plazo, solución política para tal situación y cuando existen posibilidades, quizá no tan remotas como algunos se imaginan, de que pudiera llegarse a un multipartidista gobierno de coalición de los partidos de izquierdas; lo que, sin duda, revitalizaría de su marasmo postelectoral a partidos como Podemos e IU, que parecía que ya habían tirado la toalla dejando, `para otra ocasión, sus aspiraciones a asumir el gobierno de la nación española.

Esa obvio que, este periodo de inestabilidad política, de incertidumbre sobre quien acabará gobernando el país, de interinidad prolongada de un ejecutivo en funciones y de falta de sincronización de quienes tenían en sus manos conseguir aliarse o, al menos, apoyarse para que, el Estado, pudiera seguir operando y la cotidianidad del funcionamiento de las instituciones, las administraciones públicas, las autonomías y los municipios pudiera recobrar la normalidad, que tan precisa se hace para que, España, pueda seguir atendiendo a sus problemas y promulgando las normas más urgentes. como son los PGE para que, la excesiva tardanza en la formación de un gobierno, no acabe por afectar gravemente la economía, la financiación pública, las relaciones exteriores y la estabilidad de nuestras entidades bancarias y demás sociedades crediticias, sin cuyo afianzamiento difícilmente pueden, las empresas, emprender las reformas que vienen precisando; no es absolutamente el más adecuado para que, además, el país se vea obligado a enfrentar una amenaza explícita de secesión como la que, precisamente en el día de hoy, ha suscrito el Parlamento de Cataluña, en un desafío directo a las sentencias del TC y a todas las advertencias, tanto del Parlamento Español, como del Gobierno y de los principales partidos políticos constitucionalistas.

Es obvio que, lo que se ha producido hoy en el Parlamento catalán no es una sorpresa para nadie y, si ello ha sido posible, no se debe más que a la abulia, la falta de rigor, la cobardía, la inoperancia y la negligencia con la que, desde el gobierno de la nación para abajo, se ha tramitado todo este proceso que ya lleva años en estado larvario, que se ha venido anunciando claramente por los que han llevado la batuta del independentismo, especialmente del catalán y que ha pasado por fases en las que, sólo una concepción equivocada de quienes debían haber tomado el toro por los cuernos y aplicar los artículos de la Constitución ( 153 y 155) que contemplaban con absoluta nitidez, lo que se debería hacer cuando, una autonomía, se rebela contra la unidad de España y, como ha sucedido en este caso, se declara en rebeldía en contra del ordenamiento jurídico español y la propia Constitución de 1.978.

Fuere como fuere, hemos llegado a un punto tal, a una situación tan deteriorada y a un desafío tan claro y personalizado en diversos miembros del Parlamento Catalán y de los partidos políticos representados en él, que el menor signo de debilidad, la tentación de hacer la vista gorda, tanto por parte del Gobierno central, como del TC y del propio Parlamento de la nación, estimamos que constituiría un acto de negligencia tal; una traición a la patria; una dejación tan manifiesta de sus obligaciones de defensa de la unidad patria; una omisión inexcusable de aplicar los medios coercitivos previstos por la ley para impedir y sancionar, tanto la publicación de la ley local que de pie a esta amenaza a la integridad de la nación española, como las responsabilidades administrativas y penales que les pudieran corresponder a los autores de semejante desaguisado en contra de la unidad de la nación española.

Ahora ya no vale, como han estado haciendo durante muchos meses, hacer como si no se enterasen, buscar soluciones económicas para intentar saciar a estos tragaldabas del separatismo catalán que, evidentemente, en ningún caso han despreciado las ayudas que se les han venido proporcionando ( hasta el 50% de la dotación al FLA para Cataluña) además de otros múltiples apoyos que, como es natural, han venido repercutiendo en el porcentaje que han recibido otras autonomías menos reivindicativas, que han tenido que aceptar la “ley del más fuerte” a pesar de que sus necesidades de ayuda fueran más evidentes; pero eso sí, sin que todas estas concesiones hayan servido para que, los separatistas, renunciasen a ninguno de sus objetivos en los que, como es obvio, han ido invirtiendo parte de las ayudas recibidas del Estado.

Ha llegado el momento de demostrar a los españoles ( especialmente a los que nos consideramos así, viviendo rodeados de separatistas en Cataluña) que al gobierno español y a los partidos constitucionalistas, no les tiembla la mano a la hora de actuar, de exigir responsabilidades, de activar a las fiscalías para que incoen los oportunos expedientes en contra de los culpables de este acto de secesión y de atentado en contra de la integridad del país y los derechos de todos los españoles que, evidentemente, tienen algo que opinar a la hora de que se ponga en cuestión la españolidad de una parte de la nación española. Nadie, ni el Rey ni el Ejército, ni las autoridades centrales o autonómicas puede mirar hacia otra parte cuando, con todo descaro y apelando a una democracia inexistente, anticonstitucional, imaginaria y que choca frontalmente con la que tenemos todo el resto de los españoles, una pequeña parte de los ciudadanos pretenden imponernos sus descabelladas demandas, ignorando que el territorio español no les pertenece y sólo tienen el derecho a ocuparlo y a gozar de él, sin que se puedan atribuir derechos propietarios que, evidentemente, no les corresponden.

Y no nos asustemos si, en el caso de que estos separatistas no quieran aceptar el cumplimiento de la Ley o intenten hacerse fuertes amparados en sus supuestos prerrogativas autonómicas o atribuirse imaginarios derechos de propiedad sobre el suelo catalán, y no se avengan por las buenas a cejar en su actitud levantisca, sometiéndose de nuevo a las leyes españolas, que se tenga que recurrir, como último recurso, a lo establecido en el artículo 8º de la Constitución, si hubiese algún conato revolucionario o, como ha ocurrido en otras ocasiones, los más irreductibles se empeñan en imponernos, a la fuerza, lo que no pueden hacer por las leyes o lo que les está vedado por la Constitución española. Seguramente si, en su momento, antes de que el sentimiento nacionalista hubiera crecido tanto, gracias a la impunidad con la que, los activistas catalanes, pudieron hacer apología de sus ideas separatistas, ante la más completa pasividad de aquellas autoridades que debieron poner coto y aplicar el código penal para acabar con aquellos primeros conatos; España no se encontraría en estos momentos ante la evidencia de que, del problema catalán, pueden derivarse situaciones que pueden requerir adoptar actitudes más serias y con repercusiones más acusadas, que aquellas con las que fácilmente se hubiera acabado con aquellos primeros focos de rebeldía.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos como, en una parte de España, los españoles no tenemos la libertad de actuar como otros conciudadanos, de otras autonomías, pueden hacerlo. No es cierto de que las leyes españolas se respeten en todas España y tampoco que los españoles tengamos derecho a que se nos atienda en castellano o que podamos poner rotulaciones en castellano en los comercios o restaurante catalanes o exhibir nuestra bandera nacional como, por ejemplo, hacen con toda normalidad los ciudadanos americanos con la suya; sin exponernos a ser agredidos, insultados o injuriados por el mero hecho de considerarnos catalanes pero, sobre todo, españoles. Y quien no se lo crea, nada más tiene que tomarse la molestia de venir a pasarse unos días en esta región, por otra parte preciosa y de clima insuperable, del Este peninsular.