Aún no es momento de decir que el debate político a cuenta de la iniciativa de reforma de la protección sanitaria este año ha tocado fondo, puesto que tenemos garantizado escuchar acusaciones exageradas sobre medicina socializada, burócratas públicos entrometidos que pueden reemplazar a burócratas corporativos entrometidos -- ¡y cómo deberíamos gravar a los ricos porque después de todo, ellos son los que crean empleo!

Cualquier persona sensata se preguntará dónde están todos esos empleos, y porqué esta maquinaria de creación de empleo de la más alta extracción social debe quedar exenta de una subida de impuestos para financiar la protección sanitaria de aquellos que no tienen ninguna. Pero sería desviarnos del tema.

De lo que se supone que deberíamos estar hablando es del (BEG ITAL)cuándo(END ITAL) debería ser aprobada la legislación sanitaria -- ¿antes del receso veraniego? ¿Justo después? ¿Nunca?

Ahora que eso ha cautivado la imaginación de los políticos y los medios, la política del calendario ha reemplazado la verdad sencilla de que el Congreso ya está maniobrando -- maniobrando muy poco, y no necesariamente hacia una victoria triunfal -- para expandir la cobertura sanitaria, reordenar el retorcido sistema de remuneración médica que alimentaba la ineficacia y elevaba el gasto, y eliminar algunos de los desastres en Medicare creados cuando los Republicanos controlaban el Congreso y regalaron miles de millones a las farmacéuticas y las aseguradoras.

Puede que no sea un comienzo muy prometedor. Pero partir de cero exigiría el valor político de reconocer que el sistema de protección privada basada en la empresa es demasiado precario para ser salvado con un puñado de parches. Ello nos exigiría reconocer que para imponer el control definitivo del gasto que los políticos dicen desear, necesitaríamos de (BEG ITAL)inspectores(END ITAL) de gasto -- esos temidos burócratas -- que impusieran las normas que consumidores, mutuas y la industria privada de protección han incumplido a través de 'la magia' del mercado.

Lo sé, esto es demasiado lógico en medio de la inversión de la lógica que mueve el debate sanitario. Aún así, el Congreso está logrando ponerse en marcha. Y a pesar de cualquier distorsión que usted pueda escuchar, la propuesta de ley de la Cámara que atraviesa en estos momentos una serie de comités es el mejor de los comienzos este año.

Ampliará la cobertura, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, para que el 97 por ciento de los adultos (sin contar los ilegales) tengan un seguro. Crea un plan público como opción por la que los particulares pueden optar. Y para dejar claras las cosas, es el camino más claro a la cultura de cambio necesaria para cortar por lo sano con los planes de pago que ahora contribuyen al gasto en permanente crecimiento.

El independiente Commonwealth Fund, un laboratorio de ideas en torno a la sanidad, estudiaba tres opciones de planes nuevos y concluía que con gran diferencia el mecanismo más eficaz de rebajar el gasto -- con ahorros para el gobierno federal, el consumidor y el empresario por igual -- era la creación de un plan público que remunere a las mutuas en cantidades comparables a las que paga Medicare. Una opción intermedia siguiendo estas líneas, la creación de un plan público que paga a médicos y hospitales algo más que Medicare, está incluida en la propuesta de la Cámara.

Mientras tanto, aunque las iras políticas se dirigen a la subida de impuestos a los estadounidenses de renta elevada que financiará gran parte de la ley de la Cámara, ésta es la única provisión de cualquier propuesta de ley de las que hemos visto hasta el momento que afronta con eficacia lo evidente: Tiene que haber una fuente clara de recaudación que financie todo esto.

El impuesto complementario es transparente. Sabemos quién lo pagaría y cuánto recaudaría (alrededor de 544.000 millones de dólares a lo largo de 10 años, según estimaciones oficiales). No se necesita un pantano de ajustes y excepciones, como las que se contemplan ahora en el Senado para subir los impuestos a los trabajadores que se benefician de pólizas de protección sanitaria de alto nivel. Cualquier impuesto a estas prestaciones exigirá compromisos políticos para explicar las considerables diferencias regionales en el precio de la póliza y, por ejemplo, las primas más elevadas en general que son abonadas por los trabajadores de empresas pequeñas o aquellas dominadas por trabajadores veteranos.

Aunque la subida fiscal bien podría terminar siendo torpedeada, hay partes inequívocamente necesarias de la ley de la Cámara que es necesario conservar. La principal entre ellas es la eliminación del pago de intereses en los planes con intermediarios de la industria aseguradora que cubren a los pacientes de Medicare. El contribuyente gasta ahora un 13 por ciento más por paciente en estos seguros con intermediarios de lo que paga por un paciente que firma una póliza regular (sí, las públicas de Medicare). Otra cuestión imprescindible es la provisión que obliga a las farmacéuticas a reintroducir en vigor los descuentos de las recetas de pacientes de Medicare que son lo bastante pobres para tener derecho a recetas bajo Medicaid -- un descuento que funcionó hasta que la legislación en beneficio de las farmacéuticas, rebosante de regalos a fondo perdido a la industria, fue introducida en vigor.

Puede considerar estos detalles una molestia. Pero ciertamente son más significativos que si la propuesta de ley es aprobada el mes que viene, o el mes más tarde, o hasta en Navidades.

____________________

Diario SIGLO XXI dispone de los derechos de publicación en exclusiva para medios digitales españoles de este y muchos otros columnistas del Washington Post Writers Group.