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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Señora Casas, ¡satisfagan ustedes a la Justicia!

Miguel Massanet
Miguel Massanet
sábado, 4 de julio de 2009, 05:12 h (CET)
Uno pudiera pensar que, en España, se está produciendo un divorcio completo entre los españoles y sus instituciones; a la vista de la falta de sincronía entre lo que se está cociendo en éstas y aquello que parece estar demandando la ciudadanía. Es evidente que al pueblo español se lo está minusvalorando situándolo a la altura de los pobladores de alguna de las repúblicas africanas acostumbrados a estar dominados por los eternos “libertadores” que, si en algo se caracterizan, es por estar cortados todos por el mismo patrón, por su evidente egoísmo y desprecio por las libertades de los ciudadanos, convertidos en meros espectadores pasivos de las arbitrariedades, enriquecimiento, actos dictatoriales y desprecio por la Justicia de aquellos a los que están sometidos. No es que, a la vista de lo ocurrido en los últimos comicios legislativos, no tengamos motivos para sospechar del criterio de muchos de los que emitieron su voto por puro fanatismo hacia el PSOE; de temernos que los hubo que no tuvieron una visión clara de a dónde nos conducía el señor Rodríguez Zapatero con sus continuos vaivenes en política económica y con el sectarismo que siempre le ha caracterizado en cuanto a la falta de respeto de los derechos constitucionales de los españoles. En todo caso, hete aquí que la señora presidenta del Tribunal Constitucional ha vuelto a hablar y conviene que intentemos averiguar lo que ha querido decir con sus declaraciones.

Lo primero que debiéramos recordarle a la señora Emilia Casas es que, cuando se quiere presumir de que una institución esté despolitizada, lo primero que debiera hacer es mirarse a sí misma. Es evidente que, esta señora, ya hace mucho tiempo que debiera de haber sido sustituida en su cargo por haber vencido el periodo de su mandato, pero no ocurrió así y todos sabemos a que fue debido: a que el Gobierno socialista de ZP se saliera con una ley nueva por la que se prorrogaba su mandato ¡necesitaban a la señora Casas al frente del TC para que no quedara desequilibrada la mayoría de magistrados de procedencia socialista! Si esto no es política que alguien nos lo explique. Por otra parte, todos en España han presenciado la desconcertante y escandalosa refriega que se produjo acerca de las incompatibilidades de algunos magistrados para tratar de los recursos presentados en contra de la legitimidad del Estatut catalán ¿es esto o no política o politiqueo, señora Presidenta?

Pero cuando, un tribunal de las características del TC, con toda su dotación de expertos jurisconsultos; con todo su elenco de primeras figuras en el ámbito constitucional y con todos los medios a su alcance para diseccionar hasta la última letra de este panfleto indecente que nos han colado a los españoles los de la Generalitat catalana – cuando, para más INRI, quedó demostrado, en el referendo que tuvo lugar en Catalunya para su aprobación, que una gran mayoría del pueblo catalán no tenía ningún interés en él al votar a favor de su aprobación sólo un escaso 35% del censo electoral –; necesita más de tres años para resolver los recursos que se presentaron ante él, entonces, señores, deberemos empezar a pensar que sólo existen dos motivos fundamentales para que un tema de tanta trascendencia para España, una cuestión tan lacerante para la unidad de todos los españoles y una banderilla de fuego clavada en el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley; sufra un retraso de tanta consideración. Y creo que quizá, en las últimas declaraciones que han aparecido en la prensa, de la señora Casas, podamos empezar a encontrar una explicación posible a toda esta serie de retrasos, protagonizados por los componentes de tan alto tribunal, en parir una resolución sobre el tema de sí es constitucional o no, la dichosa Ley Orgánica..

Porque, señores, o bien los que debieran dictar resolución sobre la legalidad o ilegalidad del Estatut no estaban preparados para la tarea que se les encomendaba, en cuyo caso debieran haber sido cesados automáticamente o bien, existían circunstancias, había impedimentos, se produjeron presiones externas, se les recomendó prudencia para no interferir determinados procesos electorales, hubo enfrentamientos entre las distintas facciones de los componentes del tribunal o se produjeron amenazas, presiones o chantajes procedentes de grupos interesados en que se salvara el Estatut; para evitar un conflicto con los políticos catalanes –que no con la población, que poco le importa el Estatut y que está mucho más interesada en que no le pongan más impuestos o en que se les permita hablar en castellano, que en que el Tripartit se convierta en el administrador de miles de millones que cualquiera sabe en manos de quien irán a parar ¬–; es decir motivos políticos, de alto nivel si ustedes quieren, pero al fin y al cabo politización total para influir, puede que decisivamente, sobre el sentido de la sentencia.

Pero ha sido la propia señora Presidenta del TC la que, con diáfana claridad, ha dicho una frase que nos aclara por donde van los tiros. La señora Casas ha dejado caer ante los medios de comunicación, con relación al tema del Estatut, la siguiente frase: “debería satisfacer a todos” ¡Si, señores, debería satisfacer a todos para que así el TC no salga tocado en el intento y pelillos a la mar” ¡Pero señora mía, desde cuándo las resoluciones sobre un tema tan espinoso “deben satisfacer a todos”. No, señora, su contestación es absurda e impropia de una señora que ostenta su cargo. A quién debe satisfacer la sentencia es básica, únicamente, absolutamente y sin ningún matiz que lo ponga en duda, ¡a la Justicia! Es evidente que si el Estatut es ilegal y se rechaza no va a satisfacer a todos, lo mismo que si se considera legal; pero es que, aún que existan artículos que sean legales y otros que no, no se trata de que el tribunal intente contentar a todos aprobando la mitad y denegando la otra mitad, porque esto no es la función de un tribunal cuya misión es pura y simplemente determinar si las cuestiones que se le plantean están de acuerdo con la Constitución de 1978 o no, en cuyo caso, sin más miramientos, deben ser rechazadas.

Si a esta señora se la mantuvo en el cargo para que pasteleara con la ley se cometió un acto ilegal. El TC no está para contentar a todos o disgustar a algunos, su función es establecer si una ley, sea orgánica o no, se adapta a la Constitución o no, sea en todo o en parte. No resulte que, en definitiva, tengamos que admitir que las amenazas del señor Montilla, publicadas en el periódico La Vanguardia, en las que se advertía al TC de las consecuencias de una sentencia en contra del Estatut, vayan a resultar determinantes a la hora de dictaminar sobre si España es una nación o un reino de taifas.

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