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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

Una elección que podría lamentar

Kathleen Parker
Kathleen Parker
lunes, 7 de septiembre de 2009, 04:57 h (CET)
Mientras el Presidente Barack Obama se prepara para dirigirse al Congreso con motivo de la reforma sanitaria, el movimiento antiabortista de América calienta motores.

Si a Obama no le ha gustado la tónica de las asambleas celebradas en verano, que espere a que los detractores del aborto pisen a fondo. Están planeando dar un importante acelerón (por agotar la metáfora) la próxima semana con el fin de intentar detener la financiación con fondos federales del aborto que está estipulada en la legislación sanitaria propuesta.

Obama en parte se lo ha buscado al no ser totalmente sincero en torno a cómo la reforma sanitaria, en su forma actual, proporciona financiación del contribuyente al aborto.

El presidente puede haber decidido que la explicación integral era demasiado compleja -- y el tema no es tan simple. O quizá, como algunos han sugerido, simplemente es que no lo entiende. Pero Obama calculó mal si pensaba que iba a poder evitar la preocupación por uno de los asuntos más espinosos de la nación con un gesto casual hacia esos demenciales mitos.

Durante el último par de semanas, Obama ha sido contrastado por las entidades de supervisión del gobierno, incluyendo el proyecto Factcheck.org del Centro Annenberg de Legislación Pública, después de que el 19 de agosto hiciera unas declaraciones en las que acusaba de ser "invenciones" los abortos pagados por el gobierno incluidos en el proyecto de ley sanitaria.

En realidad no es así. En alguna parte entre las reclamaciones histéricas de que los estadounidenses se van a ver obligados a pagar abortos y las afirmaciones tajantes de que no van a dedicarse fondos federales al aborto existe una verdad más matizada, si bien menos interesante.

Aunque los proyectos de ley que examina el Congreso no incluyen expresamente fondos federales para financiar el aborto, sí permiten la financiación a través de vías indirectas -- y probablemente disimuladas.

Esto sucede en un momento en que más estadounidenses se consideran detractores del aborto (el 51 por ciento) que partidarios del aborto (el 42 por ciento), según la Encuesta Gallup de Valores y Creencias realizada en mayo. Mientras tanto, un total de 20 Demócratas en la Cámara han firmado una carta en la que expresan su preocupación por la financiación del aborto. El Representante Demócrata contrario al aborto Bart Stupak, que co-auspició una enmienda derrotada destinada a excluir expresamente el aborto de los proyectos de ley, ha dicho que hasta un total de 39 Demócratas podrían unirse a él a la hora de intentar bloquear cualquier proyecto que no incluya la exclusión expresa.

Esencialmente existen dos áreas de preocupación.

Una se encuentra en la opción pública propuesta en el proyecto de ley de la Cámara (H.R. 3200), la cual permite la financiación federal del aborto exclusivamente en los casos de incesto o violación, o en aquellos que corra peligro la vida de la madre, gracias a una enmienda de la Representante Demócrata de California Lois Capps. La Enmienda Capps es parecida a la Enmienda Hyde que regula lo mismo en el programa Medicaid -- antes de la cual, los fondos federales pagaban hasta 300.000 abortos al año -- con una diferencia crucial: deja abierta la posibilidad de financiar la interrupción voluntaria del embarazo, en manos del secretario de salud y servicios sociales. Teniendo en cuenta los antecedentes proabortistas de la Secretario Kathleen Sebelius, cuyo mote-consigna entre los Republicanos de la Cámara es "todo el mundo debería ser abortado al nacer," no deja muchas dudas del sentido por el que se va a decantar.

La financiación del aborto, además, estaría en sintonía con la posición expresa de Obama de que la salud reproductiva constituye parte de la "atención básica." Ello sería consistente con el espíritu de su promesa de campaña de introducir en vigor la Ley de Libertad de Elección, que elimina todos los obstáculos para acceder al aborto. Mientras que la ley ha ocupado un puesto no tan destacado en la lista de tareas pendientes de Obama, el proyecto de la Cámara constituye un paso significativo en el mismo sentido.

El otro terreno motivo de inquietud tiene que ver con la protección sanitaria privada que podría competir con la opción pública. Aunque algunas aseguradoras (BEG ITAL)se niegan(END ITAL) específicamente a abonar los honorarios de un aborto, otras lo van a hacer. Y puesto que algunos estadounidenses van a recibir subsidios federales para pagar sus seguros -- y se pueden escoger las políticas que avalan las operaciones -- la pureza de las declaraciones de Obama de que ningún aborto va a estar pagado con fondos federales bajo el plan hay que matizarla.

Separar la financiación para que los impuestos del contribuyente no se vean manchados por el aborto es problemático, como poco. Y a la gente que no está tan preocupada por la forma en que el resto maneja sus opciones reproductivas, el escándalo puede parecerles trasnochado. Pero no es en absoluto un problema nuevo, y la decisión de invertir la tradición de mantener al gobierno federal al margen del aborto es innecesariamente divisoria. La incompleta respuesta de Obama a las inquietudes, mientras tanto, se enmarca en cierto distanciamiento de su compromiso de transparencia.

Lo que parece cada vez más evidente es que Obama intentó abarcar demasiado mientras su capital político fue considerable. En el ínterin, ha perdido fuerza y confianza. Una reciente encuesta Rasmussen situaba el índice de aprobación a la labor de Obama en un escaso 45 por ciento – su peor cifra hasta el momento.

Obama aún tiene oportunidad de hacerse con el control de este monstruo el miércoles en su discurso, pero tendrá que volver a su misión original de rebajar el gasto y hacer la cobertura dependiente del empleado y no de la empresa y justa (sin que enfermedades anteriores a la firma de la póliza imposibiliten el acceso a ella). Los Republicanos no se opondrían si siguiera ese curso, pero la financiación de la interrupción del embarazo podría poner fin a la reforma que se está gestando.

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