Encontrar un culpable es indefectible. Esta es una ley insalvable del defectuoso funcionamiento y la conducta cuestionable de Washington.

Puede que Angelo Mozilo, el ex gerente de Countrywide Financial, se convierta en el villano corporativo icónico del descalabro hipotecario en el sentido en que lo fue Kenneth Lay durante el escándalo Enron. La Comisión de Valores y Cambio, con su presentación tardía de cargos civiles por fraude y uso de información privilegiada contra Mozilo, plantea un caso que no saca a la luz una red de fraude igual de extensa como la que tejió Enron en la industria energética liberalizada hace una década. Pero los parecidos son sorprendentes: los que ocupan el centro de la duplicidad eran conscientes del riesgo que estaban generando para sus empresas y para la economía. Ellos continuaron con su fachada como ciudadanos corporativos de a pie que también resultaban estar excepcionalmente bien conectados y ser influyentes jugadores políticos antes de que el desastre les desenmascarara.

La denuncia de la Comisión contra Mozilo y otros dos ejecutivos de Countrywide más retrata a una cúpula directiva conocedora de que los préstamos que la empresa estaba fomentando -- hipotecas sin aval ni entrada, préstamos a aquellos con pésimos historiales de crédito o aprobación de la hipoteca sin verificar la renta del solicitante -- eran demasiado arriesgados y muy dados a quedar en descubierto. En los extractos de los correos electrónicos colgados ya en la página web de la Comisión de Valores y Cambio, Mozilo describe su preocupación: “En todos mis años en el negocio no he visto nunca un producto más tóxico," reza un mensaje.

Pero Mozilo aseguró a la opinión pública, a los inversores y al Congreso que todo acabaría como era deseable. Mientras tanto, él estaba liquidando a marchas forzadas su propio porcentaje de Countrywide de una manera que recuerda a los ejecutivos de Enron cuando prescindían de sus acciones mientras la plantilla de la empresa estaba obligada a conservarlas dentro de sus cuentas de ahorro para la jubilación. La Comisión acusa a Mozilo de lucrarse con casi 140 millones de dólares fruto de ventas de acciones bajo cuerda.

“Esto es historia de dos empresas," declaraba el inspector jefe de la Comisión Robert Khuzami al anunciar la presentación de los cargos. De hecho es una parábola de nuestros tiempos, aunque incompleta. Al mismo tiempo incluso que la Comisión de Valores y Cambio está procesando a un puñado de malversadores, gran parte del Washington oficial está siguiendo una vía engañosamente parecida.

La cara del Congreso ante la opinión pública expresa enfado y escándalo motivados por todo el préstamo de riesgo, el mal comportamiento por parte de los bancos, la forma en que las grandes empresas engañaron a los ingenuos compradores de casas y a los inversores que compraron los venenosos títulos derivados de préstamos en situación de descubierto. Esta es la imagen que capta la cámara en las conferencias de prensa y las vistas del Congreso a las que los chivos expiatorios del momento -- ya sean los caciques de Wall Street que ganan considerables sumas de dinero o los ejecutivos de la industria automovilística lo bastante imbéciles para utilizar aviones privados para acudir a testificar -- son arrastrados para su hostigamiento ritual.

En el otro Washington -- aquel en el que Mozilo cosechó una lista de "Amigos de Angelo" a base de conceder préstamos con términos privilegiados a funcionarios cuyos puestos tenían competencias de supervisión de la industria hipotecaria -- la industria financiera sigue comportándose de esta forma.

Logró una victoria clara en abril cuando el Senado se negó a alterar la ley de concurso de acreedores para permitir que los jueces revisaran los términos de las hipotecas de los titulares al borde del desahucio -- los jueces de concurso ya se utilizan en otros tipos de préstamo. El New York Times, en una detallada descripción de la estrategia de los bancos para tumbar la modificación legislativa hipotecaria, dice que cuatro grupos de la industria financiera dedicaron tantos recursos a la presión política durante los tres primeros meses de este ejercicio como en todo el año 2001.

Mientras tanto, el Wall Street Journal informaba la pasada semana de que instituciones financieras y grupos de negociación vinculados han gastado 27,6 millones de dólares presionando para relajar las normas que legislan cómo respaldan el valor de los títulos que poseen. Ahora mismo, el relajamiento de las normas contables abordado en abril -- bajo presión de legisladores comprensivos con la causa -- ayudó a que ciertos bancos superasen el "examen de solidez" de la administración Obama a pesar de que se da por sentado por doquier que los bancos están exagerando su fortaleza. La industria también está tomando posiciones -- y gastando dinero a marchas forzadas en grupos de presión y donaciones de campaña -- con vistas a la batalla de cómo se regulan los productos financieros derivados, los instrumentos financieros que se cambian de manera opaca y que se encuentran entre los principales factores de la crisis financiera.

Esta no es una industria humillada. No a juzgar en su confianza en los miles de millones en dinero del rescate del contribuyente, no en su papel a la hora de precipitar la crisis económica. "En algún momento los senadores de esta Cámara habrán de decidir que los banqueros no deben redactar la agenda del Senado de los Estados Unidos," decía a sus colegas preparados para votar en contra de su iniciativa a favor de la provisión de alivio hipotecario el Senador Dick Durbin.

En algún momento, puede que sí. Pero ahora mismo va a ser que no.

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