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Etiquetas:   Ver   juzgar y actuar   -   Sección:   Opinión

El juicio de residencia

Francisco Rodríguez Barragán
Francisco Rodríguez
sábado, 25 de julio de 2009, 08:42 h (CET)
La interposición de una querella contra el ex-presidente de la Junta de Andalucía por parte del Partido Popular, por el turbio asunto de una subvención millonaria, me ha hecho recordar el juicio de residencia que, desde el siglo XVI hasta 1812, se aplicaba a los virreyes y demás funcionarios que cesaban en sus cargos en la América española.

Esta institución del derecho castellano e indiano era una averiguación de los posibles abusos y extralimitaciones cometidos durante el tiempo de su mandato, para lo cual se convocaba por edictos y pregoneros a los que se sintieran perjudicados a que declararan ante los jueces encargados de la pesquisa. Aquellos juicios terminaban, a veces, imponiendo multas o inhabilitaciones para los que resultaban culpables.

Quizás podemos pensar que hubiera sido más eficaz haber reclamado en el momento en que se cometía el desafuero y no varios años después, pero entonces, como ahora, no resultaba fácil para el común de los ciudadanos iniciar pleitos y reclamaciones contra el que manda. La posibilidad de presentar cada cual un memorial de los agravios y abusos cometidos por el cesante me parece una norma útil y prudente. El nombrado para un cargo en aquellos tiempos y lugares conocía de antemano que iba a ser juzgado al final de su mandato, por lo que, al menos teóricamente, esta circunstancia podía salvaguardar la tendencia de todo poder a corromperse.

Pero este viejo antecedente procesal no dejaría de ser útil hoy para revisar la actuación de cualquier gobernante y la limpieza de su administración, más aún cuando tal situación se ha prolongado más de dos décadas en el caso del Sr. Chaves. En nuestro actual sistema democrático, da la impresión de que todos los abusos, desmanes, corrupciones, nepotismos e irregularidades que puedan cometerse a lo largo de cada mandato gozan de remisión absoluta mientras se obtengan votos suficientes, los que se consiguen tanto más fácilmente, cuanto mayor poder se tenga.

El poder judicial, que debería servir de contrapeso a cualquier abuso de poder, ha sido tan politizado en los escalones superiores, que ha mermado mucho la confianza de los ciudadanos en su actuación, que siempre resulta lentísima, complicada, cara y de incierto resultado, máxime con la pluralidad de Tribunales Superiores en cada Autonomía y la existencia de un Tribunal Supremo que no resulta tan supremo ya que puede ser cuestionado por el Tribunal Constitucional.

No ignoro que ha habido altos cargos condenados, pero hasta un determinado nivel. Aquel magistrado de importación Sr. Bacigalupo decidió que el Presidente del Gobierno no podía ser estigmatizado haciéndole declarar en un proceso y el Presidente sucesor decidió “pasar página”, actitud que si se hubiera tratado de un cuestión personal podría calificarse de generosa, pero al ser institucional debió instar al poder judicial a llegar hasta el final. Alguien ha dicho que el poder es impunidad, afirmación que puede parecer exagerada, pero que tiene buena parte de verdadera. Se podría hacer una amplia lista.

Si en el siglo XVI fue la Corona la que trató de poner freno a los abusos y desmanes de los gestores de la administración indiana y facilitó la presencia del pueblo llano, españoles e indios, para oír sus quejas en el juicio de residencia, ahora tendrá que ser la sociedad misma la que se organice, la que impida la impunidad del poder, la que exija unos tribunales independientes y un examen minucioso de la actuación de cada gobernante. Los partidos políticos no lo van a hacer y el Tribunal de Cuentas, pienso que tampoco, pues solo hace dictámenes que parecen servir de poco.

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