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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

¿Dónde está el límite a la intimidad de los trabajadores?

Ángel Ruiz Cediel
Redacción
miércoles, 9 de septiembre de 2009, 02:09 h (CET)
En éste nuestro Estado de Derecho lo que falla es el Estado de Derecho, porque tenemos un Estado de Firmes. Parece una locura, pero aunque nos jactamos de que progresamos, lo hacemos hacia atrás, y más que avanzar en la aplicación de las libertades en realidad las estamos dilapidando.

La más que discutible falta de empleos estables —artimañas de las grandes empresas para hacer su agosto a costa de la crisis—, está facultando que algunas grandes superficies estén convirtiendo a los trabajadores en esclavos sin derechos. No; los trabajadores no tienen derecho a descanso de fin de semana, lo que conlleva que se les niegue la oportunidad de mantener una vida de relación estable con sus familias o amigos, ni tienen derecho a la intimidad, pues que les registran a la entrada y especialmente a la salida de sus trabajos como si fueran delincuentes, sino que ahora, además, esas pérfidas empresas quieren que sus empleados se descalcen a la salida para comprobar si hurtan pequeños bienes que pudieran esconder en los zapatos. Mala cosa es que se le prive a un trabajador de descansar los fines de semana de una forma regular, sobre todo considerando que eso no revertirá en un mayor beneficio para la empresa (los ciudadanos tienen la capacidad de gasto que tienen, por más que abran los establecimientos día y noche); pero el que ahora registren su cuerpo —el que proteste, despedido— es algo que transgrede de lejos los derechos constitucionales de los individuos.

¿Dónde está el límite de estos abusos, y cuándo los medios del Estado —políticos, policías, fiscales, jueces, etc.— van a intervenir para que la Constitución se cumpla?... Estos abusadores profesionales que son las grandes superficies, valiéndose de la impunidad conque les faculta la desidia de los funcionarios del Estado y su relajación punitiva para hacer cumplir las leyes, está llegando demasiado lejos. Si los trabajadores pueden ser registrados por cualquier bindundi de seguridad mercenaria o privada, simple y sencillamente porque una dirección que ha perdido la chaveta se le antoja, sin duda la cosa irá a más, y todo eso de que tengan que enseñar qué llevan en el bolso no fue sino el principio que se ha propagado con tener que descalzarse ante los seguratas para que estos, tal vez pervertidamente, olisqueen sus pies. No es una locura, pues, que si los trabajadores pueden esconder algún objeto en sus zapatos, con mayor razón podrían hacerlo en el recto o en la vagina, y uno se plantea si las empresas de seguridad, siguiendo instrucciones de esas enajenadas direcciones, pondrán en plantilla legiones de proctólogos o de ginecólogos, o si el mismo segurata estará autorizado a meter en sus dedos en las cavidades corporales de los empleados para verificar que no son ladrones.

Esta aberración delictiva debe terminar ya, y esas empresas ser multadas de firme, y aún los directivos y los seguratas detenidos por violación de los derechos constitucionales de los trabajadores, recayendo sobre ellos todo el peso de esa ley que cada día más parece dibujada para ciertos golfos y en detrimento de los ciudadanos. Demasiado nos estamos acostumbrando a que el ciudadano tenga que demostrar continuamente su inocencia ante cualquier don nadie con un poco de poder, así en los juzgados como en lo cotidiano de cada día, y demasiado impasiblemente estamos presenciando cada día cómo se van cercenando los derechos en beneficio de las políticas nazis de las grandes superficies. Nadie debería poder ser registrado, ni siquiera en su bolso o sus bolsillos, si no media una orden judicial. Sin embargo, sucede, porque a los fiscales y jueces lo que les importa, por lo que se ve, es medrar en política, y mientras tanto el cmplimiento de la ley está manga por hombro. La ley, adempero, está para ser cumplida, y así lo juraron desde el rey a los ministros, pasando por los policías y funcionarios judiciales, lo que a todos ellos les convierte en cómplices de una vulneración de los derechos constitucionales de los trabajadores, que, desde luego, no es un asunto menor.

Excesiva grandilocuencia tienen nuestros nefastos e incompetentes políticos, porque fuera de sus palabras, lo que hay a ras del suelo, en la sociedad, no es sino un desmadre tal de las grandes empresas que han convertido a todos los trabajadores en delincuentes en potencia, o, por lo menos, consienten que se les trate como tales. Lo que me resulta más difícil de entender, es que esos mismos trabajadores sean capaces de votar a cualquiera de estos incompetentes. Lo que se merecen nuestros políticos, en el mejor de los casos, es el desempleo y que se les aplique la ley por faltar tan meridianamente a su juramento de cumplir y hacer cumplir la ley. A ellos sí que habría que registrarles, y bien a fondo.

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