Los ciudadanos españoles no siempre están en condiciones de saber lo que pasa por las mentes de aquellos que forman la cúpula de los partidos a los que han votado, a los que les han concedido su confianza y en los que esperan que sepan tomar las decisiones más atinadas, mejores y más sabias en orden a la marcha del país, al bienestar de sus ciudadanos y en la prosperidad de su economía, el incremento del trabajo y la seguridad de todos los españoles. Como es natural que suceda, hay temas que nos están vedados, porque es mejor que se mantengan en un discreto silencio; los hay que puede que no convenga divulgar antes de tiempo para que no se malogren, pero cuando se trata de tomar decisiones en las que se pueda poner en cuestión el cumplimiento de los preceptos constitucionales, los conceptos fundamentales de un Estado de Derecho; los valores, la moral y la ética que se supone defiende el partido al que se ha votado y las relaciones con nuestros vecinos europeos con los que tenemos lazos económicos, financieros, comerciales y sociales; entonces, señores, estamos en nuestro derecho de emitir nuestro parecer, aunque pudiera no gustar a quienes ostentan la dirección del partido al que pertenecen o simpatizan los que lo critican.

Nadie pone en duda, ni sus adversarios políticos, el derecho que tiene el señor Rajoy a aspirar a presidir el gobierno de la nación española; nadie puede reprocharle, porque su victoria lo confirmó como el jefe del partido más votado y el único que consiguió un aumento del número de escaños notable, que intente formar gobierno con algún o algunos partidos de la oposición y, tampoco se le puede pedir que deba ceder en algunos puntos de su programa de gobierno, para lograr el apoyo de otras formaciones políticas más afines a su ideología, que permitieran que el PP consiguiera una mayoría suficiente en el Parlamento ( en el senado ya tiene mayoría absoluta) para poder gobernar, con una cierta comodidad, promulgar leyes y llevar una política exterior ajustada a lo que le exigen sus compromisos con la UE.

Sin embargo, durante estos últimos días, en los que las consultas que ha mantenido Rajoy con los líderes de Ciudadanos, Podemos, ERC, y, finalmente, con el señor Pedro Sánchez del PSOE, se han caracterizado por la cortesía, la corrección, los buenos modos pero, en ningún caso, se ha conseguido un apoyo explícito a la investidura de don Mariano, ni mucho menos predisposición a formar una coalición para la legislatura, dejando las expectativas de formar un gobierno estable en el alero del tejado del PSOE que, por si fuera poco, ha repetido hasta la saciedad que no van a dar apoyo al PP ni por activa o por pasiva ( abstención), eso sí, en un alarde de hipocresía y sarcasmo, no hacen más que repetir que la pelota está en poder del PP y que a él le corresponde conseguir los apoyos, que ellos saben perfectamente que, salvo el de Ciudadanos ( que se ha comprometido a abstenerse en una segunda votación, pero que ha mantenido su posición de no formar parte de ninguna coalición con el PP, salvo que el PSOE también estuviera en ella.) ninguno de los partidos de izquierdas estaría dispuesto a echarle una mano a un partido de derechas, presidido por Rajoy.

Todo ello entra dentro de lo que se puede considerar como el juego político; una parte de lo que se entiende como el estira y afloja que los partidos ponen en practica para intentar sacar el máximo beneficio que les proporciona el poder ayudar a gobernar al partido más votado o a una coalición de partidos que reúnan los escaños suficiente para permitir hacerlo. Pero, señores, como en todas las cosas de la vida, existen una barreras, unos límites que no deben traspasarse, unos principios y valores que bajo ninguna razón deben ser objeto de negociación ni de moneda de cambio para conseguir gobernar el país. Y en este punto es donde los ciudadanos de a pie o, al menos una parte importante de ellos que votaron, en las últimas elecciones al PP, con el objeto de que tuviera fuerza suficiente para constituirse en el gobierno de la nación y conseguir que, aquellos temas fundamentales que es preciso mantener y no son negociables, permanezcan intocables, se salvaguarden en los mismos términos que figuran en nuestra Constitución y sigan siendo una referencia para cualquier gobierno que pudiera constituirse, en el futuro, en la nación española.

Últimamente, tenemos la desagradable sensación de que, dentro de la dirección del PP, se están produciendo movimientos que buscan, como sea y pese a quien pese, que se consiga doblegar al PSOE aunque, para ello, haya que ceder en todos los puntos de su programa, arrodillarse ante Pedro Sánchez y aceptar todo lo que se les exija, con tal de conseguir formar un gobierno que, en tales circunstancias y para el resto de la legislatura, adolecería de falta de solidez, de dependencia de las mayorías de las cámara, expuesto a tener que tirar la toalla a los pocos meses de ejercer el gobierno y, por añadidura, haber quedo mal ante nuestros socios europeos si, como parece que están dispuestos a hacer los que pretenden cambiar la nueva legislación laboral surgida, precisamente, de las exigencias de Bruselas para apoyarnos en puntos, como el rescate Bancario ( 40.000 millones de euros). Precisamente, acabamos de saber que, el PP, en estado de aparente desesperación, se ha ofrecido a negociar sobre el tema de los cambios experimentados por la legislación laboral que nos impuso Bruselas, que tan buen resultado han tenido en orden a la recuperación incipiente de nuestra nación, a la mejora del empleo y a la evidente expansión industrial y comercial que viene experimentando nuestro país, a pesar de las inquietudes despertadas por la inestable situación política derivada del tema separatista (una de las cuestiones pendientes del Ejecutivo, que parece no saber como resolver) y la dificultad de formar un gobierno capaz de inspirar confianza en las instituciones europeas.

