Dijo un pensador que una paradoja es una verdad que pone patas para arriba para llamar la atención, y es lo que ha ocurrido la última semana en Paraguay, donde se evidenció que el poder del crimen organizado aumenta en proporción directa a los abusos cometidos por la policía.

El país aún no salía de su asombro luego de la batalla descomunal desatada por el hampa en Pedro Juan Caballero, donde un capo mafioso acabó acribillado por armas de guerra a pesar del blindaje de su vehículo, cuando la brutalidad homicida de la policía “antidrogas” derramó la gota de sangre que colmó el vaso.

Mientras al norte del país la mafia de los traficantes delimitaba a sangre y fuego su territorio, ante la impotencia de las autoridades pertinentes, un grupo de iletrados trogloditas investidos de autoridad y licencia para matar invadían la propiedad de una honorable familia, para abatir a una inocente niña de tres años.

La banda criminal del renunciado “agente especial” Luis Rojas demostró así su eficacia para acribillar a balazos a Viviana Zanotti Cavazzoni en las inmediaciones de la capital, mientras la mafia se instalaba y consolidaba su poder en las fronteras del país.

El diputado oficialista Oscar Tuma fue el primero en levantar su voz de repudio a los hechos, exigiendo establecer limitaciones claras para garantizar la seguridad ciudadana. “Vamos a trabajar en la modificación de varios artículos de la Ley que crea la SENAD y la reglamentación del Poder Ejecutivo. Ellos podían hacer lo que querían y no tienen por qué convertirse en un súper poder”, puntualizó

Tuma confirmó además que presentará en la reunión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el pedido de suspensión del juez Gustavo Amarilla, quien ordenó el allanamiento en la propiedad del empresario Ulrico Zanotti; y del fiscal Carlos Alcaraz, quien encabezó dicho procedimiento.

Argumentó que desde hace tiempo se vienen registrando irregularidades en los operativos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que son acompañados por fiscales y jueces. Sostuvo que en muchos de esos casos se violan principios constitucionales, incluso.

“Acá se vienen dando bastantes irregularidades, desde hace tiempo, en torno a los operativos amparados por jueces y fiscales, porque existen cientos de denuncias de violación al debido proceso. Aquí yo creo que se dio una orden de allanamiento sin que existan los requisitos mínimos para que eso se dé; solamente el pedido y la información de un agente de la SENAD. Eso no establece a nuestro Código Procesal para otorgar órdenes de allanamiento. La propiedad privada es una garantía constitucional y no porque alguien venga y diga que se está traficando droga, ya debe haber una orden de allanamiento” indicó.

Por otra parte, el parlamentario indicó que este tipo de allanamientos y procedimientos encabezados por agentes de la citada institución, se realizaban a fin de complacer a sectores de influencia, entre ellos la embajada norteamericana.

En manos de la clase política aglutinada en el Congreso queda la decisión. Se devuelven las garantías a la ciudadanía, o se favorece al crimen organizado fortaleciendo al estado policíaco.