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Etiquetas:   Hablemos sin tapujos   -   Sección:   Opinión

Lo que significa dimitir

Miguel Massanet
Miguel Massanet
viernes, 26 de junio de 2009, 01:10 h (CET)
Nadie puede poner en duda que, en los tiempos en los que nos ha tocado vivir, a pesar de que la lengua española parece que, en el Mundo, goza de buena salud y continúe usándose por 450 millones de castellano parlantes, no obstante, como lengua viva que es, va sufriendo una modernización de los términos de forma que, mientras unos pasan a formar parte del glorioso recuerdo, dejando de ser utilizados en el lenguaje de la calle, otros vocablos, que en un principio nos parecen raros, sin sentido y un poco horteras, se van afianzando como parte de una nueva semántica, la de la calle la que, en definitiva es la que va marcando los hitos de un idioma. Y así nos encontramos términos de viejo uso que cambian de significado para ser utilizados con un sentido distinto; valga como ejemplo de ello la palabra “vale”, en otros tiempos expresiva del valor de una cosa o de la capacidad de alguien para desempeñar una actividad, por ejemplo “vale para ser director de la empresa” o, incluso, como un bono o tarjeta cambiable por un bien o servicio. Actualmente, esta palabra ha vuelto, en un regreso elíptico en el tiempo, a sus orígenes latinos (vale, valete), donde tenía un significado muy parecido al que se le da hoy por nuestra juventud: “Adiós” o “pásalo bien”. Y en esta tesitura nos encontramos con un término que ha sido borrado, de forma irreversible, del vocabulario de la clase política. Se trata de un verbo, un verbo maldito para cualquier funcionario o cargo electivo que se precie, estamos hablando de “dimitir” que, como todo el mundo sabe, significa, para todos aquellos que han decidido olvidarse de su significado, “dejar el puesto, el sueldo, las prebendas, los chollos, los sobornos y demás bicocas que, generalmente, lleva anexas cualquiera de las plazas, sean designadas a dedo o por votación, que suponen el disfrute de una cargo en la Administración pública o en el Parlamento de la nación”.

Así, no debiéramos de mostrar nuestra estupefacción y nuestra incomprensión cuando observamos que, entre aquellos que se promocionaron, con la pretensión de representarnos en la Cortes o de ocupar cargos público, los haya que se dedican a enriquecerse a cargo del Erario público. Y es que, los que debieran desempeñar funciones en beneficio de la ciudadanía, esmerándose en conseguir los mayores provechos para sus representados y ser conscientes de que, quienes son los que proporcionan el dinero para que se les pague el sueldo son, precisamente, aquellos que tienen el derecho a ser atendidos con el máximo respeto y consideración y a los que se les debe compensar con la máxima honradez y escrupulosidad en el manejo de los dineros recaudados de los impuestos; en el bien entendido de que, aquellos fondos sólo han sido depositados en sus manos, para que los usen en aquellos proyectos que contribuyan al bien común de la población del país. Y digo que no nos debemos admirar de que ello suceda, dado que la gran mayoría de estas personas que ocupan puestos de funcionarios, fuere por haber optado al puesto por oposición (los menos); por pertenecer a partidos políticos que ostentan el poder ( los más); por enchufe proporcionado por alguien con influencia o como un medio que tiene el Gobierno para disimular el paro en el sector privado; son los que más ocasiones tienen de convertirse de meros empleados administrativos, de maestrillos sin plaza, de correveidiles de un partido político o de pelotas de un personaje mediático; en virtud de el milagro de los panes y los peces, en personajes enriquecidos, con chalets en la costa, coches de lujo y cuentas millonarias en los bancos y en las islas Caimán.

Vaya usted a pedirles a todos estos “privilegiados” –muchos de ellos salidos de la nada, empleaduchos de tres al cuarto o meros vividores, que han sabido buscarse la vida haciendo favores a personajes importantes – que renuncien a las prebendas de las que disfrutan y presenten la dimisión “sólo” por la “pequeñez” de haberse apropiado de fondos públicos, de haber prevaricado; de haber malversado fondos públicos; de haber favorecido a familiares, saltándose las incompetencias inherentes al cargo etc. Se agarran como lapas a sus poltronas y antes se desfondará el asiento que se consiga hacerlos que se despeguen de él. No pensemos que ni el señor Saiz del CSID, el de la fotografía trucada con los peces espada; ni el señor Chávez, ex presidente de la Junta de Andalucía, acusado de favorecer a la empresa donde su hija es apoderada ni el tesorero del PP señor Bárcenas, que consiguió comprar pisos con pagos de efectivos de 500 millones de euros ni, por supuesto, el señor Garzón que siendo juez, ¡milagro!, ha conseguido hacerse con una verdadera fortuna sin que, al parecer nadie lo considere algo extraño; ninguno de ellos tenga el gesto de presentar su dimisión, aunque sólo fuera por el tiempo durante el cual se determina su culpabilidad o inocencia.. Nadie se siente aludido, nadie dimite y todos se dedican, con inusual unanimidad, a intentar embadurnar a aquellos que han denunciado sus trapicheos.

En otros países, más civilizados y, cuando digo civilizados, no me refiero a estos políticos corruptos, sino a los ciudadanos que los pueblan; no se consentiría que un gobierno despreciase o pretendiera hacerse con el resto de poderes que tienen la misión de controlar sus actos. Por ello si, en definitiva, en España, están sucediendo estas anomalías, si la Justicia parece una casa de locos y si los buenos ciudadanos, los cumplidores de las leyes, son los perjudicados en beneficio de aquellos que sólo buscan su propio beneficio, viven de la mamandurria y de los negocios sucios; no se debe, en exclusiva, a los que nos gobiernan, que, por supuesto son los máximos culpables de que tales cosas ocurran ; sino que, en gran parte, les corresponde a los propios ciudadanos españoles, al pueblo llano y a determinadas instituciones que debieran dar ejemplo de imparcialidad, como el propio TC y, sin embargo, se vienen prestando a ser cómplices de un Gobierno que ha decidido hacerse con el control absoluto de las instituciones, haciendo caso omiso de la distribución de poderes, para constituirse en quien decide sobre el tipo de educación de nuestros hijos, las leyes que deben aplicarse y las que no, así como las normas que deben aprobarse en el seno del Parlamento y doctrinas que el PSOE fue introduciendo desde que asumió el gobierno de la nación. Empezando aquellas que no deben admitirse a trámite. Y es que ya están dando fruto aquellas por dinamitar la unidad familiar; permitir la revolución estudiantil en el seno de las aulas; ignorar la indisciplina y la facultad represiva de los enseñantes y, por el contrario, introducir en el profesorado verdaderos activistas de la demagogia de izquierdas, más empeñados en el adoctrinamiento político de los alumnos que en impartir la asignatura correspondiente. El resultado: el desprestigio de nuestra enseñanza en toda Europa y el misérrimo resultado de nuestros jóvenes en cuanto a abandono escolar y a conocimientos.

Una pena, un verbo tan útil y necesario, condenado al ostracismo. Y para terminar dos pensamientos. El primero pertenece a L.McHenry Howe, un político americano de principios del siglo pasado, que mantenía: “Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado” y, la segunda, de J. Morley, escritor y político inglés, contemporáneo del anterior quien, en su “Rousseau”, dejó expresado: “Aquellos que tratan separadamente la política y la moral, nunca entenderán ni la una ni la otra”.

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