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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

Política de tribunales

E. J. Dionne
E. J. Dionne
sábado, 27 de junio de 2009, 22:42 h (CET)
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirma estar al margen de la política, y a veces hasta logra dicha aspiración.

El tribunal puntualmente ha resuelto problemas que las ramas más convencionalmente políticas del gobierno han permitido campar a sus anchas, y las minorías oprimidas han podido utilizar el tribunal periódicamente para hacer valer sus derechos.

Pero con mucha mayor frecuencia de la que queremos admitir, los jueces del Tribunal Supremo reflejan las tendencias políticas enfrentadas del país y con frecuencia no llegan a sus veredictos a través del ejercicio del razonamiento Platónico basado en un análisis exhaustivo de la Constitución sino por la vía del regateo político descarado.

El dictamen del tribunal esta semana en torno a la constitucionalidad de la Ley de Participación pasará a la historia como un clásico del intercambio de favores judiciales. El tribunal evitó la catástrofe a través de un veredicto superficial que deja en el aire los principales asuntos planteados por el caso.

La catástrofe habría sido un dictamen invalidando la Sección 5 de la ley que obliga a ocho estados (seis de ellos en el Sur), a la mayor parte de Virginia y a docenas de jurisdicciones de todas partes a someterse a la aprobación del Departamento de Justicia ("acreditación") antes de alterar sus leyes electorales.

La ley, aprobada por primera vez en 1965 y renovada desde entonces, ha sido un éxito estrepitoso. Puso fin a los esfuerzos abiertos y encubiertos encaminados a desencantar a los electores de minorías que antes eran rutinarios, en particular en el Sur segregado, y transformó así a la sociedad estadounidense.

Los defensores de los derechos civiles se temían que la mayoría conservadora del tribunal estuviera dispuesta a echar abajo el corazón de la ley, de manera que la alegría estallaba esta semana cuando por votación 8 a 1 el tribunal dejó intacta esa sección.

La mala noticia es que el veredicto deja abierta la posibilidad de que la sección sea anulada en algún momento. Es un recordatorio muy claro para todo el mundo de que las tendencias filosóficas y políticas de los futuros candidatos al tribunal importan de verdad.

El magistrado presidente del tribunal John Roberts se ha llevado el mérito de cumplir con un principio que dijo desposaría con regularidad pero que con frecuencia ha ignorado: que el tribunal debería ser minimalista, tomando sus decisiones basándose en los motivos más exactos. Y, como escribía en el veredicto de la ley, "evitar la resolución innecesaria de las cuestiones constitucionales."

Roberts merece una felicitación, pero no más. En un caso planteado por una entidad de gestión de servicios públicos de Texas con una junta elegida de manera democrática que pensó que se le debía permitir que evadir las restricciones impuestas por la Sección 5, el juez que preside el tribunal dejó que la entidad se fuera con la mínima sin plantear considerables dudas legales. Pero su veredicto apunta claramente a que habría preferido revocar toda la sección.

Aunque reconocía los logros pasados de la ley, Roberts afirmaba que "los éxitos pasados por sí solos... no constituyen justificación adecuada para conservar la obligatoriedad de la acreditación." También afirmaba que "pruebas considerables" sugieren que la formulación "no satisface las condiciones políticas actuales."

Leyendo entre líneas, Pamela Karlan, profesora de la Facultad de Derecho de Stanford y una de las principales expertas en derecho de sufragio del país, concluía que Roberts no logró reunir la mayoría para tumbar la Sección 5.

"Lo que indica el veredicto es que el ala conservadora del tribunal no tenía los cinco votos," decía en una entrevista. "No creo que ésta sea una decisión minimalista. Creo que se trata de una decisión de compromiso porque hay cinco jueces que no querían tumbar la ley."

Lo más probable es que uno o dos de los jueces conservadores (probablemente Anthony Kennedy y posiblemente Samuel Alito) se dieran cuenta de que revocar una ley del Congreso simplemente porque una mayoría simple había decidido que estaba desfasada sería entendido como una forma escandalosa de activismo judicial.

Además, como observa Karlan, la Ley de Participación Electoral se ha ganado un estatus icónico dentro del código estadounidense como "una de las pocas leyes de la historia americana producto de una movilización verdaderamente masiva." Anular la principal formulación del contenido habría pasado "una factura política clara al tribunal." Sí, puede apostar a que el tribunal se fija en la política.

El veredicto de Roberts ha sido interpretado ampliamente como una invitación al Congreso a reformular la ley, aunque daba unas cuantas pistas en cuanto a los cambios en la ley que disiparían sus dudas. En la práctica, es muy frecuente que el tribunal empuje al Congreso a alterar legislaciones -- lo que subraya aún más la naturaleza profundamente política de una rama del gobierno presuntamente inmune a la política.

Por utilizar una fórmula hueca cargada de sexismo, seguimos siendo un gobierno de leyes, no de hombres. Pero hombres y mujeres tienen opiniones políticas y orientaciones filosóficas que no se evaporan en el momento en que se convierten en jueces del Tribunal Supremo. Simular lo contrario no hace nada por preservar nuestras libertades.

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Diario SIGLO XXI dispone de los derechos de publicación en exclusiva para medios digitales españoles de este y muchos otros columnistas del Washington Post Writers Group.

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