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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Las esposas de la vergüenza

Miguel Massanet
Miguel Massanet
jueves, 13 de agosto de 2009, 01:41 h (CET)
No creo que sea posible imaginar un desconcierto y un pasmo como el que estamos padeciendo los españoles ante este cúmulo, continuado, arteramente organizado y despiadadamente escenificado, de actuaciones policiales, judiciales y extrajudiciales, directa y claramente encaminadas a conseguir el desprestigio, desvirtuar la imagen y enlodar al principal partido de la oposición, el PP; a fuerza de una serie de sibilinas maniobras encauzadas, sin ningún disimulo por añadidura, a paliar dentro lo posible el enorme desgaste que ha supuesto para el PSOE la desafortunada, deslavazada e incompetente gestión que el Gobierno ha llevado a cabo, en un inútil intento de salvar la cara ante esta recesión que, primero quiso negar y, más tarde, ante la evidencia, ha tenido que afrontar sin que, ninguna que las medidas adoptadas por él en este sentido, haya logrado otra cosa que cosechar fracaso tras fracaso.

Cuando escuchamos a la señora vicepresidenta, con gesto adusto y aires de erudita, aleccionarnos sobre el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho, no podemos menos de pensar la cara de hormigón que se necesita para querernos convencer, a los ciudadanos de a pie, de que su partido, el PSOE de las corruptelas de Felipe González; el del GAL; el de los engaños continuados a la ciudadanía; el que nos ha llevado, con sus errores garrafales, a una crisis muy superior a la de otros países; el que maneja sin la menor vergüenza y decoro a las instituciones judiciales, presionando a fiscales, jueces y por si faltara algo al propio Tribunal Constitucional; el de las negociaciones solapadas con la banda criminal ETA y el que ha perpetrado, impunemente, la mayor traición que se le pudiera hacer a España al permitir la aprobación de un Estatut catalán, claramente inconstitucional, que se nos quiere hacer tragar por la vía de los hechos consumados; resulta ser el defensor de la Constitución y de la legalidad. Alguien debiera recordarle a la señora De la Vega, que debiera ya saberlo por su preparación académica, que la Justicia tiene sus reglas, sus plazos, sus tiempos y, por encima de todo, su independencia de los otros dos poderes que coexisten en la nación.

Precisamente por ello tenemos un Código Penal y una Ley de Enjuiciamiento Criminal además de los correspondientes reglamentos policiales, por los que se deberán regir tanto las actuaciones de jueces, fiscales y policías, encaminadas a esclarecer cualquier hecho delictuoso, como aquellas que garanticen que cualquier sospechoso de haber cometido cualquier delito o infracción penal, disponga de los adecuados medios legales para defenderse de las acusaciones que se le hacen, se le proporcione la asistencia jurídica precisa y, en primer lugar, se le respete el derecho efectivo de la presunción de inocencia, hasta haber sido juzgado y condenado definitivamente. Debemos decir, para escarnio de aquellos que lo permiten que, en este país, tanto determinados sectores de la prensa, excesivamente politizados y dependientes de quienes gobiernan; como televisiones, las públicas y las privadas, porque todas ellas comen en el mismo comedero y algunas se abrevan en el presupuesto público; tienen por costumbre no respetar las actuaciones judiciales ni, al parecer, les causa reparo alguno el infringir el secreto sumarial valiéndose de funcionarios corruptos que se prestan a revelarlos, incumpliendo el código deontológico que debiera regir su comportamiento, aparte de incurrir en el delito de revelación de secretos, sin que se produzcan las reacciones que se esperan de las autoridades y funcionarios públicos encargados de velar por la pureza de los procedimientos. Supongo que a estas situaciones se referirá la señora De la Vega cuando habla del Estado de Derecho que todos debemos respetar.

Porque, señores, cuando se permite a miembros de organizaciones proetarras retrasar sus comparecencias ante la Audiencia Nacional sólo para que no se pierdan sus vacaciones; cuando se fleta un avión a costa del Estado para transportara a Madrid al señor Otegui para que no se tuviera que “molestar” en viajar en tren; cuando vemos como se va saliendo de rositas el señor Chávez acusado de clientelismo, desviación de caudales públicos, favoreciendo a una empresa donde su hija es apoderado; cuando nos encontramos ante el hecho rocambolesco de que el señor Manzano, imputado, se permite “desaparecer” en un crucero cuando estaba citado para comparecer ante el juez y nadie es capaz de localizarlo para “arrastrarlo” si fuera preciso a que le tomen declaración; sin que el juez se lo haya tomado a mal, como si esta fuera la actitud normal de cualquier ciudadano citado ante un juzgado; resulta inconcebible, una afrenta al Estado de Derecho, señora De la Vega, y una vergüenza para la policía y la Justicia, el que a unos señores, cargos públicos, con una trayectoria en la política conocida por los ciudadanos mallorquines; se los humille públicamente esposándolos por sus respectivas manos derechas y se les obligue a caminar a trompicones, se los ingrese en la cárcel y se les mantenga en ella por 72 horas,( procedimiento unánimemente censurados por el SUP y el CEP, los sindicatos policiales, que acusan al Gobierno del trato vejatorio dispensado a los detenidos en Palma), sin permitir que sus familiares les lleven ropa y utensilios de aseo; no sólo se trata de un acto desproporcionado ( los detenidos llevaban un año pidiendo declarar sobre el caso en cuestión), denigrante e inspirado en la aviesa intención de que la prensa pudiera publicar su imagen en todos los medios de comunicación; sino que, ya de por sí, comporta una pena adicional y un atentado llevado a cabo ladinamente en contra del buen nombre de los detenidos ( sean o no culpables de lo que se les acusa), a los que los pone deliberadamente en la picota pública, muy proclive, como es sabido, a juzgar basándose en imágenes y opiniones periodísticas sin tener en cuenta que estos señores tienen derecho a ser juzgados y, en su caso condenados, antes de que les pueda imputar ningún delito.

Dos raseros, dos varas de medir o, lo que es lo mismo, una Justicia convenientemente manipulada para poner al PP, el San Benito de ser un semillero de corruptos; enfrentados al coro de ángeles, inocentes y libres de mácula, representados por el señor Rubalcaba (¿cuándo dará explicaciones de sus actos este señor?) la vice de la Vogue, ZP, la Pajín y la Aído, todo un ramillete de santones incapaces de matar una mosca. Sólo los ciegos, sordos y mudos, pueden digerir una empanada semejante, una martingala tan burda y descarada, preparada a conciencia por los chacales al servicio del poder, para intentar desviar la atención de los ciudadanos de los graves problemas en los que los han metido; ganar tiempo; y buscar recuperar la sangría de votos que su incompetente gestión de la crisis les está provocando. Nadie, medianamente sensato, puede tragarse el sapo de que las acusaciones de corrupción al PP, tan perfectamente sincronizadas de modo que, cuando les falla lo de Camps ya tienen preparado lo del velódromo mallorquín y ahora, para redondear la jugada, ya han enfocado el cañón de la difamación contra la señora Rita Barberá, para intentar, a través de esta organización de municipios que nadie sabe para lo que sirve salvo para ayudar a acrecentar los gastos y aumentar la gran burocracia del Estado, éste que los socialistas han construido sobre las cenizas de lo que era España. Para que nos fiemos de ellos.

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