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Etiquetas:   La parte por el todo   -   Sección:   Opinión

República laica

Óscar Arce Ruiz
Óscar Arce
sábado, 20 de junio de 2009, 03:36 h (CET)
Los diputados franceses han pedido esta semana que se forme una comisión de investigación, con el propósito de definir en qué ámbitos es absolutamente improcedente el uso del burka por parte de las mujeres de creencias musulmanas.

Se puede abarcar este tema desde dos perspectivas diferentes (perspectivas que, por otra parte, son en muchos casos objeto de mezcla y confusión): la legalidad o la moralidad.

Para ver en qué medida son confundibles tales premisas, tomemos el ejemplo de la exigencia de derechos. Si bien muchos entenderíamos que un derecho es algún tipo de permiso para llevar a cabo una actividad de cualquier índole, muchos también tenderíamos a exigir derechos legalmente inaccesibles pero difíciles de negar.

El derecho a la vida, por ejemplo, o el derecho a ser feliz. En estos casos el derecho es más deseo que derecho, tiene más en cuenta lo que debería ser que lo que es y, por tanto, está más relacionado con la moral que con la legalidad. Un enfermo terminal, condenado a muerte por su propia biología, no tiene derecho a la vida.

Si llevamos la discusión al uso del burka y la manifestación pública de adhesión a creencias religiosas en Francia, nos será igualmente útil esa doble mirada.

Se puede impedir el uso del burka porque en territorio francés está prohibido el uso de cualquier signo de pertenencia a un credo religioso en determinadas parcelas de la vida pública. También se puede prohibir porque es humillante para las mujeres y porque es moralmente intolerable. Efectivamente, son éstas las dos posturas que han tomado forma nuevamente en Francia.

Tomar el punto de vista moral para hacer valer un hábito por encima de otro es tan peligroso que puede desembocar en la equiparación del poder con la moral, en la tiranía y en la superioridad moral del mandatario. Se puede desarrollar sin complicaciones el gobernador por la gracia de Dios.

Cuando se decide tomar el rumbo de la democracia se establece un sistema para generar normas y, lo más importante, para modificarlas. Una prohibición legal tiene (aunque escasos) mecanismos de debate y de objeción y participación. Un veto moral no tiene vuelta atrás porque el tirano dicta las leyes, mientras que la democracia las discute.

Por eso, cuando se prohíbe cualquier cosa por su choque con la moral dominante, se prohíbe de manera absoluta. No pueden alegarse abusos de poder porque la moral
-claro- es abusiva y busca situarse por encima de todo.

Independientemente de que creamos en la idoneidad o no de la ley, ningún ciudadano francés tiene derecho a mostrar su credo en determinadas circunstancias, y es esa la norma que hay que hacer respetar en ese país. Al menos de momento.

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