La cobardía, señores, ha sido definida de muchas formas pero, a mi modesto entender, el que se refirió a ella con más acierto fue Confucio cuando la identificó con las siguientes palabras: “Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”. En Cataluña tenemos una larga experiencia sobre las actuaciones cobardes de sus dirigentes que, a la vez, tienen especiales connotaciones con el aprovechamiento de las oportunidades que, la crisis que se inició en el 2008, les ha dado para aprovechar el descontento que las consecuencias de la caída de las bolsas, el derrumbe de la burbuja inmobiliaria y el subsiguiente efecto dominó sobre los elementos productivos de toda la nación, el aumento del paro, la caída del nivel de vida de los españoles y, un fenómeno característico, que se suele producir en las épocas en que el pánico a perder el empleo, el temor a no poder atender a las necesidades familiares y la conciencia de que puede pasarse meses o años buscando un empleo sin encontrarlo; hacen que los trabajadores se acomoden a las restricciones, se avengan a los aumentos de jornadas o a la reducción de sus salarios; consintiendo en prescindir de mejoras sociales de las que con anterioridad disfrutaban, desoyendo cualquier incitación de sindicatos u otros activistas sociales a la protesta o la sublevación, todo ello, evidentemente, con la sola intención de conseguir mantener su puesto de trabajo.

En España ha sido evidente la presencia de este fenómeno de auto conservación o protección de la clase obrera ante la evidencia de que la crisis existía, de que la economía se desplomaba y el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo ha sido la constante durante los años en los que la crisis y la recesión han castigado con más dureza a nuestra nación. Una situación que, como suele ocurrir en tales circunstancias, ha venido a debilitar al Gobierno que, forzosamente, se ha visto obligado ante la amenaza de tener que ser rescatados por Bruselas, a poner en práctica medidas de ahorro, reducción de prestaciones, aumento de impuestos, modificaciones de leyes laborales, contención de salarios y freno a la supremacía que, durante años, mantuvieron los dos sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT.

Estos antecedentes son los que han favorecido los tumores malignos que ahora están amenazando la estabilidad de nuestra nación. Por un lado, los separatistas catalanes hallaron lo que les pareció el momento propicio para poner en práctica su particular desafío contra España, su gobierno, sus leyes y su Constitución. El señor Artur Mas, después de un mal resultado en las elecciones autonómicas, creyó que no le quedaba más remedio, para recuperar su prestigio ante sus seguidores, que lanzar el gran desafío al Estado, amenazando con la declaración de independencia de la comunidad catalana. Aquí se produjo el primer gran error de los muchos que, desde entonces, se han venido repitiendo a medida que el envalentonamiento de los secesionistas ha ido poniendo, cada vez más, al Gobierno de la nación contra las cuerdas. Los chantajes continuos de la Generalitat exigiendo más dinero y el éxito, al menos parcial, de haber conseguido ir sangrando el Tesoro Público, permitiéndoles dedicar más recursos a poner en marcha lo que deberían ser las futuras instituciones de la “nación catalana”; no ha pasado inadvertido para aquellos catalanes que estuvieron dudando si adherirse o no al movimiento separatista.

El resultado de la falta de reacción del Ejecutivo y el convencimiento de que, en Cataluña, se podían tomar decisiones anticonstitucionales sin que, en realidad, se produjera ninguna de las amenazas, veladas al principio y más explícitas después, que les llegaban del gobierno Central; sirvió para que el reducido número de nacionalistas exaltados ( de un 20% a un 30%) fuera aumentando hasta alcanzar la cifra aproximada de un 50%, que son los que hoy se calcula que aspiran a la independencia de Cataluña.

El que el señor Rajoy y su gobierno hayan permitido que se produjera tal estado cosas, por miedo a una explosión nacionalista en Cataluña, nos ha llevado a la situación actual en la que, ya no se trata de que se siga hablando de independentismo sino que, al socaire de la petición de la independencia, los partidos de izquierdas y no nos referimos al de ERC, que también, sino a los nuevos que han ido surgiendo, como estos anarquistas de la CUP o los podemitas de Ada Colau, hayan ido tomando posiciones, cada vez con más fuerza, de modo que, ante el desconcierto de las derechas catalanas y la desesperación de CDC, la nueva Pasionaria, Ada Colau, consiguió hacerse con la alcaldía de Barcelona, con todas las consecuencias inherentes a que, una mera activista, sectaria y antisistema, sea ahora la que dicta su ley ( más bien: su abominación por la ley) sobre los ciudadanos de la gran urbe catalana.

