Honduras es un país centroamericano de 112.500 kilómetros cuadrados y casi 7,5 millones de habitantes, cuya moneda es la lempira (HNL) 100 lempiras equivalen a 3,7 euros. La mayoría de la población vive en la pobreza, de acuerdo con los parámetros occidentales.

El pasado 28 de junio, el presidente Manuel (Mel) Zelaya Rosales fue destituido ¿sustituido? por el pleno del Congreso Nacional que designó presidente a Roberto Micheletti Baín, a la sazón Presidente del Congreso, del propio partido de Zelaya, el Liberal (PLH).

La Constitución de Honduras establece que tanto el presidente como los diputados lo serán por cuatro años, sin posibilidad de reelección.

Micheletti informó la semana pasada a los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que habrá elecciones generales en Honduras el 29 de noviembre próximo.

En las semanas anteriores a la destitución ¿golpe de estado? el presidente Zelaya persistía en su idea de hacer una consulta popular encaminada a una reforma constitucional que le permitiera perpetuarse en el poder, al estilo de Hugo Chávez en Venezuela, la intención de Evo Morales en Bolivia o Fidel Castro de hecho, en Cuba. Tanto el Congreso Nacional como la Corte Suprema de Justicia se habían mostrado contrarios a la consulta por carecer ésta de su respaldo precisamente.

Zelaya estaba por la labor de entrar a formar parte de ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) proyecto de unificación que surgió de los acuerdos entre los gobiernos de Venezuela y Cuba en diciembre de 2004. ALBA persigue la integración regional basada en valores y objetivos opuestos al imperialismo. Concretamente, esto implica a Cuba, Bolivia y Venezuela por pactos de cooperación que cubren una amplia variedad de áreas como energía, salud y cultura.

En el reciente congreso de ALBA en Bolivia y en atención a los sucesos en Honduras, ha hecho pública una declaración cuyo punto primero de los ocho que contiene reza: “El ALBA; fundamentalmente es un modelo de integración de los Pueblos de América Latina y el Caribe quienes comparten espacios geográficos, vínculos históricos y culturales, necesidades y potencialidades comunes. Se trata, entonces, de un esquema de integración basado en principios de cooperación, solidaridad y complementariedad, que surge como una alternativa al modelo neoliberal, el cual no ha hecho más que profundizar las asimetrías estructurales y favorecer la acumulación de riquezas a minorías privilegiadas en detrimento del bienestar de los pueblos.”

Y el punto siete dice: “Es una necesidad impostergable brindar a las hondureñas y hondureños más pobres mejores servicios en salud, educación, desarrollo cultural, apoyo agrícola y otros; lo cual es parte integral de ALBA.”

Propuestas todas ella que descritas así, genéricamente, no han de ser desdeñadas por nadie. Pero cuando todo ello lleva implicado una precipitada aproximación a Hugo Chávez que está liderando de forma singular una parte de la región, con apuestas verbales duras y provocadoras, es comprensible que no todos los pueblos estén dispuestos a modificar su constitución para perpetuar en la presidencia a un dirigente cuyo objetivo no es compartido por la mayoría de los representantes del pueblo, y entre ellos a los de su propio partido.

Así, Zelaya persevera en su objetivo de realizar el plebiscito popular en contra de la resolución judicial. Ordena al ejército, ya fuera de la legalidad, la distribución de las urnas, a lo que éste se niega, por lo que destituye al general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto. Al tiempo dimite el ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado por no estar de acuerdo con la consulta prevista para el 28 de junio. También renunciaron a su cargo por idéntica razón, el comandante de la Fuerza Aérea, general Javier Prince; el jefe de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez y el comandante del Ejército, coronel Miguel García Padgett.

Y no únicamente los políticos se manifestaron en contra de la consulta, también lo hizo la sociedad civil, como aquí denominamos a empresarios y organizaciones sociales; incluso la iglesia hondureña manifestó su disconformidad.

Zelaya organizó entonces en vehículos particulares la distribución de las urnas para la consulta y lo de menos es que tuviesen ya las papeletas dentro de ellas, como se dice, momento en el que el Congreso Nacional decidió su sustitución ¿destitución? ¿golpe de estado? de acuerdo con el poder el poder judicial y las fuerzas armadas.

El Artículo 101.1 de la Constitución Española establece que El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. De manera que si Zapatero pierde la confianza del Parlamento y es cesado ¿hablaríamos de golpe de estado o aplicación de la norma?

Es claro que la comunidad internacional tiene mayor dependencia económica de Venezuela que de Honduras. Es claro también que no todos los hondureños están en contra de ALBA ni de Zelaya. Pero sí ha quedado manifiesto que la mayoría de los estamentos políticos, económicos y hasta religiosos de Honduras estaban de acuerdo en el cese de Zelaya. El cumplimiento del acuerdo político podrá ser cuestionado o cuestionable, pero el fondo del acuerdo parece conforme a derecho; constitucional.

En definitiva, en breve habrá elecciones generales en Honduras y las cosas deberán volver a su cauce. Y la comunidad internacional hará bien en respetar lo que la población hondureña y sus representantes decidan libremente. Como hacemos aquí aunque no nos sintamos representados en muchas ocasiones, por no poder elegirlos directamente sino únicamente votar la lista de la candidatura que apruebe el partido. Razones todas ellas que propician la abstención.