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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

El sensible enfoque de la representante Capps

Ruth Marcus
Ruth Marcus
jueves, 10 de septiembre de 2009, 01:41 h (CET)
Visto: "El Presidente Obama y los principales líderes Demócratas del Congreso están impulsando a marchas forzadas proyectos de ley sanitaria que se traducirán en que el gobierno federal financiará las interrupciones voluntarias del embarazo," advierte el Comité Nacional Antiabortista.

Visto: Un anuncio televisivo del Family Research Council presenta a una pareja de ancianos - Harry y Louise, asegurados por Medicare - sentados en su mesa de la cocina preocupados por cómo pagar una operación necesaria. "No van a pagar mi cirugía, pero estamos obligados a sufragar los abortos", dice el anciano.

Visto: El secretario de la minoría en la Cámara John Boehner afirma que el proyecto de ley de salud de los Demócratas de la Cámara "terminará en la cobertura con garantía federal por ley de la interrupción voluntaria del embarazo en todos los planes de salud de Estados Unidos", haciendo "ilegal que las aseguradoras a nivel nacional – hasta los centros hospitalarios católicos o de iniciativa religiosa... -- proporcionen algo que no sea la interrupción voluntaria de la gestación a todo aquel que lo solicite."

Va usted a escuchar más de lo mismo. No se lo crea. Estas declaraciones incendiarias hacen un flaco favor a una compleja cuestión de legislación pública: ¿Cómo, en el contexto de la reforma de la salud, se equilibran los puntos de vista muy cercanos a ambas partes en el debate sobre el aborto?

Estoy firmemente de parte de aquellos que creen que la decisión de abortar debería dejarse a la mujer. Pero respeto a aquellos que creen fervientemente que el aborto es quitar la vida humana, y por tanto soy sensible a las preocupaciones de que sus impuestos se utilicen para pagar el procedimiento.

En realidad, vamos a recordar: El dinero de los impuestos ya se utiliza para pagar abortos. Hasta la Enmienda Hyde, que desde 1976 ha prohibido el uso de fondos federales de Medicaid para pagar abortos, hace una excepción en los casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre. Los estadounidenses que creen que el aborto no debe permitirse, ni siquiera en estos casos, están obligados a pagar igual, sí, impuestos para sufragar estos procedimientos.

En un plano más sutil, el gobierno federal ofrece incentivos fiscales a la firma de un seguro de salud y subsidios a personas que han perdido la cobertura de su trabajo - sin excluir los planes que cubren los casos de aborto. Una vez más, dinero de los impuestos.

Sin embargo, el estatus quo consiste en general en alejar el dinero federal de los abortos. La atención sanitaria a los miembros de las fuerzas armadas no incluye la cobertura de la mayoría de las interrupciones del embarazo. Tampoco el seguro ofrecido a los funcionarios federales.

Al mismo tiempo, la mayoría de las aseguradoras privadas sí ofrecen cobertura a los casos de aborto. Así que la cuestión del aborto inevitablemente surge en el contexto de la reforma de la salud - a pesar del comprensible deseo del Presidente Obama de "no distraerse por el debate del aborto".

La polémica tiene dos dimensiones: En primer lugar, si se crea un plan público, ¿deben incluirse los casos de aborto como parte de los servicios prestados? En segundo, incluso sin un plan público, ¿debe tolerarse u obligarse a que los planes de las aseguradoras privadas que suplanten dicha opción cubran el aborto - a pesar de que fondos del gobierno subvencionarán parte, pero no a todos, los que se aseguren de esta manera?

La única medida del Senado en haber visto la luz hasta el momento no se pronuncia en la materia. En la Cámara, una enmienda presentada por la Representante Lois Capps, Demócrata de California, enhebra muy bien estos temas.

Con respecto a las aseguradoras, la Enmienda Capps deja claro que las empresas participantes en la suplencia del plan público no pueden ser obligadas a incluir el aborto y las pólizas - contrariamente a la afirmación de Boehner – no pueden discriminar a las aseguradoras que se nieguen a practicar abortos.

Además, requiere que el cambio del plan público incluya por lo menos un plan sin cobertura del aborto – aliviando a los detractores del aborto del temor a que los cargos de sus seguros se utilicen para pagar abortos - y un plan con cobertura. Los planes privados que incluyan la cobertura del aborto tendrían que evaluar una prima por separado para ese servicio, y mantener el dinero aparte.

El aspecto más cuestionable y políticamente vulnerable de la enmienda Capps implica el plan público. Se prevé que el aborto, si se incluye entre los servicios cubiertos, sólo se podrá financiar a través de un fondo independiente de contribuciones puramente privadas - como con el plan privado. Esto es aún más estricto que las normas de Medicaid bajo las que los estados están autorizados a utilizar su propio dinero para pagar los abortos.

Es difícil imaginar cómo elaborar un enfoque más sensible - que no sea diciendo a las mujeres que firman seguros a través de acuerdos que pagan íntegramente de su bolsillo que no pueden estar cubiertas en caso de querer interrumpir su embarazo.

Una vez más, eso no tendría nada de malo para algunos de los críticos. Otros se dan por satisfechos aprovechando cualquier polémica, al margen de lo engañosa que sea, que pueda hacer descarrilar el proyecto principal.

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