La noticia de, que por el error profesional de una enfermera, haya muerto en la unidad de prematuros del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Rayan, el niño marroquí que nació mediante cesárea cuando su madre fallecía por la gripe A, ha escandalizado a la gente que pide responsabilidades por la fatal equivocación, calificada de “error terrorífico” por los responsables del hospital.

Al mismo tiempo se ha publicado la noticia de que el Dr. Morín, el médico que trituraba los cadáveres de los niños abortados en su clínica, ha sido autorizado por el Colegio de Médicos a reanudar el ejercicio de su profesión, de la que había quedado suspendido a raíz de que se divulgaran las actividades de su rentable clínica en la que se podía abortar, no sólo en los supuestos de la nefasta Ley de 1985, sino sin limitaciones. En este caso poca gente y pocos medios se han escandalizado.

Mientras que la desgraciada enfermera del caso Rayan sufrirá de por vida las consecuencias de su error, el Dr. Morín podrá evadirse de la justicia ya que por parte del gobierno, defensor a ultranza de la ideología de género y del progresista derecho de la mujer a abortar, se prepara para imponernos una Ley que ofrecerá “seguridad jurídica” a los profesionales de tan espeluznante profesión.

Dado que la denuncia formulada contra Morín tendría que probar que en su clínica se habían practicado abortos fuera de los supuestos de aquella Ley, la posibilidad de que pudieran ser conocidas o llamadas a declarar las mujeres que abortaron, hizo que la Sra. Fernández de la Vega se alzará como una pantera contra tal posibilidad gritando que jamás iba a consentir tal cosa.

En nuestro garantista sistema penal no basta que sea notoria una conducta punible, sino que es necesario probar ante el juzgador cada uno de los actos, por lo que la actitud de la vice-presidenta y la influencia de su poder, impedirá que la justicia llegue a castigar nunca a los médicos abortistas.

Como además el Gobierno está convencido de que cualquier ley que se apruebe en el congreso, aunque sea con votos “negociados”, adquiere valor moral suficiente para exigir su cumplimiento, está claro que va a tratar de imponerla.

Un niño que muere por error profesional es, sin duda, una tragedia pero más de cien mil niños que cada año son asesinados para que sus madres puedan seguir disfrutando de su salud sexual y reproductiva, no son ninguna tragedia y carecen de importancia para nuestros gobernantes.

Si nuestra sociedad transige con todo esto dejará claro que es una sociedad hipócrita y podrida y perderá el derecho a quejarse de la marcha que llevamos hacia el totalitarismo.