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Para Caamaño, el Estatut, no perjudica a España

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 19 de agosto de 2009, 03:18 h (CET)
Si alguno se hubiera hecho ilusiones en cuanto a la rectificación del comportamiento poco edificante del señor Fernández Bermejo cuando se reunió, en una cacería, con toda la plana mayor del caso Gurtel; error que le llevo a ser defenestrado de su cargo de ministro de Justicia; si hubiéramos pensado que, el menos histriónico, señor Caamaño adoptaría una actitud más de acuerdo con el cargo que se le ha otorgado y se ajustaría más a lo que se espera de un ministro de Justicia, dejando para otros tiempos toda su carga de izquierdista, no sabemos si de pro o de contra, centrándose en ocuparse de que las leyes fueran respetadas, favoreciesen o no al partido que le ha puesto al frente del ministerio; hete aquí que, tan pronto como ha comenzado a soltar la lengua, cuando nos hemos podido enterar de lo que ocultaban sus pensamientos y nos hemos enterado de su verdadero “talante” y la forma en la que interpreta los diversos contenciosos pendientes – estos que la democracia tiene planteados desde hace años sin que, ni los políticos, ni los tribunales de los que dependen, parezca que tengan prisa alguna en pronunciarse sobre ellos –, nos hemos podido apercibir, entre asombrados e incrédulos que, en el fondo, en lo esencial si no en la forma, el nuevo ministro, don Francisco Caamaño, no deja de ser uno más de los que siguen la conocida teoría del señor Fernández Bermejo, de que la aplicación de las leyes debían estar supeditadas a “según convenga a la jugada”.

No debiera de extrañarnos su posición ante el Estatut catalán, si tenemos en cuenta que él formó parte, en su día, del equipo de la negociación parlamentaria de dicho mamotreto inconstitucional. Nada que decir sobre ello si no fuera porque, ahora, se nos ha salido con unas declaraciones en las que sí muestra una cierta preocupación por el comportamiento del TC, en cuanto a la excesiva duración de las deliberaciones ( tres años) sobre si, dicha ley orgánica, es o no constitucional; sin embargo, no se extraña de ello y quiere justificarlo alegando que, ¡hay muchas otras leyes que están pendientes de resolución desde hace seis o siete años!. ¡Magnífico, señor ministro! Esto, sin duda, nos consolará mucho por aquello tan socorrido de que “mal de muchos consuelo de tontos”. Lo que, por lo visto, se le olvida al señor Caamaño es que el Estatut, por lo que representa de excepcionalidad, por las consecuencias que para España tiene su aprobación y por el precedente que puede significar para las aspiraciones separatistas de otras comunidades, no es una ley cualquiera, un apaño sin importancia o algo que se pueda contemplar con la frivolidad con la que parece que se lo toma nuestro ministro de Justicia. Lo que ocurre es que, para redondear su juicio, no ha tenido empacho en añadir que: “no ha pasado nada excepcional durante los dos años de vigencia de dicho cuerpo legal”. ¡Será para él, será porque no tiene ojos ni lee la prensa! Porque, en caso contrario, se hubiera dado cuenta de los efectos deletéreos del Estatut en lo concerniente al idioma español; de las prohibiciones que existen en Cataluña de rotular en el idioma de Cervantes y de la forma torticera y claramente anticonstitucional con la que los organismos docentes de la Generalitat impiden a aquellos padres, que quieren que a sus hijos se les eduque en castellano, el que puedan salirse con la suya.

Supongo que para el señor Caamacho tampoco tendrá importancia que, en contra de lo que debiera hacerse, la negociación de financiación con Catalunya se ha llevado a cabo de forma bilateral y previa a la que han mantenido, posteriormente, con el resto de autonomías. Tampoco se habrá enterado de que, lo primero de que se ha ocupado el gobierno del señor Zapatero ha sido en asignar la parte del león del montante para la financiación, a aquellos de los que depende para mantener su mayoría en el Congreso, sin importarle que las demás comunidades hayan tenido que conformarse con los restos. Lo curioso de tanta la pasividad de los gobiernos autónomos es que parece que nadie se haya extrañado de que la negociación con Cataluña se haya llevado a cabo de forma bilateral, en lugar de que se convocase a todos los gobiernos autonómicos para que la distribución de los recursos para financiar a todas la autonomías se realizase con publicidad, de acuerdo con sus respectivas necesidades y sin preferencias de unas comunidades sobre las otras.

Es posible que uno no haya entendido bien lo que dice la Constitución sobre las autonomías, pero no he sido capaz de encontrar parte alguna en el articulado de la Carta Magna que hable de “estado federal” y que ello acarreé “tensiones entre las distintas comunidades”. Ni España es un estado “federal” ni, mucho menos, “confederado” y si, él y los suyos, pretenden convertir al país en cualquiera de los dos modelos tendrá primero que modificar la Constitución. No tenemos la más pequeña duda de que esto es, precisamente, lo que el señor ZP lleva entre ceja y ceja y nos lo ha demostrado, fehacientemente, primero, negociando con ETA intentando crear un País Vasco que contentara a los etarras, anexionándole la comunidad de Navarra y, otra, permitiendo que Catalunya se esté convirtiendo, de hecho, en un país independiente, con autonomía financiera, judicial e idioma propio.

Resulta más propio de personas sin formación el decir inexactitudes como las que ha dicho el ministro al referirse a que, en España: “ ni se ha roto la unidad de mercado, ni los catalanes tienen derechos distintos a los del resto de los españoles” ¡Será porque no pertenece a la policía o a la Guardia Civil, porque si fuera así sabría que los miembros de ambos cuerpos cobran la mitad de lo que perciben los “Mozos de Escuadre” o, también nos gustaría que nos explicase, ¿cuál es la comunidad española en donde se ha invertido más en infraestructuras?. Si tiene razón en que, en otras comunidades se aprobaron estatutos parecidos, pero ninguno de ellos reúne en sí tal cantidad de despropósitos e impactos directos dirigidos a dejar sin efecto lo dispuesto en nuestra Constitución. Y perdone usted, señor ministro, porque la unidad de mercado hace ya años que se ha roto, fruto de las excesivas transferencias (urbanismo, ordenación del territorio, energía, redes de distribución etc.) lo que, en materia fiscal, puede llevar a una competencia entre comunidades (veamos el ejemplo del distinto tratamiento que se le da al Impuesto de Sucesiones, según se trate de unas autonomías u otras).Un ejemplo reciente: la oposición del Tripartit a que Cajas catalanas se unan a otras del resto de España.

Para acabar, su discurso niega que en el TC haya politización y que el hecho de que siga la presidenta del mismo, una vez acabado su mandato, es intrascendente. En fin, que el señor ministro se ha despachado a gusto y a gusto nos hemos quedado viendo en qué manos estamos. Es cosa de los socialistas, es algo que indigna y asombra a la vez, pero que se repite una y otra vez, sin que parezca que la ciudadanía reaccione ante ello. Nos mienten una y otra vez; nos toman por incultos e idiotas, se saltan cada vez que quieren los preceptos constitucionales y, en este país, en España, no hay nadie que tenga las agallas para llamarlos al orden, ni el PP de Rajoy, ni el Consejo General del Poder Judicial; ni el Consejo de Estado, ni las Fuerzas Armadas ni, señores, es triste tener que admitirlo, el propio Rey.

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