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Etiquetas:   The Washington Post Writers Group   -   Sección:   Opinión

La delgada línea de la Ley Anti-perjuicios

Ruth Marcus
Ruth Marcus
jueves, 11 de junio de 2009, 02:47 h (CET)
La acusación basada en el veredicto de la aspirante al Supremo Sonia Sotomayor en el caso de los bomberos de New Haven es que ella presuntamente se fijó en las razas de los implicados y tomó partido. La realidad es mucho más compleja de lo que reconocen los gritos de "reina de los cupos."

Ricci vs. DeStefano es el caso espinoso proverbial -- y puede que Sotomayor y sus colegas sentasen un mal precedente al negar a los bomberos blancos el ascenso al que tenían derecho según las notas de su oposición. Enseguida lo vamos a descubrir tan pronto como el Tribunal Supremo se pronuncie.

Pero si el tribunal de apelaciones cometió un error, la explicación más precisa se puede encontrar en el intrincado baile promulgado por la ley federal antidiscriminación.

Creo que el tribunal de apelaciones debió haber dictado una sentencia ligeramente distinta, y estoy de acuerdo con el colega de Sotomayor en el estrado del tribunal de apelaciones, José Cabranes, en que el conflicto era lo bastante importante como para merecer más que el breve párrafo con el que el panel de tres jueces pretendía cerrar la demanda de los bomberos blancos.

Pero he aquí el enigma al que se enfrentaron los magistrados -- y el hecho de que la jurisdicción judicial entera se decantase 7 a 6 a favor de reabrir el caso es muestra de su dificultad:

Según la ley federal antidiscriminación, los jefes (el consistorio de New Haven en el caso que nos ocupa) pueden cometer discriminación hasta en ausencia de pruebas de que tuvieran intención de discriminar. Si la práctica del empleo (una oposición en este caso) aparenta ser neutral pero tiene un "impacto dispar" sobre las minorías -- si es "justa en la forma pero discriminatorio en sus resultados," en palabras del veredicto de 1971 del Supremo -- el patrono deberá justificar la necesidad de la práctica. (El presidente del Tribunal Warren Burger redactó el veredicto en representación de una sentencia unánime.) Hasta en ese caso, el patrón puede ser declarado responsable si existe una alternativa menos problemática.

Parece extraño castigar a los patronos sin pruebas de intención de discriminar, pero la teoría detrás del impacto dispar es que sirve para extirpar prejuicios ocultos o inadvertidos. En cualquier caso, usted puede discrepar de este enfoque -- pero es la ley, y desde entonces el Congreso ha actuado plasmando y reforzando el análisis del impacto dispar.

Las directrices federales advierten a los patronos de que si se valen de una oposición que da lugar a un impacto adverso serio sobre las minorías, el uso de los resultados a la hora de contratar y ascender será considerado discriminatorio a menos que aseguren la validez de la oposición. Además, los patronos son animados a someterse voluntariamente a la ley antidiscriminación en lugar de arriesgarse a ser demandados.

Pasamos al caso de New Haven. El índice de aprobados en la oposición de los bomberos negros fue la mitad que el de los bomberos blancos -- un impacto dispar grave. El consistorio se negó a ejecutar los ascensos basados en la oposición porque, dijo, temía un pleito por discriminación: ningún negro alcanzó la nota mínima para tener derecho al ascenso. En su lugar, fue demandado por decepcionar a los bomberos blancos que afirman que el consistorio violó la ley federal antidiscriminación y las garantías constitucionales de igualdad ante la ley al tener en cuenta la raza a la hora de descartar los resultados de la oposición.

Mi reacción inicial -- mi estómago, en realidad -- fue salir en defensa de los bomberos blancos. De hecho, es difícil imaginarse a un demandante que despierte más simpatías que Frank Ricci, un disléxico que pagó un suplemento adicional en concepto de tutoría, pasó meses preparando la oposición, sacó buena nota, y le fue negado el ascenso al que tenía derecho.

Pero contra más examino la ley del impacto dispar, más, bueno, empatía siento por el veredicto del juez y del tribunal de apelaciones en sentido contrario.

La paradoja que ocupa el corazón del caso Ricci vs. DeStefano estriba en que la ley federal antidiscriminación exige que el patrono examine las implicaciones sociales de su procedimiento de contratación y ascenso. Pero la ley y la Constitución también pueden exponerlos a una demanda por discriminación intencional si examinan los resultados a través de un prisma racial y toman medidas en consecuencia.

El mundo ha cambiado notablemente, y a mejor, desde la llegada del análisis del impacto dispar hace casi cuatro décadas. Las minorías tienen cuatro veces más acceso a los mecanismos del poder político, lo cual es el motivo de que crea que el panel debería haber dictado otra sentencia, y haber reabierto el caso, igual que ha instado a hacer que el Departamento de Justicia Obama. Hay ciertas pruebas de que el miedo a una demanda que alega el consistorio de New Haven es una excusa, y que lo que realmente sucedía era cuestión de política racial -- funcionarios electos municipales que se cubren las espaldas de electorados compuestos por minorías.

Frank Ricci merecía que se reabriera con más cuidado esa denuncia antes de ver descartado de manera sumaria su laborioso ascenso. Pero Sonia Sotomayor merece que su posición sea examinada de manera más cuidadosa de lo que ha sido por parte de aquellos que la van a utilizar para impedir su propio ascenso.

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Diario SIGLO XXI dispone de los derechos de publicación en exclusiva para medios digitales españoles de este y muchos otros columnistas del Washington Post Writers Group.

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