La presunción de incorrección política extrema, ha decidido el Supremo, es a veces demasiado extrema simplemente.

Las circunstancias que rodean al magistrado que preside la sala superior de Virginia Occidental, que se negó a inhibirse de un caso que implica a la empresa de un donante político, es un ejemplo "excepcional" del motivo de que las apariencias importen, según el veredicto del alto tribunal decidido por mayoría simple en el caso que arroja una cruel luz sobre la espiral de donaciones de campaña que amenazan con comprometer a las judicaturas de demasiados tribunales estatales.

El caso arranca con el agraviado dueño de una compañía de carbón enfurecido por un veredicto del juez de primera instancia que le ordenaba pagar 50 millones de dólares en daños a la competencia por prácticas empresariales fraudulentas y demás hechos delictivos.

Don Blankenship, gerente de la A.T. Massey Coal Company, gastó 3 millones de dólares en apartar a un juez Demócrata antipático y elegir al Republicano Brent D. Benjamin como relevo que iba a decidir el veredicto de la apelación. Blankenship obtuvo lo que el sentido común dice que compró: Benjamin rechazó recusarse como juez del caso y en dos ocasiones votó a favor de revocar el veredicto que habría costado tanto dinero a la empresa de su benefactor político.

“Aunque no hay alegación de acuerdo (BEG ITAL)quid pro quo(END ITAL), los hechos apuntan a que las generosas donaciones de Blankenship se hicieron en un momento en que tenía un interés manifiesto en el resultado," escribía por la mayoría el juez Anthony M. Kennedy. “Igual que no se permite que ningún hombre sea juez de su propia causa, es posible plantear inquietudes parecidas de parcialidad cuando -- sin el consentimiento de las demás partes -- un hombre elige ser juez de su propia causa. Y aplicando este principio al proceso de elección judicial, existía aquí un riesgo serio y objetivo de parcialidad real que exigía la inhibición del juez Benjamin.”

Las donaciones en este caso fueron extraordinarias de verdad. Blankenship, según el relato de Kennedy, gastó más que la cantidad total sumada del resto de los donantes de Benjamin -- y tres veces la cantidad de dinero adelantada por el propio comité de campaña de Benjamin.

Pero ya no hay nada de extraordinario en que sumas enormes de dinero se canalicen a las elecciones judiciales estatales. "Las grandes donaciones están alterando el carácter de las campañas electorales judiciales," concluye el Centro Brennan para la Justicia, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en un estudio realizado el año pasado. “Estas campañas se han convertido ya en competiciones de muchos ceros en las que las cámaras de comercio, los lobistas de la reforma del código civil, los sindicatos organizados y los abogados penalistas entre otros grupos de interés mucho más especializados dedican recursos ingentes -- con frecuencia sin informar de la fuente de su financiación.”

Apenas la quinta parte más o menos de los estados con elecciones reñidas a sus Tribunales Supremos contemplaron el uso de publicidad en televisión en el año 2000. Pero en el año 2008, según el borrador del Centro Brennan que contiene los acontecimientos más recientes, se emitieron anuncios televisivos en más del 85% de los comicios judiciales. Y donde hay anuncios televisivos, hay dinero: cerca de 19 millones de dólares se gastaron en publicidad televisiva electoral judicial el año pasado, más que en ningún año exceptuando el 2004, donde hubo más comicios disputados.

Los anuncios no sólo se están volviendo más prolíficos y caros. Se vuelven progresivamente más repugnantes. “Esta publicidad tiene cada vez peor talante," afirma Adam Skaggs, un asesor del Brennan que ha trabajado en el tema.

Así pues, ¿cuál es la diferencia entre el dinero y la guerra publicitaria frecuente en las elecciones a la gobernación, las legislaturas, el Congreso y la presidencia y la que se desarrolla por los puestos de la judicatura estatal? Que con cada vez mayor frecuencia, la opinión pública no ve nada. Éste es el problema.

Se supone que los tribunales han de ser la rama del gobierno desvinculada de la política, no plenamente salpicada por ella. Es el foro al que los individuos que son cada vez más cínicos -- y con razón -- con los legisladores de ambos partidos y el gobierno a todos los niveles deberían poder recurrir para pedir una opinión justa de una disputa, y un veredicto basado en los hechos.

Pero hasta el estudio de 2.428 jueces estatales publicado el año pasado por el Centro Brennan demuestra que los propios juristas creen realmente que las donaciones de campaña tienen alguna influencia sobre ellos. Casi la mitad de los jueces decía que las donaciones tienen entre "un poco" y "una gran cantidad" de influencia en sus veredictos. Con 39 estados eligiendo jueces ahora, la amenaza para la justicia imparcial es espantosa.

El veredicto del Supremo en el caso de Virginia Occidental sólo fija los parámetros genéricos según los que los jueces deben considerar inhibirse de los casos que examinan. Sería mejor que los estados establecieran paneles imparciales, puede que de jueces jubilados, para decidir todas las peticiones de recusación de un magistrado.

La alternativa es la probabilidad irracional y desagradable de ejemplos más indignos de conflicto con -- y compromiso de -- la justicia.

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