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Etiquetas:   Ver   juzgar y actuar   -   Sección:   Opinión

La elegancia social del regalo

Francisco Rodríguez Barragán
Francisco Rodríguez
miércoles, 19 de agosto de 2009, 07:43 h (CET)
Con este eslogan, hace años, una firma muy conocida nos animaba a regalar en la celebración de la Navidad, en el día de la madre o del padre y en las mil y una ocasiones que el regalo puede ser la forma de mostrar nuestro afecto a familiares y amigos. Este tipo de regalos nunca ha sido objeto de problemas.

Es muy corriente que los comerciantes y proveedores con los que nos relacionamos habitualmente nos obsequien a final de cada año con agendas, bolígrafos o llaveros, marcados con su nombre y teléfono, con la finalidad de que sigamos siendo sus clientes. Aquí, más que un afecto, que también puede existir, hay un interés comercial.

Pero los obsequios a personajes situados en puestos de decisión, buscando que pudieran favorecer las pretensiones de quien regala, nunca tuvieron buena prensa ni para quien los enviaba ni para quien los recibía. Todos tenemos claro que no se trata de auténticos regalos, pues lo específico del regalo es que se entrega por afecto, sin recibir nada a cambio.

Cuando el regalo deja la esfera del don, pura gratuidad, para buscar otros intereses deja de ser regalo. Si damos algo para recibir algo entramos en el campo de las relaciones sinalagmáticas, el contrato bilateral, que solo es posible entre iguales y versa sobre cuestiones en que las partes tienen plena libertad para disponer de lo suyo.

Cuando una de las partes no es una persona física sino jurídica o, más aun, es una entidad de derecho público que forma parte de una Administración, la voluntad para contratar está sujeta a rigurosos controles para garantizar su legalidad e impedir la arbitrariedad, al mismo tiempo que debe favorecer y no dañar el bien común de los ciudadanos que, en definitiva, son los titulares de los derechos y deberes cuya gestión han encomendado a los políticos que de forma directa o colegiada han de llevarla a cabo.

Por eso, cuando los que aprovechando su puesto adoptan decisiones que favorecen intereses particulares en perjuicio de otras personas o del interés común y además participan en los beneficios que tal decisión pueda producir, no hay duda de que incurren en delito y deben ser imputados e inhabilitados para ejercer cualquier cargo público.

También puede darse otro tipo de viciosa relación bilateral cuando determinadas organizaciones se dedican a apoyar a quienes ostentan el poder, para que sigan manteniéndolo, bien ensalzando críticamente su gestión, bien atacando de forma permanente a la oposición, para obtener subvenciones, concesiones y prebendas. El Gobierno tiene en sus manos muchas veces, la posibilidad de beneficiar a los adictos con regalos importantes, en perjuicio de los demás, desde conceder una cadena de televisión a filtrar noticias a los medios afines, desde subvencionar a determinados grupos a hacerle la vida imposibles a los discrepantes.

Por desgracia es muchas veces verdad aquello de que “poder es impunidad”. Por eso es necesario reforzar un imprescindible sistema de controles a nuestros gobernantes para evitar que la varita mágica de corporaciones locales pueda enriquecer a los amigos con planes de ordenación urbana, hoy detenidos por la crisis pero que volverán en cuento puedan. Para evitar que los gobernantes de las Comunidades Autónomas utilicen sus cargos para el nepotismo y el clientelismo político. Para evitar que el Gobierno saque adelante cualquier Ley, por inicua que sea, cualquier distribución de ayudas, cualquier presupuesto descabellado, cualquier ocurrencia, comprando con regalos los votos que le falten para alcanzar la mayoría.

Nuestros gobernantes a todos los niveles tienen que responder de sus actos, de los regalos que hicieron y de los regalos que recibieron, sin prescripción alguna y sin que ganar las siguientes elecciones, convalide ninguna de sus tropelías anteriores, ninguna de sus leyes injustas, ninguno de sus abusos. También las personas físicas y jurídicas que hayan procurado y se hayan beneficiado de actos ilegales de las administraciones, deben responder igualmente de sus delitos sin prescripción alguna.

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