Se teme que tengan que convocarse, por el Rey, unas nuevas elecciones para Noviembre; todos los partidos parlamentarios, de boca para fuera, las rechazan frontalmente argumentando que esto sería muy malo para España y que no se tendría garantía alguna de que los resultados cambiasen. Lo mismo dijeron todos los que querían salvar los resultados del 20D, respecto a lo que sucedería si el señor Sánchez, comisionado por el Rey, no conseguía los apoyos necesarios para ser investido. Es cierto que, para la mayoría de los partidos que se presentaron a las elecciones del 26J, los resultados no acompañaron a sus esperanzas. Incluso los señores de Podemos e IU, que se presentaron juntos esperando que la sinergia que se produciría de semejante alianza, les iba a proporcionar el número de votos suficientes para adelantar al PSOE; tuvieron que admitir que, el igualar el número de escaños conseguidos, por separado, en los anteriores comicios, había sido un verdadero fiasco para lo que habían sido sus esperanzas de dar el aldabonazo electoral.

Pero no todo fueron fracasos. El PP, que había sufrido el desgaste de haber gobernando en circunstancias difíciles, tuvo que apechugar con las reformas que se nos exigieron de Europa, tuvo que aumentar impuestos, recortar salarios, soportar un paro superior al 23% y bregar contra viento y marea para que, una España que se estaba hundiendo económica y financieramente, consiguiera superar el bache y, a base de sacrificios y recortes, empezar a darle la vuelta a la toritilla, de modo que, en la actualidad, si no estuviéramos a punto de una fractura social, la situación de las empresas y de la economía patria sería esperanzadora y se darían los factores necesarios para poder dar el gran salto a una situación de privilegio dentro de Europa, si se tiene en cuenta que se tiene previsto que el incremento del PIB de nuestro país para este ejercicio, alcance la cifra del 3%, el doble del que se tiene calculado para el resto de la CE.

El señor Rajoy y su actual equipo de gobierno corren el riesgo de actuar, a toda costa y sin reparar en consecuencias, dejándose llevar por la tentación de seguir cediendo ante sus adversarios políticos hasta que, el programa que ha venido defendiendo y que ha sido el que ha impelido a las personas sensatas de este país a votarles, a pesar de que muchos hayamos pensado que, algunas partes del programa que llevó al PP a conseguir la mayoría absoluta en las elecciones del 20N del 2001, no se haya cumplido por miedo, un miedo absurdo teniendo la mayoría absoluta, a que el resto de partidos de izquierdas no se conformara con ello e intentaran conseguir, por medios extraparlamentarios, impedirlo. Si tenemos en cuenta que pronto llevaremos un año perdido entre dimes y diretes y la falta de entendimiento entre las distintas formaciones políticas persiste, si no hay acuerdo para formar gobierno, quedarán dos meses para reflexionar ( un plazo absurdo porque, como se demostró en el caso anterior, fue irrelevante a efectos de conseguir su objetivo) y, en el caso más que probable de que, en este término tampoco hubiese acuerdo, el Rey debería convocar nuevas elecciones que pudieran tener lugar en los primeros días del próximo mes de noviembre.

Los expertos parecen coincidir en que, unos terceros comicios ( seguramente muy mal recibidos por la ciudadanía que reprocharía a los partidos por no haber aceptado los resultados de las urnas y haberse avenido a coaligarse) serían muy malos para el PSOE si, por culpa de su negativa a formar una alianza con el PP, no se llegara a acuerdos; seguramente sería muy perjudicial para Ciudadanos y, con toda probabilidad, los votantes le imputarían a su líder, señor Rivera, el no haber sabido aprovechar la oportunidad de llegar al gobierno del Estado de la mano del PP), es posible que Podemos, con la piel de cordero que se puso ya en las pasadas elecciones consiguiera, a costa del PSOE y de Ciudadanos, ampliar algo su clientela pero, a quien coinciden casi todos que les sería muy favorable, sería al PP del señor Rajoy que, posiblemente, tendría una fuerte subida que le permitiera, en esta nueva ocasión, aspirar con todos los pronunciamientos a su favor, hacerse con la presidencia del gobierno de España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, pensamos que, antes de tirar la casa por la ventana, como habitualmente se dice, y exponerse a caer en la trampa de la izquierda cediendo ante las duras exigencias del PSOE, sería mejor que se tuviera que acudir, en el mes de noviembre del 2016, a una nueva consulta para que los ciudadanos pudieran decidir definitivamente quien se llevaba el gato al agua. No falta tanto tiempo y aclararía el panorama político, actualmente tan enrarecido.