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Etiquetas:   Artículo opinión   -   Sección:   Opinión

España o El Estado de Derecho sin derechos

Ángel Ruiz Cediel
Ángel Ruiz Cediel
@angelruizcediel
domingo, 5 de julio de 2009, 18:47 h (CET)
Siempre he sostenido que quien quiera que fuera que ideó el eslogan “España es diferente”, dio en el meollo justo de la realidad. España es diferente, sin duda, hasta el extremo de que ni siquiera lo que se dice o pronuncia desde el mismo Estado, o lo que pregonan Cartas Magnas o las leyes, tiene nada que ver con lo que se aplica. Por ejemplo, hay muchos que creen que viven en un Estado de Derecho, pero ignoran que es uno en el que, sin embargo, no hay derechos.

Si un ciudadano es demandado y el juez considera que hay “indicios”, basta con eso para que el acusado o imputado sea ya crucificado socialmente, y, además, estará obligado a demostrar su inocencia. Sí, sí, a demostrarla, por más que a muchos se les llene la boca con la bola ésa de “todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. O demuestra su inocencia, o a galeras, mientras el acusador, probablemente en falso, está tan ricamente disfrutando de cómo su adversario muestra sus intimidades y dilapida sus bienes en abogados. Falacias en fin, en un país judicializado, en el que sacan ventaja, además de la incontable legión de profesionales que viven a cuerpo de rey a su costa, los acusadores, quienes con la mayor impunidad van a tener acceso a lo más íntimo o a lo que les convenga de aquél a quien, probablemente con la perversa intención de irrumpir en su intimidad, han demandado a sabiendas de que era injusto. El daño, así, no sólo está hecho, sino que es favorecido por el Estado de Derecho que se supone debería proteger sus cacareados derechos.

Como ejemplos sobran, y están en la mente de todos, no voy a insistir sobre esta obviedad. Lo haré, sin embargo, sobre otros aspectos que redundan en lo mismo, pero que nadie, por lo que se ve, quiere ver o denunciar. Por una parte, pocos países están tan judicializados como éste; y, por otra, aunque no se quiera ver, en pocos hay tales niveles de corrupción. Juntando ambos extremos, cuando se habla de cuestiones capitales como los Derechos, especialmente en el ámbito de la Justicia, deriva en una cuestión capital: indefensión. Una atrocidad propia de las peores dictaduras que, en España, es una realidad cotidiana.

El ciudadano de a pie sabe que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio no sólo por la ruina económica que significa un pleito, sino también porque no hay garantías de ganar o perder, se demuestre lo que se demuestre, y para corroborarlo basta con estar al tanto de las sentencias que cada tanto nos encojen el ombligo, sin que aquí pase nada. Pero, lo peor del caso, es que no hay nadie que vigile por la limpieza de los procesos, especialmente si uno o los dos litigantes son desconocidos. No es que no haya ninguna clase de sanción para quien denuncia en falso con la intención de enterarse de intimidades del demandado o con la simple voluntad de destruirle públicamente, sino que no hay nadie que proteja los derechos de este ciudadano imputado que, aunque saliera inocente, estará ya estigmatizado, marcado, ensombrecido. Piensen, sin ir más lejos, en el caso Gurtel tan de moda, y supongamos que los imputados fueran inocentes: ¿quién ha velado por sus derechos y quién les consideraría de ahí en más confiables?...

Esto, lamentablemente, sucede con cada caso, aunque no sea de la importancia de éste. En cada uno. No hay un árbitro que regule el proceso, unas manos limpias que vigilen que no se delineen acuerdos bajo mesa o se unten guardas, que no se pongan de acuerdo para cualquier fin los letrados de las partes litigantes, que no se impute o se falte de imputar porque sí, que vele porque la información sensible del acusado deba ser descerrada a su enemigo o que sea severísimamente castigado el que acusa en falso, con intención perversa o como estrategia para descubrir información del adversario con la ayuda del Estado. Es más, ni siquiera hay un conducto seguro establecido para que un imputado que considere que se vulneran sus derechos o que es atropellado, pueda demandar truculencia o trampa..., incluso de su propio abogado.

España es diferente, ya digo. Y lo que es peor: no tiene propósito de enmienda. Se pronuncian hermosas palabras y se promulgan grandilocuentes leyes, pero es un Estado de Derecho sin derechos.

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