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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

La caridad empieza por las obras

E. J. Dionne
E. J. Dionne
lunes, 28 de septiembre de 2009, 06:37 h (CET)
WASHINGTON - Si los que no tienen seguro no pueden contar con que los benefactores les ayuden, ¿a dónde pueden acudir?

La pregunta se plantea porque algunos dirigentes del sector de nuestra sociedad dedicada a los esfuerzos cívicos trasladaron esta semana sus esfuerzos a bloquear una manera perfectamente razonable de recaudar algo de dinero para ampliar la cobertura sanitaria a los que no la tienen.

En la picota, la propuesta avanzada por un buen número de senadores, incluyendo a Jay Rockefeller y John Kerry, que impondrá límites a las deducciones fiscales que pueden presentar los benefactores filántropos. Su propuesta de modificación ni siquiera va a perturbar las deducciones existentes, y es mucho más limitada que la idea sensata avanzada siguiendo las mismas directrices a principios de este año por el Presidente Obama.

Con los recortes fiscales de la era Bush caducando en el año 2011, el tipo máximo impositivo pasará del 35 por ciento al 39,6 por ciento. Esto sólo afecta a las familias con ingresos imponibles de aproximadamente 370.000 dólares al año o más.

Para ayudar a pagar la ampliación de la cobertura sanitaria, los senadores proponen que las deducciones concretas adoptadas por aquellos de rentas elevadas se limiten donde se encuentran ahora. Así que a partir del año 2011, las personas que se encuentran en el tipo impositivo máximo que realizaron donaciones las deducirían a partir de impuestos por un valor de 35 centavos el dólar, no 39,6 centavos de dólar. La gente de la horquilla tributaria siguiente, los que ganan entre 210.000 y 370.000 dólares, disfrutará de deducciones fiscales aún mayores de las que disfrutan ahora. Se estima que el plan recaudará alrededor de 90.000 millones de dólares a lo largo de una década.

A principios de año, Obama propuso limitar la deducción de 28 centavos por dólar tributado, lo que habría recaudado más de 300.000 millones de dólares y resuelto gran parte del problema de la financiación de la reforma sanitaria.

Pero la idea de Obama fue tumbada, y ahora un grupo de administradores de organizaciones filantrópicas -- incluyendo representantes del Consejo de Fundaciones, la Asociación Norteamericana de Museos y, llamativamente, el Instituto Americano de Investigación Oncológica -- quieren tumbar también la propuesta nueva.

"Con tantos estadounidenses dependientes del sector de la beneficencia," se quejaban airadamente en un escrito dado a conocer el lunes, "simplemente no es momento de poner en peligro las donaciones a fondo perdido que son tan importantes para su fortaleza."

Hay muy pocas pruebas de que este pequeño cambio fiscal vaya a perjudicar lo más mínimo a la donación sin ánimo de lucro, y también está el problema de la lógica: Cuando se implantaron los recortes fiscales Bush, estos colectivos no se quejaron de que los donantes de caridad sólo pudieran deducir 35 centavos por cada dólar donado. Si eso era tan terrible, estos colectivos tuvieron casi una década para quejarse. Se quedaron callados. ¿Por qué se rasgan las vestiduras ahora diciendo que 39,6 centavos deducidos de cada dólar donado es un importe intocable?

Mucho peor es la señal que esto envía: Si los grupos, hasta aquellos cuya misión misma se encamina a la obra social, no pueden asumir riesgos modestos ampliando la sanidad, ¿cómo puede alguien esperar que paguen un poco más en concepto de imperativo moral? De hecho, parece que casi todos los grupos se resisten a casi cualquier propuesta que sufragara la atención médica.

La reforma sanitaria fracasará si incluye la obligación de que todo el mundo tenga un seguro pero no proporciona subsidios lo bastante generosos para abaratar la cobertura destinada a los estadounidenses de rentas modestas o muy modestas. Sí, el gasto se verá contenido mediante la opción pública, o por lo menos un mecanismo de activación que ponga en marcha un plan público alternativo en los mercados que carezcan de competencia real. Pero con opción pública o sin ella, contar con subsidios decentes es esencial.

Los subsidios cuestan dinero -- un motivo de que sea desafortunado que el presidente fije un límite artificial al coste de un proyecto de ley a lo largo de 10 años en un entorno de 900.000 millones de dólares.

Casi todo el mundo se olvida de un hecho esencial: (BEG ITAL)Este dinero no se sumará al déficit (END ITAL). Los proyectos de ley están diseñados para financiarse solos (al contrario que, por ejemplo, los recortes fiscales Bush). El coste real de hacer esto bien probablemente se acercará a la cota de los 1,2 billones de dólares avanzada por la propuesta bipartidista presentada este año por los ex senadores Bob Dole, Tom Daschle y Howard Baker. Pero cualquiera que sean las cifras a las que finalmente acceda el Congreso, los subsidios tendrán que ser suficientes y habrá que financiarlos.

Esto significa que los grupos de interés izquierdistas tienen que abrirse a ideas de recaudación que no son de su gusto, como alguna forma de imposición fiscal a los planes de salud destinados a funcionarios y empleados sindicales. También significa que los moderados que se valen del equilibrio fiscal no pueden simular que las subidas fiscales desagradables se pueden evitar limitando el gasto a expensas de los que no tienen seguro o no se lo pueden pagar.

Si alguien tendría que entender esto, serían los administradores de nuestras organizaciones de beneficencia. Tal vez sean lo bastante benéficos para reconsiderar su postura.

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