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¡Seamos justos con los empresarios!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
miércoles, 12 de agosto de 2009, 00:52 h (CET)
Nadie pone en duda la necesidad de que haya hombres emprendedores que asuman el riesgo de poner su dinero en un proyecto en el que tienen confianza y, por consiguiente, no les importe arriesgar la inversión y el trabajo propio para embarcarse en una aventura incierta, que depende de la coincidencia de muchos factores favorables para que tenga la probabilidad de alcanzar el éxito. No es de extrañar que, estando el país en las condiciones de recesión económica sean pocos aquellos que optan por hacerse empresarios y, a cambio, podemos ver en las encuestas que se les hacen a los jóvenes, que la mayoría de ellos optan por puestos dependientes de las Administraciones públicas. El factor determinante de esta decantación de nuestra juventud hacia el empleo público no tiene otro sentido que el de garantizarse la “seguridad” y librarse de la congoja de aquellos empleos privados que, aún percibiendo mejores retribuciones, siempre están sujetos a que una crisis, como la actual, acabe por enviarlos al desempleo.

Así es como nos encontramos que, en la España actual, tenemos un exceso de funcionarios superior al millón de personas. No podemos olvidarnos de que, la puesta en marcha del Estado de las Autonomías, ha contribuido eficazmente a que el números de asalariados, fueren del Estado o de los gobiernos autonómicos; haya crecido más de lo esperado en un principio, en parte por la endogamia de los partidos. Es proverbial y casi un tópico, el exceso de personal en las oficinas de la Administración lo que, en años pasados, dio lugar al chascarrillo que relataba los equinoccios del sufrido contribuyente que acudía a la ventanilla para una gestión y era despedido, desabridamente, por el funcionario de turno con el clásico: “’Vuelva usted mañana!”. Un trabajo seguro, sí, pero también una carga más para los ciudadanos de a pie, de cuyos impuestos salen los sueldos de estos servidores del Estado que, tan poco producen y tan cómodamente viven. Incluso se quejan de sus emolumentos, sin tener en cuenta si el país está en condiciones de poder mejorárselos o si, en verdad, se lo merecen dado su propio rendimiento habitual de los funcionarios. Resulta chocante y un agravio comparativo, respecto al resto de empleos privados, el hecho de que se les hayan subido un 3% sus emolumentos, cuando el coste de vida ha bajado en un 1’4%.

No voy a referirme a las grandes empresa o a las multinacionales, que también sufren las consecuencias de una legislación laboral obsoleta y marcadamente escorada hacia los trabajadores; sino a estas empresas que van desde 3 hasta 50 trabajadores, generalmente de tipo familiar, que tiene contratado a un grupo de trabajadores para que les ayude en el trabajo de producción, en el que los mismos empresarios suelen participan directamente. No se trata de empresas con una cartera de pedidos a largo plazo y muchas de ellas van subsistiendo, con mucho esfuerzo, gracias al trabajo bien hecho y al esfuerzo de sus dirigentes de ir consiguiendo nuevos encargos para mantener en funcionamiento sus máquinas. Hay que decir que, para estas pequeñas industrias o comercios, el peso de los salarios es el más alto componente de su coste por lo que, cualquier causa extraordinaria que afecte a su trabajo, dada la poca flexibilidad existente en adecuar las plantillas a la dimensión requerida en cada momento, tiene un doble repercusión; la disminución de la producción y el encarecimiento de la de los restantes asalariados.

Veamos si nos aclaramos. Cuando se contrata a un trabajador el empresario ya sabe que al salario que le pagará, a la serie de beneficios sociales a los que tiene derecho el contratado, deberá añadir un 30% de gastos de Seguridad Social y Seguro de Accidentes; unas vacaciones anuales a las que el sujeto tiene derecho; los permisos que la ley contempla en casos determinados; y, naturalmente la posibilidad de que caiga enfermo o se accidente lo que supone un número indeterminado de días de baja para el trabajo. Todo ello, sin contar con la posibilidad de que contratado sea nombrado enlace sindical o miembro del Jurado de Empresa; en cuyo caso el coste se dispara por cien y el sujeto en cuestión, en la mayoría de ocasiones, aparte de constituir un incordio para la dirección de la empresa, se puede considerar como si no existiese en cuanto a la producción que se pueda esperar de él. Esto lo sabemos los que somos del “oficio”, no porque lo sepamos de referencias, sino porque lo hemos vivido durante años. Hace unos pocos días he podido leer un artículo en el que se denunciaba que el coste por trabajador se disparaba en un 5’2% y, todo ello, en una tesitura en que las empresas luchan denodadamente para recuperar la competitividad ante la competencia del extranjero.

Pero resulta que, quienes debieran valorar los esfuerzos del empresariado, quienes estarían obligados a desmontar la Leyenda Negra del empresario “explotador del proletariado” y quienes debieran dictar normas favorables a la productividad y a la competitividad de las empresas españolas; estas instituciones, estos funcionarios, estos tribunales, inspectores, delegados, y técnicos administrativos se ponen de lado de los Sindicatos y les ayudan a machacar a las empresas empleando para ello, como hace el incompetente, sectarista e indocumentado señor Corbacho, los clásicos latiguillos de siempre, cargándole al empresario todas las culpas de la recesión, sin pararse a pensar que si somos menos competitivos en Europa es porque nuestra estructura laboral está anquilosada, anticuada, maleada por malas costumbres, chantajeada por los sindicatos, jurados de empresa o enlaces sindicales; sin que debamos dejar de contemplar la gran picaresca, fomentada por la propia administración y unas leyes excesivamente “proteccionistas”, que se produce con las llamadas “bajas laborales” una merienda de negros en la que, los “enterados” de turno, saben como conseguirlas ante unos médicos apáticos, acobardados, cuando no cómplices, que, por miedo a enfrentarse a los “enfermos imaginarios” como diría Moliere, prefieren ceder a meterse en problemas.

Por eso clama al cielo que, instituciones judiciales, como el TS, desconocedores absolutos de las interioridades de las empresas, haya dictado una sentencia concediendo al trabajador celebrar las vacaciones que no pudo celebrar por estar enfermo. ¿Sabe el alto tribunal el coste para las empresas de esta resolución?, ¿se dan cuenta de la caja de los truenos que han abierto, dándoles a los listillos de turno la oportunidad de celebrar varias vacaciones al año, unas cuando presenten la “supuesta baja laboral” y otra cuando cumpla el periodo de vacaciones legal? ¡Eso sí, queda muy social y muy socialista! Si el TS se molestara en visitar una empresa, de tanto en tanto, y se enterara de lo que se establece en los convenios colectivos, se podría dar cuenta de que, en la actualidad, la jornada laboral se mide en un total de horas de trabajo anuales, a las que se comprometen los trabajadores a cambio de las mejoras convenidas. El hecho de obligar a compensar los días de baja en vacaciones con otras vacaciones, aparte de distorsionar la organización del trabajo en la sección correspondiente donde presta servicio el operario, significa aumentar las cargas inherentes a las bajas, todas ellas causantes de la disminución de producción de la empresa la que, por el contrario, tiene la obligación de pagar puntualmente los salarios y conseguir que, a pesar de todo, se logren los objetivos programados. Luego se quejarán de que se pida cotizar menos, que se pida flexibilidad de plantilla y más productividad. ¡O esto, señores, o el cierre! Deberán elegir.

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