Toda situación es siempre susceptible de empeorar. Esta afirmación bastante pesimista parece confirmarse en España cada día y en todos los campos, pero quiero referirme ahora al sangriento tema del aborto.

La ley de 1985 que despenalizó el aborto en determinados supuestos era una mala ley, con un supuesto convertido en coladero, como ha demostrado el aumento escandaloso de los mismos. A pesar de los informes estadísticos del Instituto de Política Familiar señalando que el aborto era la primera causa de mortalidad en España, con más de 120.000 niños asesinados en el seno de sus madres, la sociedad española, mayoritariamente, ha mirado para otro lado.

Solo cuando Intereconomía entró en una clínica abortistas y mostró la sordidez de su infame negocio y puso en nuestras pantallas un niño descuartizado comenzamos a salir de nuestra indiferencia. Otros pocos medios, con más empuje que medios, comenzaron sus campañas pro-vida.

La reacción del gobierno ha demostrado la exactitud de la frase con la que comenzaba este artículo. En lugar de poner coto al infame negocio del aborto y reflexionar sobre las causas que llevan a abortar a tantas jóvenes y adolescentes, causas que ha propiciado el gobierno mismo, al favorecer y propagar una sexualidad irresponsable, decide hacer una nueva ley de plazos que pretende convertir un delito en un derecho y ofrecer “seguridad jurídica” a los médicos convertidos en matarifes.

Todo esto bebiendo en las nauseabundas aguas de varios organismos de la ONU, ocupados y tomados por diversos grupos de presión como el Centro de Derechos Reproductivos o la Federación Internacional de Planificación Familiar, que luchan denodadamente por imponer el aborto y la contracepción en todos los países del mundo, al mismo tiempo que difunden el engañoso lema de buscar la salud sexual y reproductiva de la mujer y su derecho a decidir.

Ante la manifestación anunciada para el 17 de octubre contra esta ley, el partido de la oposición dice que votará en contra, pero no para ofrecer una mejor sino para que se mantenga la anterior, que ha demostrado de sobra su malicia. Todas las mujeres abortan por el último supuesto de la ley, el coladero de la salud mental, lo cual no deja de ser bastante raro, salud sobre la que dictaminan, sospechosamente, facultativos empleados o socios de las mismas clínicas.

Así que, en mi opinión, la cuestión tiende a empeorar tanto por parte del gobierno como de la oposición. Uno obsesionado con su populismo progre que proclama la extensión de nuevos y extraños derechos y el otro preocupado por los posibles votos que pueda perder si se opone frontalmente al aborto y al desmadre que padecemos.