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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

La Generalitat en contra del TC. ¡La rebelión separatista!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 26 de agosto de 2009, 08:39 h (CET)
Estamos entrando en España en una fase en la que, por mucho que la señora vicepresidenta Fernández de la Vega quiera hacernos creer que se cumple a raja tabla el Estado de Derecho, es evidente que los hechos se encargan cada día más en desmentirla rotundamente. Si ya tiene su qué el que el Tribunal Constitucional, máximo garante de que la Constitución de 1978 se cumpla y sea respetada por todos los españoles, – sea donde sea del territorio nacional en el que tengan su residencia, y, como es natural, fueren las que fueren las instituciones, se trate del propio Gobierno de la nación o de cualquiera de los órganos gestores de las comunidades autónomas y cabildos insulares –; nos tenga en vilo tres años esperando cuándo se va a resolver si el Estatut catalán es, en todo o en parte, constitucional; más nos preocupa la estulticia de quienes nos gobiernan respecto a actitudes desafiantes de gobiernos regionales, como el de la Generalitat catalana, que amenazan abiertamente con dejar de cumplir las resoluciones del alto tribunal en materia constitucional, en el caso de que la decisión no sea de su gusto, o lo que es lo mismo, no trague con toda la inmundicia legal de la que trufaron el fárrago de artículos de los que está compuesto semejante engendro.

Resulta poco menos que impensable que, en un país democrático; en un país donde debiera imperar la ley en todos sus rincones y en el que existe un poder judicial (o, al menos, esto es lo que pensábamos los españoles) encargado de que las leyes sean respetadas y los autos, resoluciones y sentencias ejecutados conforme a derecho; puedan producirse determinadas actuaciones, no sólo achacables a ciertos grupos de individuos exaltados o partidos extremistas, sino, incluso, puestas en órbita por las instituciones que integran la cúpula del autogobierno de las comunidades que, sin el menor pudor, sin otra justificación que sus intereses espurios y sus ambiciones personales, se dedican, impunemente, a ponerse las sentencias de los tribunales por montera, las disposiciones sobre derechos fundamentales de los españoles pasadas por los fondillos de los pantalones y, ya en el colmo de desfachatez, ahora, cuando parece que el TC, por fin, va a parir la resolución sobre los recursos presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y otras instituciones –que han puesto en cuestión la legalidad del contenido de la Ley Orgánica por la que se aprobó el Estatut –; ante la posibilidad de que el TC, resolviera en contra de sus intereses han desatado una campaña intensiva de amenazas, desplantes, coacciones y bravatas de desobediencia civil que, por la forma intempestiva, exaltada, y provocativa con la que se pronuncian, pudiéramos pensar que, estos dirigentes políticos que en tal sentido se pronuncian, están rozando peligrosamente el límite que existe entre la libre expresión y la provocación al secesionismo.

Lo peor del caso es que es, un partido en cuyo logotipo figura la E de español, el PSC, por mucho que cueste admitirlo, tendremos que concluir que ha abjurado de su condición de español de la mano de un personaje incapaz de pensar en algo que no sea su pervivencia como presidente de la Generalitad, para lo cual no ha tenido inconveniente en olvidarse de que es español poniendo en apuros a su propio partido, escorándose, no sólo más a la izquierda, sino entregándose a las procelosas aguas del más puro y duro separatismo. En efecto, el engolado señor Montilla ha vendido a España por un simple plato de lentejas, en este caso un sueldo suculento que le permite haberse hecho millonario y llevar a sus hijos al colegio alemán (curioso en un defensor de la aplicación del catalán como único idioma en toda Catalunya). Así, no nos debemos admirar de que la portavoz adjunta del PSC en el Parlament catalán, la señora Carmen Figueras, se haya salido con una frase lapidaria al afirmar que el TC “no debería tener opción” de cambiar el Estatut.

¿Dónde está, señora De la Vega el respeto por las sentencias judiciales que tantas veces recomienda al PP? Claro que la portavoz del PSC parece ignorar lo que dice el Artº 153 de la Constitución, cuando se refiere a quien le corresponderá el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, afirmando en su apartado a) que corresponderá en primer lugar al “Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley”. También el Artº 155 habla de “ Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente contra el interés de España, el Gobierno… podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones…” Claro que, el gobierno del PSOE, ha hecho caso omiso de las facultades que le otorga la Constitución debido a que, sus carencias electorales no le permiten, si quiere seguir gobernando, indisponerse con los nacionalistas catalanes. En cualquier caso, la señora Figueras confunde las funciones del TC a quien no le compete “cambiar el Estatut”, sino determinar si sus artículos infringen las normas constitucionales o no. En fin, que para los del gobierno catalán la llamada “inmersión lingüística” por la que se deja fuera de la enseñanza el castellano no significa ningún incumplimiento de la normativa constitucional lo que demuestra el poco esfuerzo que han puesto en conocerla.

Lo que está ocurriendo es que, la fase de acoso y derribo emprendida por ERC y el señor Carot que, como siempre, espera sacar provecho de la circunstancia, contando con el apoyo interesado del señor Montilla, que no quiere quedar descolgado de la iniciativa; están interfiriendo, qué duda cabe, en los trabajos del TC, sin que ni por parte del Gobierno ni tampoco del CGPJ, se hayan tomado cartas en el asunto para poner orden y advertir a todos estos bocazas de que, lo que están haciendo, es un delito de chantaje al TC y un intento de que dicho órgano judicial prevarique, dando por bueno algo que adolece de inconstitucionalidad desde su preámbulo hasta su artículo final. Que consideraciones de tipo práctico, que el desarrollo que ya se ha hecho del Estatut o que amenazas ( de boca, porque no debemos olvidar que la expectación que el Estatut levantó en Cataluña se redujo a que lo sacaran adelante con sólo un 30% de los votos) de organizar altercados, levantamientos u otras acciones de desobediencia civil no sirvan de excusa a este Gobierno para salirse por la tangente; porque, si hay un verdadero culpable de este desmadre que se ha armado con el tema del Estatut es, sin duda, el señor Rodríguez Zapatero que metió la pata cuando les dijo a los catalanes que “tendrían el Estatut que ellos quisieran” y ellos, naturalmente, le tomaron la palabra y… así estamos. Pero que nadie se lleve a engaño porque, señores, ¡aquí nos estamos jugando la unidad de España, y esto es algo muy serio!

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