La realidad del panorama catalán, en estos momentos, se puede describir como la de un campo de batalla en el que distintos enemigos luchan entre ellos, mientras la parte más sensata y razonable de la ciudadanía se debate ante el temor de lo que pueda ocurrir y la sensación de que, los encargados de mantener el orden en la capital catalana, son precisamente, aquellos más interesados en que el caos, las batallas campales, los destrozos urbanos, las agresiones a la policía y los incendios callejeros, sean la tónica habitual en todos los barrios de la ciudad; con la evidente intención de convertir a Barcelona en el centro nacional de la violencia y del desacato a la democracia del Estado español. La apropia señora Colau, entre la espada y la pared, incapaz de negar sus simpatías por los que alteran el orden, ha hecho dejación de sus obligaciones, pidiendo que sean los revoltosos y las organizaciones del barrio de Gracia quienes “dialoguen” y se pongan de acuerdo respeto a cual deba ser, finalmente, la resolución de tan espinoso asunto.

Si Trias, el anterior alcalde, ya mostró su cobardía en el caso de Can Vies, interrumpiendo el derribo del edificio (por miedo a la reacción de sus ocupantes) que el juez había ordenado derribar y, ahora, nos hemos enterado de que: a estos mismos que han sido desahuciados del llamado “banco expropiado”, debido a que, la misma Colau, dejó de pagar el alquiler que, el señor Trias, con dinero del municipio, pagaba para “evitar problemas mayores” (deberá responder por malversación de caudales públicos si es que todavía queda Justicia en este país); una acción que ha provocado la respuesta airada de los desalojados con la agravante, todavía más llamativa, de que parte del vecindario apoya a los ocupantes, terroristas urbanos, del edificio donde desarrollaban una serie de actividades ilegales, sin pagar impuestos ni disponer de los permisos precisos para ejercerlas.

La triste realidad es que, después de unas elecciones fallidas, a las puertas de otras cuyas consecuencias estamos lejos de poder valorar, los ciudadanos, tanto catalanes como los del resto de España, nos encontramos amenazados por comunistas y separatistas, que se mueven a su gusto por ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, sin que los partidos constitucionalistas sean capaces de garantizarnos nuestro derecho a ser amparados ante las actividades ilegales, anticonstitucionales y coercitivas de grupos de terroristas urbanos que, incomprensiblemente, en lugar de ser detenidos y encarcelados por la policía; se da la absurda circunstancia de que las autoridades mismas, con la señora Ada Colau a la cabeza, son las que se preocupan para que las fuerzas del orden no les causen lesiones a los alborotadores aunque, como ya se ha demostrado, sean más de veinte los policías que han resultado heridos en los enfrentamientos con los vándalos de la CUP. Y, a todo esto, sólo un detenido entro los vándalos de Gracia.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos sentimos como si estuviéramos en uno de estos países del tercer mundo, como Venezuela por ejemplo, a merced de grupos de antisistemas, progresistas, alborotados, anarquistas etc., de estos que no se sabe de qué viven ni lo que hacen habitualmente, pero que son capaces de alterar la tranquilidad y el orden en las ciudades, creando la inquietud, el temor y la falta de seguridad entre la ciudadanía mayoritaria, que no comprende como, en una nación civilizada como España, pueden suceder actos y gamberradas más propias de países donde la herencia colonialista dejó la simiente de la rebelión y el desquite. Debemos recordar a todos estos que pretenden acabar con nuestro Estado de Derecho que estamos en una democracia por la que, tanto sus padres como los nuestros, lucharon durante años y, curiosamente, no se sabe muy bien cual pueda ser el modelo de estado que ellos pretenden vendernos pero, si es que debemos atenernos a los ejemplos que ellos no han puesto, deberíamos prepararnos para luchar, con todo nuestro empeño, para que ¡nunca consigan salirse con la suya! O así es como pensamos.