“El Reichstag ha sancionado por unanimidad la siguiente ley, que queda promulgada por la presente”. Así comienzan las conocidas y criminales “Leyes de Nuremberg” publicadas en el boletín oficial alemán el 15 de septiembre de 1935. Dichas leyes serían las que darían apariencia de legalidad al horror y serían también las que servirían de excusa para que, en nombre del positivismo jurídico, los abogados de los dirigentes nazis defendieran durante los “Juicios de Nuremberg” los crímenes cometidos o ayudados a cometer por sus clientes. Defensa que se basaba en que las leyes nazis habían sido aprobadas siguiendo el procedimiento legal para ello establecido, ratificadas por el parlamento y que sus ejecutores serían algo así como meros funcionarios que cumplían órdenes del gobierno. “Ley es Ley”, afirmaban y afirman los positivistas seguidores de Kelsen, que viene a ser al Derecho lo que Keynes a la Economía: una estafa.

Negaban los positivistas alemanes que la libertad, cuya otra cara de la moneda es la responsabilidad, y de la cual se derivan derechos y obligaciones –el Derecho nace de la necesidad de arbitrar conflictos que surgen entre las personas-, sea previa a la legislación e inherente al hombre. Niegan que existan bienes jurídicos indisponibles, porque los derechos se “otorgan”. Los derechos serían así concedidos graciosamente por el gobernante de turno. Por lo tanto, si un parlamento decidiera aprobar una ley que instaurase la esclavitud, cumplieran con todos los trámites procedimentales requeridos (que, contrariamente a lo exigido para poder hablar de Justicia, no tiene que ser justa para ser Ley, sino meramente seguir los trámites procedimentales establecidos) y fuera aprobada por el Congreso, sería legislación. Y la legislación, válida en el momento y en el contexto en que se aprueba, debe ser acatada sin rechistar. “Ley es Ley”.

Esta postura fue, precisamente, rebatida durante los juicios de Nuremberg, en donde la comunidad internacional estableció que existen derechos inalienables y previos a la legislación, que son universal y atemporalmente válidos, bienes jurídicos indisponibles, cuya violación siempre constituirá un crimen.

Pues bien, Caamaño, ministro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que niega además, véase su postura sobre el aborto criticada hasta por Gregorio Peces-Barba, el derecho de objeción de conciencia y resistencia frente a una ley injusta, hubiera absuelto y justificado los abominables crímenes cometidos en nombre del Tercer Reich. Algo así como: “Mengele, un “mandao”, sólo cumplía órdenes. Los carceleros de Auschwitz no eran más que funcionarios haciendo su trabajo; los jueces nazis que ordenaban la esterilización de deficientes mentales estaban obligados a cumplir con la ley. Las leyes de 1935 y la Constitución alemana lo avalaban”.

Y es que según este positivista nombrado por ZP “una ley aprobada en el Congreso debe entenderse como constitucional”. O lo que quiere decir y cada vez repiten más santones progresistas: justa y de obligado cumplimiento. Porque así lo deciden los políticos. O sea que mañana Sus Señorías aprueban la esclavitud y deberá entenderse, siempre según Caamaño, como constitucional.

Y luego se llaman progresistas. Y un jamón. Lo que son es totalitarios. Siendo positivistas, lo normal.