Amnistía Internacional ha recogido testimonios que demuestran que las personas detenidas por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio están siendo sometidas a detenciones arbitrarias, torturas, violaciones e incluso desapariciones forzosas. Más de 10.000 personas han sido detenidas tras la asonada fallida.

"La Policía mantiene a los detenidos en posturas incómodas, les niega la comida, el agua y el tratamiento médico, son sometidos a insultos y amenazados, golpeados y torturados con prácticas que suponen violaciones y agresiones sexuales", denuncia Amnistía.

Los sospechosos están retenidos en prisiones y comisarías, pero también en centros informales tales como gimnasios, establos y pasillos de sedes judiciales, sin acceso a abogados privados, solo a los del Colegio de Abogados, y en muchas ocasiones sin acceso alguno a abogado ni comunicación con sus familiares. De hecho, a muchos de ellos no se les ha informado de los cargos de los que se les acusa.

El informe de Amnistía ha sido elaborado a partir del testimonio de abogados, médicos y funcionarios de centros de detención. Todos ellos han hablado bajo condición de anonimato porque temían por su seguridad.

Dos abogados de Ankara han relatado que sus clientes han asegurado haber visto cómo varios altos cargos militares eran violados con porras o con el dedo por policías. Un trabajador de la Comisaría Central de Ankara ha informado de que hay entre 650 y 800 militares retenidos en el gimnasio de la comisaría y que hasta 300 tienen signos evidentes de haber sido golpeados.

Muchos de ellos tienen hematomas visibles, cortes o fracturas y hasta 40 están tan malheridos que no pueden caminar. Uno de ellos con una visible hinchazón en la cabeza no podía levantarse ni enfocar la vista y terminó desmayándose. La fuente asegura que escuchó a un médico de la policía decir: "Que se muera. Diremos que llegó muerto".

Los propios policías se jactan en conversaciones de que han golpeado a los detenidos "para que hablen", siempre según el trabajador consultado por Amnistía.

PROCESOS JUDICIALES IRREGULARES
Los abogados aseguran por otra parte que muchos de los detenidos llegan a las vistas con la camisa ensangrentada. Un abogado del Tribunal de Caglayan de Estambul ha relatado que uno de los detenidos intentó lanzarse por la ventana de un sexto piso y que otro no dejaba de golpear la pared con la cabeza.

Además, los acusados comparecen ante el tribunal en grupos de hasta 20 y 25 personas, lo que dificulta el derecho a un juicio justo y los jueces ordenan prisión provisional sin fianza para cualquier militar que saliera de su base en la tarde del golpe de Estado sin importar sus motivos.

"Detener a las personas sin cargos penales y sin demostrar que tienes pruebas de actos criminales es por definición arbitrario e ilegal", ha añadido Dalhuisen. "Es necesario investigar estas prácticas irregulares y aparentemente sistemáticas", ha advertido.

Amnistía denuncia igualmente el decreto gubernamental que amplía de 4 a 30 días el plazo del que disponen las fuerzas de seguridad antes de tener que presentar al sospechoso ante los tribunales. "Este cambio expone a los detenidos al peligro de más torturas y maltratos", argumenta. Además, el decreto autoriza a monitorizar incluso presencialmente los encuentros entre acusados y abogados.

"A pesar de las impactantes imágenes y vídeos de torturas que se han visto en todo el país el Gobierno mantiene un silencio evidente sobre estos abusos. No condenar el maltrato o las torturas en estas circunstancias supone consentirlos", ha argumentado el director para Europa de Amnistía Internacional, John Dalhuisen.

Como respuesta a esta situación, Amnistía propone la intervención del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que tiene capacidad para visitar sin previo aviso los centros de detención en Turquía en virtud de su pertenencia al Consejo de Europa. "El Gobierno turco tiene obligación de cooperar con el CPT.