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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

El TC y la Audiencia Nacional, ¿cubren las espectativas?

Miguel Massanet
Miguel Massanet
jueves, 23 de julio de 2009, 04:51 h (CET)
Cuando, en un país, que se califica a sí mismo de democrático y pretende constituirse en un Estado de Derecho, deberíamos suponer que tales asertos están apoyados, fundamentados y avalados por las garantías que cualquier nación debe asegurar a sus ciudadanos en base a una efectiva división de poderes, cada uno de los cuales tiene la misión de controlar a los otros para así evitar que el predominio que pudiera ejercer cualquiera de los demás pudiera impedir que los derechos de los ciudadanos, su legítimo ejercicio de las libertades que le garantiza la Constitución y las salvaguardas que las leyes fundamentales les otorgan; pudieran ser objeto de recortes, limitaciones o falsas interpretaciones que alteraran el propio concepto de lo que representa la propia democracia. Es así que, como ya se ha comentado en tantas ocasiones, los tres poderes que Montesquieu estableció, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial deberían actuar con plena independencia, para lo cual es preciso que ninguno de ellos esté condicionado, intervenido ni mediatizado por los otros dos. Los pilares de la nación precisan de mecanismos independientes tanto para la designación de sus miembros de gobierno como para la designación de quienes han de desempañar la función que la constitución ha previsto para ellos, de modo que así no exista posibilidad alguna de que los unos con los otros puedan interactuar de forma que pudieran influirse en base a ideas, intereses o ideas políticas que pudieran coartar, en alguna forma, la independencia en el ejercicio de sus respectivos cometidos y responsabilidades.

Es de domino público que el Estado constitucional de Derecho se da cuando se dispone de una Constitución ( en el caso de España, la de 1.978) y, en tal caso, el Estado de Derecho supone que cualquier ley que se dicte debe de estar subordinada a los principios constitucionales, lo que requiere la implantación de un Tribunal Constitucional cuya misión básica, para no decir única, es asegurarse que cualquier norma que se pudiera establecer por el Ejecutivo se ajusta a la Constitución y que cualquier interpretación que se hiciera de ellas por el poder Judicial no se aleje del verdadero sentido que quiso darle la Carta Magna. En definitiva, y para resumir: el principio de legalidad no sólo obliga a la administración y la jurisprudencia, sino también al legislador ordinario, que debe respetar la Constitución. Todos estos debieran ser conceptos claros y, como tales, inteligibles para todos los ciudadanos y respetados por todas las autoridades; sin embargo, vemos que, en la práctica, cuando se va a nombrar a los componentes de este alto tribunal no se hace por medio de los órganos de gobierno del mismo colectivo judicial, al contrario, se prescinde de ellos y las designaciones corren a cargo del Gobierno y de la oposición, en virtud de criterios de proporcionalidad y, todo ello, no en función de unos cánones objetivos de valoración de la preparación de los aspirantes al cargo, de su currículo en la profesión o de sus especiales estudios jurídicos, que los avalen como candidatos; por el contrario, la “virtud” que más se tiene en cuenta es el grado de afección y fielidad a la formación política que lo propone.

Así, nadie se debería de extrañar que con tanta insistencia le demandemos al TC que cumpla con su misión, que se dejen de zarandajas partidistas y que se atengan a los preceptos constitucionales para valorar el Estatut de Catalunya; sin dejarse presionar por el Gobierno ( que, por supuesto que los presiona), en cuanto a sus intereses partidistas en función de los pactos que tiene convenidos con los nacionalistas; que no se deje arrastrar, en función de plazos o fechas más o menos oportunas para dar su veredicto ( como resulta más que evidente que ha sucedido, al haberse prolongado las deliberaciones por más de tres años; tiempo a todas luces excesivo y preocupante) y que no se deje influenciar por las consecuencias que produciría en Catalunya una resolución de inconstitucionalidad de dicha Ley Orgánica, sólo teniendo en cuenta los efectos que tal decisión pudiera tener en el orden político, económico o en la opinión pública.

Y es obvio que se les puede pedir profesionalidad a los miembros del TC, con su presidenta, la señora Casas a la cabeza; porque, resulta muy sospechoso para la ciudadanía, verdaderamente anómalo para los expertos y altamente irregular, que un tema de tanta trascendencia; de tales repercusiones para España y los españoles; de tan sospechosa peligrosidad para la integridad de la patria y de tanta falta de solidaridad para el resto de autonomías que, si después de tantas deliberaciones, tantas luchas intestinas y tantas muestras de parcialidad, demostradas por las recusaciones, discrepancias y nombramientos oportunos ( la prórroga del mandato, por decreto, de la presidenta, señora Casas, que no olvidemos que ostenta el voto de calidad) producidos en el seno de tal institución; al final, para intentar contentar a todos –como dejó escapar en unas declaraciones públicas la señor Mª Antonia Casas, presidenta del TC –, se nos “obsequie” con una chapuza que acabe por reconocer lo que de facto se han ocupado de asegurar los nacionalistas, con el desarrollo apresurado de su Estatut y garantizándose del señor Zapatero la financiación que les interesaba hasta el año 2012; entonces, señores, podremos decir sin temor a equivocarnos, que en España no existe Estado de Derecho alguno, que lo de los tres poderes no es más que una filfa y que no queda nada de nuestra democracia en manos de esta gente que nos gobierna que, aparte de haber demostrado su incompetencia para enfrentarse a la crisis, también nos ha abierto los ojos con respecto a cuáles son las intenciones que tienen respecto al modelo de sistema político que intentan implantar en nuestra nación.

En estos momentos es evidente que en España sobran dos de los tribunales que debieran garantizar el Estado de Derecho: el primero, el Tribunal Constitucional, porque ha demostrado, en temas verdaderamente fundamentales, como han sido las transgresiones de los preceptos constitucionales por parte de los nacionalistas ( banderas, lengua española, retraso sospechoso en la resolución de los recursos sobre el Estatut catalán, enseñanza y derechos de los padres vulnerados por leyes estatales y autonómicas etc) siguiendo las pautas marcadas por el propio Gobierno Y, en segundo lugar, la Audiencia Nacional, convertida en una guarida de jueces que parecen cortados por el mismo patrón y que se han empeñado en seguir la senda marcada por el inefable juez Garzón, ahora en horas bajas, dedicándose a despilfarrar el dinero de los españoles con esta estupidez de la Memoria Histórica y empeñados en constituirse en los redentores de la Humanidad. Es de lamentar que, como nos demuestra este juez fardón, el juez Pedraza (que no sólo apoya las manifestaciones proetarras con argumentos cogidos con alfileres, sino que, vaya usted a saber de dónde se ha sacado esta idea), parece que no considera punible que, en el estadio Valenciano, se pitase a SM el Rey y al propio himno nacional español. Para este personajillo, al que evidentemente el puesto le viene ancho, se ve que los símbolos patrios le merecen poco respeto y, por lo visto, se atreve, sin ambages, a fijar el derecho de expresión con un listón tan alto que le permita a cualquiera reírse de la patria y de su Rey. ¡Vamos dados!

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