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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

"Activismo judicial" con la ley de financiación de campaña

Ruth Marcus
Ruth Marcus
miércoles, 5 de agosto de 2009, 06:18 h (CET)
El Senador de Alabama Jeff Sessions, el máximo representante Republicano en la Comisión Judicial, dijo la pasada semana que iba a votar en contra de la confirmación de Sonia Sotomayor para ocupar la vacante del Tribunal Supremo a causa de las dudas de que "se vaya a resistir al canto de sirena del activismo judicial".

Si eso es lo que le quita el sueño, hay algunos titulares en la judicatura a los que Sessions puede desear atar a la mesana - enseguida. Salvo que estos magistrados tienden a pertenecer al bando ideológico de Sessions.

El mes que viene, antes incluso de la tradicional apertura del curso judicial el primer lunes de octubre y con Sotomayor en el estrado casi seguro, el tribunal presidirá un caso relativo a la financiación de campaña que ilustra la debilidad activista de los conservadores.

Lo volverá a presidir, en realidad. En una maniobra sorprendente en la última jornada de mandato, el tribunal anunció que celebraría una nueva vista del caso - y que estudiaría la anulación de los dos precedentes de imposición de límites al dinero corporativo en el funcionamiento legislativo.

Hablando de activismo judicial.

El veredicto de uno de los casos, Austin contra la Cámara de Comercio de Michigan, que data de 1990, ratificó que se pueda prohibir a las empresas el gasto de sus propios fondos - en contraste con el uso de un comité de acción política al que contribuyan los empleados - para posibilitar la derrota o la victoria de un candidato.

El segundo caso, parte de la resolución judicial de 2003 que respalda la ley McCain-Feingold de financiación de campaña, estableció que la prohibición del gasto corporativo era ampliable a "las comunicaciones electoralistas" - la publicidad que mencione un candidato poco antes de unas elecciones aunque no apoye o se oponga expresamente a esa persona.

Tres magistrados -- Antonin Scalia, Anthony Kennedy y Clarence Thomas -- han instado a revisar la sentencia del caso Austin. El presidente de la Corte Suprema de Justicia John Roberts y Samuel Alito, a los que las regulaciones de la financiación de campaña no les hacen ninguna gracia, parecen dados a caer en la tentación.

Revocar el veredicto de Austin sería un desastre, y revisar la McCain-Feingold sería un desastre sólo ligeramente menor. Se levantaría la veda de que empresas, y sindicatos, contrataran anuncios apoyando o atacando a los candidatos - no sólo en campañas federales, sino en los 22 estados que prohíben este tipo de contribuciones. La única limitación sería no poder donar directamente a los candidatos.

Imagine las elecciones de 2010 en un mundo post-anulación de Austin, con farmacéuticas yendo a por la cabeza de los congresistas que voten contra sus intereses, o los bancos apuntando a los legisladores que respaldan una regulación más estrecha. No es que estas industrias carezcan de poder político hoy, pero considere el tipo de legislación que se obtendría si los legisladores tuvieran que preocuparse de que una industria a la que hubieran desafiado pudiera gastar una cantidad ilimitada para tumbarlos en las elecciones siguientes.

La polémica inminente es difícil, pero no se requieren jueces para promulgar una ley pésima.

Se trata de "Hillary: La película", producida por un grupo conservador, Citizens United, durante la campaña de las elecciones presidenciales 2008. Citizens United quería contratar a un canal del cable para sacar la película en las taquillas de cine a la carta. Acudieron a la justicia, solicitando una orden que le permita hacerlo.

La película, en las apropiadas palabras del juez Stephen Breyer durante la vista oral preliminar, "no es una comedia musical." Retrata a Clinton como una "mentirosa compulsiva" con "tendencia a la manipulación, el engaño y la destrucción para su beneficio personal", mientras hace hincapié en los riesgos de las elecciones.

En resumen, este es precisamente el tipo de discurso político irritante que debería estar recogido en la Primera Enmienda. El problema radica en que a efectos de la ley electoral federal, el colectivo sin fines de lucro Citizens United es considerado igual que Wal-Mart porque acepta las donaciones tanto particulares como corporativas.

No queremos que Wal-Mart - yo al menos - use su poder adquisitivo para comprar elecciones, y no queremos que Wal-Mart canalice dinero a una organización fachada sin fines de lucro. Pero, ¿cómo alejar a Wal-Mart de la elección de candidatos mientras se protege el discurso de los colectivos ideológicos?

Los jueces, comprensiblemente, parecían nerviosos con este rompecabezas, especialmente cuando el abogado del estado, durante la presentación de argumentos del caso, dijo que el gobierno también actuaría constitucionalmente si prohibiera la financiación empresarial de un libro igualmente anti-Hillary.

El enfoque inteligente, por no decir judicialmente moderado, sería que la judicatura se valiera de cualquiera de las diversas vías de escape, como hizo cuando evitó dictaminar un veredicto formal acerca de la constitucionalidad de la Ley Electoral de Minorías. Podría decir que puesto que Citizens United recibió una cantidad tan pequeña de dinero corporativo, no debería de quedar sujeto a las mismas normas que una corporación con fines de lucro. (Esto ya es así en el caso de los colectivos ideológicos sin fines de lucro que no aceptan fondos corporativos.) Se podría decir que la taquilla del cable no es lo mismo que un anuncio común.

Este caso, el primero en el que va a ejercer la que pronto será magistrada del Supremo Sotomayor (la vista definitiva es esta semana) toca un terreno en el que ella tiene algunos conocimientos: Sotomayor ocupó un puesto en la Junta de Financiación de Campaña de la Ciudad de Nueva York. Redactó un artículo para una publicación especializada en 1996: "¿Pueden decir los funcionarios electos de cualquier credibilidad que están cumpliendo la voluntad de una 'sociedad democrática', representando sólo el interés público, cuando el dinero privado desempeña un papel importante en sus campañas?"

Tal vez sus colegas conservadores, antes de lanzarse a anular los precedentes, podrían seguir algún consejo de una latina sabia.

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Diario SIGLO XXI dispone de los derechos de publicación en exclusiva para medios digitales españoles de este y muchos otros columnistas del Washington Post Writers Group.

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