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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Rubalcaba con ERC,CIU y Montilla, defendiendo el Estatut

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 5 de septiembre de 2009, 08:08 h (CET)
Resulta inconcebible que, a estas alturas, tres años después de la puesta en marcha del Estatut catalán, habiendo sido recurrido en tiempo y forma por varias instituciones como el Defensor del Pueblo, el PP y otros; todavía los señores miembros del TC, con su presidenta al frente, sigan devanando el ovillo pretendiendo que los ciudadanos nos traguemos la bola de que no han tenido tiempo para comprobar si, el articulado de la ley orgánica que se aprobó en el Parlamento –concediéndoles, a los separatistas catalanes, el instrumento más adecuado para dar el paso definitivo hacia su fin primordial que es: alcanzar la plena separación de España, para convertirse en una nación independiente –, reunía las condiciones legales para ser admitida su constitucionalidad o si, por el contrario, contenía partes que se opusieran a la Carta Magna que condujeran a su rechazo por el TC.

No cabe duda de que, a medida que va transcurriendo el tiempo sin que salga la resolución que ponga fin a la incertidumbre, más difícil va resultando que los ciudadanos no veamos fantasmas dentro de la sede del Tribunal Constitucional y no empecemos a sospechar que, más que una comparación de contenidos entre el Estatut y la Constitución, lo que está motivando este injustificable retraso se debe más a cuestiones de índole política que a problemas de confrontaciones doctrinales. Pero es que ahora, que se viene anunciando como próxima la resolución del alto tribunal que deberá resolver los recursos presentados por las distintas partes interesadas, da la sensación de que, el miedo de unos a que el fallo sea contrario a sus intereses, ha despertado la veda para decir insensateces y formular amenazas más o menos veladas encaminadas a amedrentar al TC para el caso de que decida actuar conforme a derecho y saque una sentencia que pudiera perjudicar a intereses creados a causa de una aplicación apresurada y poco juiciosa de lo dispuesto en el Estatut.

A nadie se le escapa que, ante la enorme trascendencia de la cuestión en litigio, en atención a las posible consecuencias marginales de un desarrollo prematuro de competencias, financiaciones, leyes de ámbito local y demás normativa derivada de la nueva Ley Orgánica, por la que se promulgaba el estatuto para Catalunya; lo recomendable, lo sensato y lo más conveniente hubiera sido que el TC hubiera decretado la suspensión de su aplicación hasta que se hubieran resuelto los recursos que contra él se presentaron, y se hubiera decidido, con claridad, sobre su constitucionalidad, total o parcial. Tampoco se podía descartar que se hubiera convocado un referendo nacional para constatar si la exigua mayoría conseguida en el refrendo catalán y ante el poco entusiasmo de los ciudadanos de la comunidad para acudir a la votación: coincidía con la opinión del resto de ciudadanos españoles y si estos estaban de acuerdo con que, a la comunidad catalana y ante las presiones ejercidas por el sector separatista, se le concedieran unas condiciones más beneficiosas que al resto de comunidades del país.

Por eso resulta particularmente fuera de contexto, una imprudencia impropia de un alto cargo de la Administración y un intento poco sutil de influenciar a los miembros del TC, desde lo que se pudiera entender como ámbito político ( como ya se anticiparon a hacerlo los miembros de los partidos catalanes separatistas, encabezados por ERC, cuando pretendieron convocar manifestaciones de presión y amenazaron, impunemente, todo hay que decirlo, con no acatar la resolución del Tribunal Constitucional, si no se respetaba enteramente lo acordado por el Parlament catalán). El señor Rubalcaba, ministro de Interior y, por tanto responsable de que determinadas actitudes, adoptadas por el Tripartit catalán, mediante las cuales se enfrentaban a resoluciones del TSJC, sobre temas de la preservación del castellano en la comunidad, mostrando su falta de respeto por la Justicia; en ninguna ocasión presionó y ordenó a la fiscalía que pusieran en práctica el procedimiento previsto para exigir el cumplimiento de las sentencias a cuyo cumplimiento, con temeridad y desprecio de la ley, se oponía el gobierno catalán.

Es cierto que nuestro ministro del Interior es químico y no jurista ni constitucionalista y, por ello, debiera de haberse guardado su opinión en lugar de meter baza en algo para lo que no está capacitado; no obstante, hete aquí que no ha tenido empacho alguno en dar una opinión, que nadie le había pedido, con la evidente intención de añadir su grano de arena a la campaña de presión al TC. El ministro ha defendido el Estatut catalán argumentado una peligrosa tesis: “España no puede negar la decisión de un parlamento democrático” afirmando que el Estatut “es constitucional”, remachando su opinión al repetir que “lo que España no puede hacer es negar la decisión del Parlamento elegido por los catalanes”. En boca de un señor. cuya misión es hacer que se cumplan las leyes y sobre todas ellas la Constitución, tales declaraciones, a mi juicio, serían suficientes para que, en un país verdaderamente democrático, lo cesaran ispso facto de su cargo. En primer lugar omite hablar de la Constitución, que es la Carta Magna de la nación por la que se rige y describe, salvo que sea modificada de forma legal, lo que es España y la que decide, en nombre de la comunidad española que la votó, lo que cada órgano, sea nacional o autonómico, puede o no hacer.

Lo que se olvida de decir, quizá por su falta de preparación en el campo legal, es que los parlamentos regionales o autonómicos no están facultados para legislar en contra de lo dispuesto en la Constitución y que, como es natural, están obligados a respetar y cumplir con todos los preceptos emanados de ella; con la particularidad de que cualquier norma, precepto, ley o reglamento que se oponga a ella es nulo de pleno derecho y, por tanto, carece de fuerza jurídica y coercitiva para obligar a su cumplimiento, sin que ningún ciudadano está obligado a acatarlos. Por el contrario, sí incumple con su obligación, aquel funcionario que, conocedor de que se quebranta la Constitución, no lo denunciare ante el tribunal competente, para que sea el encargo de restablecer el orden constitucional perturbado. Muchos creemos que, el Gobierno y el ministro del Interior han hecho dejación de sus obligaciones permitiendo que, en Catalunya, se atacara, impunemente, al castellano, se impidiera a los padres escolarizar a sus hijos en la lengua vehicular ( el castellano) y se interfiriera en sus derechos constitucionales privándoles de sus facultades de elegir la clase de formación moral y religiosa para sus hijos

Así, con estos mimbres, no nos debería extrañar que los partidos nacionalistas y separatistas, en especial los catalanes, se sientan reforzados en sus reivindicaciones, saquen pecho y se atrevan, con toda temeridad, a amenazar a España con incumplir con lo dispuesto por el TC. ¡Aviados estamos, si esto es todo lo que podemos esperar de nuestros gobernantes!

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