Es evidente que el hecho de que las niñas de 16 años puedan abortar sin necesidad de la autorización de sus padres se trata de un disparate jurídico y social, pero la alarma suscitada corre el riesgo de ocultar el fondo de la gravedad que supone la iniciativa del Gobierno de crear un nuevo “derecho al aborto”.

Y es que buena parte de la atención pública, a propósito de la prevista reforma de la ley del aborto, se está centrando en la aberración comentada. No existe criterio alguno de carácter científico, ético o médico para justificar un aborto y que son solo razones meramente ideológicas, las únicas que asisten a un gobierno cuya meta es pilotar una auténtica revolución cultural contra la mayoría social. De ahí que acuda a la mentira de manera constante, no ya para ocultar la realidad del drama que supone para toda mujer la interrupción violenta de un embarazo, sino para llegar al extremo de convertir un mal intrínseco en un supuesto bien para la madre.